La decisión ha sido tomada: el gobierno mexicano procederá contra María Amparo Casar y sus hijos. Una indagatoria activada por la Fiscalía General de la República (FGR) está en curso. El presidente López Obrador se ha empeñado en neutralizar a una de sus críticas más prominentes y no escatimará recursos en los pocos meses que le quedan en el poder para lograrlo.
Forzar a la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a devolver los recursos recibidos como viuda de un funcionario de Pemex sería el colmo de su discurso de descalificación constante hacia quienes lo contradicen, especialmente cuando exponen actos de ilegalidad en las filas del gobierno actual.
La denuncia presentada en abril ha desencadenado una serie de eventos. Se han dado pasos firmes, desde la cancelación de pagos hasta la activación de una campaña de desprestigio. Este martes, el presidente López Obrador reveló los ingresos de María Amparo Casar a partir de información del SAT, lo que podría tener consecuencias legales para quienes proporcionaron esos datos.
Este acto levanta preocupaciones sobre la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, ya que exponer asuntos fiscales desde una conferencia de prensa gubernamental establece un precedente peligroso. Sin embargo, el objetivo parece ser fortalecer la idea de que Casar no necesita la pensión de Pemex para su manutención debido a su salario en MCCI, un argumento que ignora los derechos inherentes a todos los ciudadanos.
Se han violado principios básicos del debido proceso y la presunción de inocencia. La prisa del presidente indica la fragilidad de su posición, especialmente ante un posible cambio político en las próximas elecciones legislativas. Es una carrera contra el tiempo en la que el fiscal Alejandro Gertz se ve impulsado, aunque su historial sugiere una preferencia por asuntos alineados con el presidente.
María Amparo Casar se enfrenta a uno de los presidentes más poderosos de la historia reciente, con un gran apoyo público pero con una FGR aparentemente sometida a los designios del ejecutivo. Aunque el tiempo corre en su contra, el presidente aún tiene la capacidad de causar daño, aunque al final esta jugada podría resultar en un error monumental.
El caso de María Amparo Casar no solo es un reflejo de la lucha política en México, sino también de los límites y desafíos del sistema judicial en un entorno de creciente polarización y cambio político.
Vía Eme Equis
