Monreal aclara: Presidencia no puede cancelar impuesto a videojuegos violentos; el Congreso deberá modificar la Ley de Ingresos
La polémica por el impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento dejó al descubierto un choque de facultades entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció públicamente durante la mañannera del pueblo que el gravamen “ya no se va a cobrar”, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue claro: la Presidencia no tiene facultades legales para cancelar un impuesto ya aprobado, por lo que será el Congreso quien deba modificar la Ley de Ingresos 2026.
El impuesto en cuestión ya fue aprobado por el Legislativo, incorporado a la Ley del IEPS y publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su entrada en vigor estaba prevista para el primer minuto del 1 de enero de 2026. De acuerdo con las proyecciones oficiales, este gravamen permitiría una recaudación estimada de 183 millones de pesos durante su primer año.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el impuesto no debió permanecer en la Ley de Ingresos, al señalar la imposibilidad práctica y jurídica de definir qué videojuegos califican como “violentos”. La mandataria cuestionó abiertamente quién tendría la facultad técnica para hacer esa clasificación y bajo qué criterios se aplicaría el gravamen.
Sin embargo, horas después, Ricardo Monreal precisó que el anuncio presidencial no tiene efectos legales automáticos, ya que el Ejecutivo no puede modificar unilateralmente una ley fiscal vigente. En un mensaje difundido en redes sociales, el legislador sostuvo que sólo el Poder Legislativo puede corregir el error, mediante una reforma formal al paquete fiscal aprobado en octubre.
El camino legislativo para eliminar el impuesto
Monreal explicó que el procedimiento correcto será recibir una iniciativa formal, modificar el artículo correspondiente de la Ley de Ingresos y eliminar el concepto de recaudación asociado a videojuegos con contenido violento, lo que implicará recalibrar las estimaciones de ingresos federales para 2026.
En sus palabras, el Congreso coincide políticamente con la presidenta, pero debe respetar el marco constitucional. De lo contrario, advirtió, se abriría un problema jurídico, al anunciar públicamente la cancelación de un impuesto que legalmente sigue vigente hasta que el Congreso lo derogue.
El episodio exhibe una falla en el diseño y revisión del paquete fiscal, ya que el propio bloque mayoritario reconoció que el impuesto no fue retirado a tiempo, pese a que existían objeciones desde el Ejecutivo. Para analistas legislativos, este caso refleja una práctica recurrente: corregir en público decisiones que el propio Congreso aprobó semanas antes.
Además, el tema generó tensión innecesaria con la industria de los videojuegos, usuarios y desarrolladores, al colocar en la agenda un impuesto de difícil aplicación y alto potencial de controversia legal.
Monreal subrayó que el Congreso procederá a votar la derogación del impuesto, una vez que se inicie el proceso formal. No obstante, el mensaje político de fondo es claro: Sheinbaum no tiene control sobre el legislativo.
