Finalmente el regulador se vió forzado a ir contra Poncho Romo. Llamadas de altura y plan para contener daños. El acuerdo de Los Chapitos.
El jueves se registraron escenas limite en el Gobierno ante las acusaciones del Departamento del Tesoro contra bancos mexicanos. Luego de la llamada telefónica de la semana pasada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la relación bilateral atraviesa sus horas más bajas.
El secretario de Hacienda Edgar Amador lo explicó en varias ocasiones en reuniones reservadas a lo largo del día: Estados Unidos hizo una acusación que amenaza a todo el sistema financiero del país y cuyo futuro inmediato es imposible de anticipar.
Según pudo conocer LPO, tuvieron lugar múltiples comunicaciones entre Palacio y la embajada de Estados Unidos: de esos intercambios emergió la decisión de intervenir la casa de bolsa Vector, perteneciente a Alfonso Romo, empresario allegado a Andrés Manuel López Obrador. En la mañana de hoy jueves solo se había procedido contra Intercam y CI Banco.
En todos esos contactos pesó la opinión de Anna Morris, subsecretaria del Tesoro encargada de cuestiones de terrorismo financiero y que es la interlocutora con la Secretaría de Hacienda en la crisis actual.
El embajador Ronald Johnson intentó un equilibrio que se fue erosionando con el paso de las horas: primero habló de la buena cooperación entre México y Estados Unidos en el combate al tráfico de fentanilo y luego la embajada difundió acciones conjuntas del Comando Norte.
En paralelo, desde ayer martes el Gobierno aceleró una ley contra el lavado de activos en el Senado, introdujo la iniciativa de “jueces sin rostro” – que agrada a EU – y notificó a la Cámara Alta de actividades militares conjuntas en territorio estadounidense.
Toda una narrativa que pretendía contrarrestar el golpe emitido por el Departamento del Tesoro y sostener el diálogo bilateral pero que, en el transcurso de las horas se fue erosionando por una cuestión ineludible: en Washington existirían múltiples testimonios respecto a las entidades mexicanas y uno tendría por emisario a Ovidio Guzmán, figura del Cártel de Sinaloa que recientemente suscribió un acuerdo con el Departamento de Justicia.
“Estos datos que tienen en Washington no los tenemos aquí, si aquí no están y allí no se los están inventando, entonces esto forma parte del acuerdo de Ovidio”, mencionan en el entorno de Amador.
Una lógica que iría de la mano con las acusaciones de la fiscal general Pam Bondi, que este miércoles ubicó a México en la categoría de país enemigo en el Capitolio.
Un detalle: Bondi tiene una estrecha sintonía con el subsecretario del Tesoro Scott Rembrandt, que fue quien estuvo en la última Convención Bancaria de Nayarit y mantuvo una extensa conversación con los banqueros mexicanos.
Pregunta ineludible: ¿Hasta dónde transita la tesis de que la decisión del Tesoro fue una absoluta sorpresa para el Gobierno? Por estas horas la furia en el obradorismo duro contra Amador es ostensible, especialmente porque el secretario habría afirmado en diversas ocasiones tener línea directa con el Tesoro.
El acuerdo de la familia Guzmán con el Departamento de Justicia no solo se murmura en las alturas: en Sinaloa es cada vez más palpable, según fuentes militares, que la facción de Los Chapitos se encuentra en retirada frente al grupo de Ismael “Mayo” Zambada: ese repliegue se encontraría dentro de los acuerdos suscritos al otro lado de la frontera.
