En la reciente Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), integrada por fiscales, procuradores y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), se emitió un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En esta reunión, se insistió en la importancia de que la SCJN se apegue estrictamente a la Constitución en sus decisiones judiciales.
Uno de los puntos cruciales abordados fue la preservación de la soberanía nacional y la supremacía constitucional. Los miembros de la CNPJ subrayaron que cualquier decisión contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podría poner en riesgo la autonomía del Estado, así como la seguridad y la justicia penal en el país.
Específicamente, los representantes de la procuración de justicia expresaron su preocupación por la posible invalidación de la prisión preventiva oficiosa por parte de la SCJN. Esta medida, según advirtieron, podría resultar en la liberación de aproximadamente 60 mil personas que enfrentan procesos por delitos graves como feminicidio, homicidio, secuestro y delincuencia organizada.
Según los fiscales y procuradores, permitir esta liberación masiva tendría repercusiones severas para la sociedad mexicana. Argumentaron que es común que los procesados en libertad pongan en peligro a víctimas, testigos y funcionarios públicos implicados en sus casos, ya sea intimidándolos, evadiéndose de la justicia o reincidiendo en la delincuencia.
En ese sentido, la CNPJ enfatizó la necesidad imperativa de respetar la Constitución y sus disposiciones legales. Consideran que el cumplimiento riguroso de la ley es fundamental para evitar los efectos negativos que podrían derivarse de la liberación indiscriminada de personas acusadas de delitos graves.
En conclusión, la posición unánime de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es clara: la SCJN debe actuar con responsabilidad jurídica y considerar los impactos sociales y de seguridad al momento de pronunciarse sobre la prisión preventiva oficiosa, una medida que, según los procuradores, es vital para mantener el orden y la justicia en México.
