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La CFE busca renegociar un millonario contrato de gas natural para eliminar a “un intermediario abusivo”

La empresa estatal mexicana se ha acercado a Targa Resources para revisar el acuerdo firmado bajo la Administración de Peña Nieto, en el que también participa la compañía Whitewater Midstream

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca renegociar un contrato masivo de suministro de gas natural firmado durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que una de las empresas en el acuerdo se comporta de manera abusiva. El portavoz de CFE Luis Bravo ha informado a EL PAÍS que la eléctrica se ha acercado a Targa Resources, una de las empresas de infraestructura más grandes de Norteamérica, para explorar la posibilidad de comprarles gas directamente a ellos y eliminar a su socio en el contrato, Whitewater Midstream. Whitewater está siendo investigada por autoridades en México y en Estados Unidos por posible corrupción y tráfico de influencias, según CFE.

“La CFE está haciendo una cosa que es muy importante que es eliminar a los intermediarios abusivos. Y ese intermediario abusivo se llama Whitewater,” ha dicho Bravo sobre Whitewater Midstream, comercializadora de gas con sede en Texas la cual, a unos meses de su fundación, comenzó a ganar contratos multimillonarios con la CFE. La empresa estatal ha tenido “acercamientos” con Targa Resources, empresa socia de Whitewater en el contrato firmado en 2017, ha asegurado. “Se puede buscar la posibilidad de comprar directamente a Targa y eliminar los intermediarios como Whitewater, quienes son abusivos”, ha informado Bravo.

Una investigación de EL PAÍS expuso los lazos entre Whitewater Midstream y Guillermo Turrent, exfuncionario de la CFE. Turrent otorgó un contrato por el suministro de 1.000.000 MMBtu de gas natural, aproximadamente un 15-20% de la demanda de importación diaria de México, a Whitewater en asociación con Targa Resources en noviembre de 2017, según un documento interno obtenido por EL PAÍS. “Lo que está haciendo la CFE con todas las empresas que descubra que hay intermediarios que están bajo condiciones de lo que llamamos ‘contratos leoninos’, irá buscando la posibilidad en su momento de eliminarlos o renegociarlos”, ha dicho Bravo.

Targa Resources, con sede en Houston, Texas, es una de las empresas más grandes de infraestructura energética en Norteamérica y cotiza en la bolsa de valores de EE UU. Su negocio se centra en el procesamiento, transporte y almacenamiento de gas. Whitewater, fundada en 2016, no contaba con activos, experiencia ni solvencia financiera cuando ganaron contratos con CFE International, filial de la CFE en el extranjero, reportó la empresa estatal en un comunicado el 16 de julio.

Tanto el fundador como un alto ejecutivo de Whitewater trabajaron con Turrent entre 2000 y 2001 en la empresa Royal Dutch Shell en California, como consta en documentos del regulador energético en ese país que forman parte de un caso abierto sobre posibles cargos excesivos al Estado. Según la CFE, Whitewater firmó tres contratos con CFE International bajo la dirección de Turrent.

“Los contratos con esta empresa son desfavorables y no equilibrados, con cláusulas y condiciones leoninas tales como que CFE no puede terminar bajo circunstancia alguna un contrato de gas por 15 años, no puede penalizar a la empresa privada bajo situaciones de incumplimiento en el suministro, los montos de las garantías de CFE a la empresa están fuera de mercado y los volúmenes de gas son crecientes y sin estar vinculados a las necesidades con las plantas de generación de CFE”, informó la empresa del Estado.

El 7 de julio, Whitewater emitió un comunicado para informar que había iniciado un proceso de arbitraje contra la CFE por impago y rechazó las acusaciones hechas por la empresa del Estado. Ni Targa ni Whitewater respondieron a solicitudes de comentario a través de correo electrónico sobre la posible renegociación del contrato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca cambiar la Constitución para blindar una reforma energética que privilegia a las empresas del Estado, la CFE y Petróleos Mexicanos, frente a la iniciativa privada, revirtiendo las leyes aprobadas durante la Administración anterior que abrieron el mercado. “Buscar eliminar estos intermediarios es para bien de la CFE y del Estado mexicano”, ha declarado Bravo, “estos contratos lesionan los intereses del estado mexicano”.

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