El veterano periodista de 72 años ha tenido que abandonar su carrera y cerrar el medio que dirigió como medida cautelar en el proceso penal iniciado por la gobernadora Layda Sansores
El día que le citó el juez de control para la imputación, Jorge González solo podía pensar en lo mucho que le dolía el cuerpo. A sus 72 años, las nueve horas que duró la sesión se le clavaron en los huesos y en el cansancio. Ahí recibió el golpe devastador, algo que jamás pensó escuchar en su medio siglo como periodista. Le informaron de que la gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores, le había denunciado por delito de odio y que, como medida cautelar, debía dejar de ejercer el periodismo por dos años, lo que se estima que duraría el proceso. También de que Tribuna, el medio del que fue director durante 30 años, tendría que cerrar por el mismo periodo de tiempo. Otros periodistas han salido a las calles en apoyo a su compañero y a protestar por el asedio judicial que sufren con demandas civiles por parte de las autoridades del Estado.
La denuncia acusa a González de insultar a Sansores y causarle daño psicológico por las publicaciones en una columna anónima del diario Tribuna. Sin embargo, el periodista lleva jubilado desde 2017 y desde entonces asegura que solo ha tenido un pequeño programa de televisión en Telemar, donde ha cuestionado las políticas de la Administración de Morena en Campeche, especialmente en materia de seguridad. “Nunca he procurado alimentar odios con ningún gobierno, pero la señora Sansores ha emprendido una agresión fuera de sí al acusarme de cosas que no he cometido, como incitación al odio. Menciona la columna Las tripas del jaguar, pero no la escribo yo”, se defiende el periodista en llamada telefónica. En la columna en cuestión, bautizada en respuesta al programa político de televisión de la gobernadora llamado Los martes del jaguar, se exponen sin firma críticas mordaces al Gobierno de Campeche, al que se le acusa de corrupto, mentiroso y populista.
La gobernadora ha usado su programa en video para defenderse de las acusaciones de censura y acoso a los periodistas. También ha aprovechado el espacio para insistir en que los reporteros no estaban informando, sino insultándola e incurriendo en “violencia de género”. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum la ha respaldado en rueda de prensa desde Palacio Nacional. “Ella no quiere llevar a nadie a la cárcel, lo que quiere es que se reconozca que hay un asunto de misoginia y de odio vinculado con ser mujer”, ha zanjado Sheinbaum en medio de los cuestionamientos por la censura en los gobiernos de Morena con los casos de Campeche y por la reforma legislativa en Puebla que permite sancionar a los usuarios que insulten en redes sociales. Este periódico ha intentado obtener una entrevista con Sansores en varias ocasiones para conocer su versión, pero a la fecha de publicación de este reportaje no ha obtenido respuesta.
“Yo soy el periodista más viejo acá. Lo que busca conmigo es amenazar a los demás”
González dirigió Tribuna durante las últimas tres décadas de su larga carrera, que empezó cuando él estaba en tercer año de secundaria. En su colegio redactó un escrito en nombre de todos sus compañeros para pedir más insumos escolares al Gobierno. Cuando lo entregó, el entonces gobernador Carlos Sansores Pérez —padre de Layda— le pidió verle en su despacho. Sorprendido por su forma audaz de escribir, le ayudó a conseguir su primer trabajo en uno de los periódicos locales. Desde ese momento, fue uno de los primeros periodistas en cubrir el inicio del narcotráfico en Campeche, también reporteó desde el terreno la explosión en el Pozo Ixtoc-I, el mayor derrame de petróleo en el mar ocurrido en México, y ha sido el mentor de otros jóvenes periodistas locales.
En toda esa trayectoria asegura que jamás se vivió un ambiente tan hostil para los reporteros. El pasado 9 de abril, él mismo fue víctima de una paliza que, asegura, ejemplifica el estado de terror que se vive en Campeche. Esa noche, iba en coche con su esposa, su hija y uno de sus sobrinos, que siempre le acompaña por seguridad después de ser amenazado en varias ocasiones. En la calle reconoció a un joven en moto siendo cuestionado por la policía por el vencimiento de su licencia, la grúa amenazaba con llevarse su vehículo. González conocía al muchacho, le suele pasar información policial para su programa. Decidió intervenir y recordarle a los agentes que su falta era una sanción administrativa y no ameritaba confiscarle la moto. “Tardaron cinco minutos en empezar a golpearme. Mi esposa grabó el video. Yo ni presenté denuncia, si la presento a la Fiscalía pierdo mi tiempo. Estoy en sus manos porque el vicefiscal es hijo de la secretaria de Seguridad Pública”, dice con pesar y confiesa que todavía tiene las manos afectadas por lo mucho que le apretaron las esposas. “Yo soy el periodista más viejo conocido acá. Ejercí durante 50 años. Lo que busca conmigo es amenazar a los demás”, lamenta.
Su abogado, Edwin Trejo Gutiérrez, explica que no hay precedentes de una demanda penal de un gobernador en funciones a un periodista por sus textos. El código penal en Campeche establece el delito de odio como aquel que atenta contra la dignidad de las personas por cuestiones de género, raciales o creencias religiosas a través del ejercicio de la violencia física o psicológica. Esta última es la que alega Sansores contra González, pero no ha presentado pruebas forenses que acrediten el daño. “La gobernadora asume que en Tribuna se usan adjetivos fuertes en publicaciones cíclicas contra ella. Es excesiva la imputación”, insiste. A pesar de que la demanda la hace Sansores como persona física independiente, aparece el consejero jurídico del Gobierno, Juan Pedro Alcudia, nombrado en la carpeta de investigación como asesor jurídico.
Trejo enumera varias contradicciones en la demanda de González, desde la naturaleza de la misma hasta las pruebas presentadas. “Pese al documento que acredita su jubilación, la jueza lo vincula al proceso. En las medidas cautelares decide que durante dos años se baje la plataforma digital de Tribuna y que Jorge deje de ejercer el periodismo, para evitar futuras menciones a Sansores. Consideramos que es excesivo, porque no hay delito”, detalla. Pese a que la columna en cuestión es anónima, tanto la gobernadora como la jueza consideran que los años de González al frente del periódico son suficientes para acusarle como responsable. En paralelo, el periodista enfrenta otra demanda, esta vez por la vía civil, por parte de Walther David Patrón Bacab, vocero de Sansores y su director de Comunicación Social, además de socio del sobrino de la gobernadora. Este le demanda por un artículo anónimo publicado en Tribuna en la que se menciona su nombre junto a las acusaciones de corrupción contra la gobernadora, que hizo la exalcaldesa de Álvaro Obregón en Ciudad de México Lía Limón.
Ahora, González está más preocupado por la demanda civil, que ya ha pasado a la fase de ejecución. Le obligan a abonar dos millones de pesos como multa (106.000 dólares) y amenazan con embargarle su casa de no pagarlos en la próxima semana. “Mi casa es todo lo que me queda, me he gastado ya todos los ahorros en este proceso”, dice el periodista. Su abogado señala que ambas demandas ponen en riesgo la libertad del ejercicio periodístico contra funcionarios públicos, y que la pelea judicial está muy desbalanceada por los recursos que emplean los demandantes y sus conexiones. “En Campeche, el fiscal es un secretario de la gobernadora, es su subalterno. Además, lo exhibió en Los martes del jaguar, un programa público de alcance nacional, ¿cómo podemos esperar un juicio justo?”, se pregunta con la voz cargada de indignación.
El estado del terror para la prensa en Campeche
Los periodistas del Estado han salido a manifestarse en apoyo a su compañero. Algunos de ellos son otros periodistas con demandas, también representados por Trejo. Entre ellos están los hermanos Martínez, Abraham y Carlos. El primero es reportero y cubre la fuente policial. Es conocido por publicar en sus redes sociales los casos de ejecuciones en el Estado de Campeche por parte de grupos armados con tono crítico por las políticas de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz. Ha recibido una demanda de ella por “violencia política de género” y otra de Sansores por lo mismo. Su hermano también ha sido demandado. El hostigamiento policial que han sufrido les ha valido la entrada al mecanismo de protección de periodistas y, después de ser víctimas de múltiples amenazas, recibieron un botón de pánico.
En el mecanismo también está el periodista campechano Luis Armando Mendoza, quien ha decidido ejercer la profesión desde sus redes sociales ante la gradual desaparición de los periódicos en el Estado, de los que apenas quedan dos en formato digital de los cinco históricos que había en circulación hasta hace apenas unos años. El 7 de febrero de 2023 un cóctel molotov estalló en el garaje de su casa, incendiando su coche y parte de la propiedad. Mendoza vincula el incidente a las críticas que hizo desde su perfil a Sansores y su Administración por el deterioro de la seguridad, la caída de la economía y la precariedad del empleo en el Estado. “Este es el peor Gobierno que ha habido en Campeche. Adoptan acciones de represión porque no les gusta la crítica”, sentencia Mendoza, quien cuenta que por su labor periodística su hija fue cesada en su trabajo en una dependencia pública como represalia. “Lo de Jorge nos parece grave, gravísimo, porque Jorge fue el director del periódico más importante del Estado. Si le están haciendo esto a él, ¿qué nos pueden hacernos a nosotros?”, se pregunta.
