La Suprema Corte de Justicia resolvió en un histórico fallo la nulidad de la Ley Bonilla, que intentó -a través de una polémica votación en el seno del Congreso de Baja California- extender de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla. “Ningún poder puede arrogarse la facultad para violar constitución federal”, coincidieron todos los ministros, que sesionaron de forma digital.
“Ningún poder, llámese legislativo, ejecutivo o judicial, puede violentar su propio orden constitucional extralimitándose en sus facultades. Legitimidad sí, legalidad sí, siempre y cuando, se respete la voluntad popular que da la legitimidad y la legalidad en los cargos públicos, porque se cumple las disposiciones constitucionales y los requisitos legales electorales”, refiere la exposición de la Acción 112/2019.
El proyecto de sentencia firmado por el ministro Fernando Franco González Salas fue respaldado por unanimidad por los miembros del máximo tribunal. Las violaciones en que incurrió el Congreso de Baja California al ampliar el mandato de dos a cinco años para el actual mandatario Bonilla Valdez configuran un “gran fraude constitucional”, declaró tajante el ministro presidente Arturo Zaldívar, pues “se violaron las formas y la esencia” de lo establecido en la Constitución.
“Coincido con todas y cada una de las violaciones que en él se identifican [en el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas] y vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución”, agregó Zaldívar. “Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución; usando las herramientas de la democracia, para minar la democracia”.
“No sobra decir que violaciones constitucionales de esta entidad no se pueden convalidar con supuestas encuestas, ni apelando a la emergencia sanitaria por la cual atravesamos. La Constitución no es de cumplimiento optativo. Quienes detentan el poder no pueden pretender la convalidación de violaciones al voto popular, con pretextos o excusas metaconstitucionales”, dijo Zaldívar.
Lo anterior en referencia a la Consulta Ciudadana que realizó Morena y el Gobierno de Bonilla para respaldar la decisión del Congreso de Baja California, el cual con mayoría de Acción Nacional aprobó la ampliación de mandato de Bonilla. Desde que se conoció el proyecto del ministro González Salas que se inclinó por la inconstitucionalidad de la medida, varios empresarios con intereses en el estado celebraron la posición de la Corte.
En particular, Gustavo de Hoyos de la Coparmex y José Antonio “el Diablo” Fernández Carbajal de Coca-Cola Femsa, quienes promueven proyectos opuestos a la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones intermedias de 2021. En el caso de De Hoyos, se habla ya de su posible postulación a la gubernatura del estado, aunque es un hecho que su organización política “Alternativa por México” buscará adueñarse de Baja California.
La relación entre Palacio Nacional y el Gobierno de Bonilla tuvo su peor momento cuando el mandatario bajacaliforniano cuestionó duramente la versión oficial de la Secretaría de Salud sobre la situación de la pandemia de Covid-19 en el estado; particularmente, cargó contra el subsecretario Hugo López-Gatell tomando como ciertas las declaraciones y supuesta información que difundió el actor Eugenio Derbez en sus redes sociales. Para enojo de Presidencia, Bonilla incluso agradeció a la celebridad por “poner atención a su estado”.
Vía:LPO
