Hoy martes la campaña de Adrián De la Garza llevará a instancia judicial las pruebas de una supuesta conexión entre la familia de Samuel García con un referente del Cartel del Golfo. La campaña ingresará así en su fase más cruenta e impredecible.

Curiosamente, en los campamentos del PRI y de MC se respira tranquilidad. Los primeros tienen mucha confianza en los documentos que se presentarán mientras que los segundos alegan que la jugada del pasado viernes le salió mal a De la Garza y que por eso encabezan los sondeos. Cerca del candidato del PRI alegan que  en su tracking de campaña el escenario se sostiene: el alcalde con licencia supera al senador por un margen de los 3 a los 5 puntos.

Por motivos poco conocidos, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón parece conocer aristas de la denuncia que viene. En la noche de ayer lunes se contactó con diversos actores de la política estatal y deslizó que García podría perder la candidatura. Cuando le repreguntaron si no sería demasiado replicó que esa supuesta conexión familiar de García es conocida por él hace mucho y que el primero que se lo mencionó fue Carlos Arturo Valle Novelo.

Valle Novelo era el jefe de inteligencia de la ministerial estatal, amigo personal del gobernador y fue asesinado en los primeros meses de gobierno de El Bronco, en 2016. Un asunto espinoso y ya nunca aclarado.

Por otra parte, en el comando de García domina la idea de que el candidato está arriba en los sondeos y que a medida de que pasen los días esa ventaja se irá estirando hasta llegar a los 40 puntos que lo harán gobernador.

Los sondeos elaborados por el asesor Rafael Valenzuela dicen que De la Garza encontró su techo y que no logró aportarle nada extra al voto estructural del PRI en el Estado. Con superar los 30 puntos, estiman que el senador con licencia será inalcanzable.

Este envión anima a otros frentes. García necesita que mejoren las campañas de MC al Congreso estatal para que si llega al Palacio de Cantera no tenga los mismos dolores de cabeza de El Bronco y pueda contar con una fuerza propia en la arena legislativa.