El proyecto de Laynez Potisek obtuvo nueve votos a favor. Sólo Yasmín y Loretta apoyaron el Plan B. Los jueces expresaron que violar los procesos legislativos es violar la Constitución.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó por sepultar el “Plan B” electoral que la 4T impulsó en el poder Legislativo, en la sesión de jueves, nueve ministros estuvieron a favor del proyecto de invalidación y únicamente las ministras Esquivel Mossa y Loretta Ortiz votaron en contra de invalidar las reformas a las leyes electorales.
El proyecto fue presentado por el ministro Laynez Potisek y su exposición de motivos fue muy similar a la que presentó el pasado ocho de mayo, día en el cual, la Corte declaró inválida la primera parte de las reformas electorales que aprobó Morena en el último día de sesiones del periodo legislativo.
Laynez expresó que entre las faltas legislativas se encuentra que los senadores no cumplieron con los requisitos para hacer preferencial la iniciativa del presidente, no se tenía el conocimiento necesario para aprobar las modificaciones y, además, se modificaron decretos que previamente habían sido aprobados.
“No es físicamente posible que un sesión de cuatro horas y media hayan podido revisar, estudiar y discutir los más de 510 artículos y mucho menos opinar a conciencia sobre lo que estaban aprobando”, mencionó Laynez.
Por otro lado, el ministro González Alcántara informó que estaba a favor del proyecto porque contiene muchos vicios en el proceso legislativo, como en la sentencia pasada, lo que, desde su punto de vista, es una grave afectación al principio de democracia deliberativa y que debería existir en todos los procesos legislativos.
“Por congruencia y también por convicción, debo pronunciarme a favor de la invalidez del decreto impugnado por las violaciones en el legislativo”, sentenció el ministro.
De parte de la facción que estaba en contra del proyecto, la ministra Loretta Ortiz defendió su causa al argumentar que para invalidar la segunda parte del “Plan B” se debe analizar el proceso en su totalidad y no, únicamente por las últimas horas de la legislatura.
“Se debe invalidar una ley por vicios de procedimiento suficientemente graves, a fin de no trastocar la autonomía parlamentaria del Congreso”, sostuvo Ortiz, y además mencionó que no comparte que las irregularidades citadas tengan un potencial invalidante.
Cuando fue el turno de la ministra Esquivel, explicó que lo que el proyecto de Laynez nunca llega a demostrar es que el decreto de la Cámara carezca de los votos necesarios para su aprobación, que es, desde su óptica, “lo más relevante” y agregó que el proceso legislativo comenzó con un acuerdo político de la Junta de Coordinación Política.
“El proyecto propone ignorar dicho acuerdo, en una franca violación al principio de división de poderes, porque en mi opinión, los consensos políticos de los órganos legislativos no nos corresponden juzgarlos”, profundizó la ministra que se encuentra en polémica por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.
Además, Esquivel agregó que emitirá una resolución que deja sin resolver el fondo del problema: “Al invalidar por vicios de forma más de 450 normas y quedarnos con este tipo de exámenes superficiales, cada vez más constantes, por cierto, nos resta credibilidad en materia electoral”.
La ministra dijo que las dinámicas de trabajo del legislativo, obedecen a los acuerdos políticos y que por su naturaleza: “Las más de las veces no requieren de un soporte documental exhaustivo, cuya ausencia, desde mi punto de vista, no debe ser motivo para invalidar todo el proceso legislativo, bajo el supuesto de que no se realizaron análisis microscópico de la debida tramitología”.
Ante los dichos Ortiz, el ministro Pérez Dayan pidió el uso de la palabra para rebatir los argumentos de su par: “Si no es una ley, no tengo porqué estudiarla a “fondo”. No son simples formas, son las reglas de la democracia”.
Aseguró que ningún acuerdo político tiene el poder de vulnerar la voluntad del pueblo expresada en las leyes de la constitución: “No respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias”.
Por último, la ministra presidenta, Norma Piña aseguró que como Tribunal Constitucional deben tener congruencia en sus decisiones: “Desde hace seis años he votado en el sentido de que la falta de conocimiento de la iniciativa es importante para que se conozca lo que se va a legislar”.
Cuando se externaron los votos, algunos ministros externaron que no estaban totalmente de acuerdo con las violaciones legislativas presentadas en el proyecto, pero en las que sí coinciden son lo suficientemente poderosas para votar a favor de la invalidación del “Plan B”.
