La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a su ex Subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, de archivar en forma presuntamente ilegal el caso del supuesto lavado de 720 millones de dólares en la Fundación Mary Street Jenkins.
Ante Roberto Posán Tornero, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la FGR imputó a los ex funcionarios por un delito contra la administración de la justicia, en la modalidad de obstaculizar una investigación.
Muñoz fue uno de los funcionarios de más alto nivel de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el primer año de su sucesor Andrés López Obrador.
La imputación contra Muñoz y sus ex colaboradores consiste en que el 4 de mayo de 2018, de manera supuestamente ilegal, archivaron por falta de elementos la carpeta de investigación iniciada por denuncia de Guillermo Jenkins de Landa, por fraude, administración fraudulenta, defraudación fiscal y lavado de 720 millones en la Fundación Jenkins.
Guillermo Jenkis denunció a Roberto, Juan Carlos, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como los abogados Virgilio Rincón, Alejandro González y Carlos Román Hernández.
La investigación era en aquel momento el caso de supuesto lavado con el monto económico más alto de los últimos años.
Durante la audiencia de esta semana, los fiscales federales afirmaron que los funcionarios desconocieron la calidad de víctima que inicialmente le habían reconocido al querellante y, por ello, no le notificaron el no ejercicio de la acción penal, lo que impidió que impugnara en tiempo y forma el “carpetazo” de la PGR.
También señalaron que Zamorano, el agente del Ministerio Público responsable de esa indagatoria, acordó archivar el caso cuando estaban pendientes 6 actos de investigación.
Estos actos eran las solicitudes de información financiera de los imputados enviadas a American Express, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
También, las solicitudes de asistencia jurídica a Estados Unidos y Panamá, para que informaran si las Fundaciones Mary Street Jenkins y Bienestar de Filantropía, tenían cuentas en esos países.
El 29 de mayo de 2018, después de archivar el caso, el fiscal responsable acordó cancelar esas solicitudes de información.
