Narcos y su “derecho de réplica”

Los poderes salvajes parecen estar decididos a dejar de resolver lo que les importa bajo la mesa y ahora buscan sentarse en ella e imponer sus condiciones como uno más de los protagonistas de la vida nacional

 

En algún momento los poderes salvajes de México asumieron que no por ilegales tenían que seguir siendo clandestinos. La amenaza difundida este lunes en contra de los diarios nacionales El Universal y Milenio, y particularmente de la conductora de Milenio TV, Azucena Uresti, es la última de una serie de acciones y posicionamientos que muestran la intención de los cárteles de convertirse en un actor institucionalizado de la vida pública. Lo habían mostrado en las elecciones de este verano, cuando amenazaron, secuestraron y eliminaron candidatos a alcaldías y diputaciones que consideraban inconvenientes o competían con aquellos que el crimen organizado asumía como favorables a sus intereses. No es un secreto que en muchos municipios del país estas bandas operan con la aquiescencia de los regidores, incluso de los gobernadores. Pero de alguna manera interpretábamos que hay una diferencia sustancial entre una autoridad que se hace de la vista gorda o que incluso se convierte en cómplice de los criminales bajo la amenaza del plata o plomo, y otra que llega al poder mediante vías institucionales con el propósito de ser personero de un poder que se suponía clandestino.

Ayer en Nuevo Laredo un grupo armado intentó rescatar a su jefe de manos del ejército, tras una captura que les tomó por sorpresa. El ataque fracasó, pero el mero intento revela el cambio de perspectiva de estos grupos frente al orden institucional. No se trató de un operativo para propiciar la fuga o una estrategia para golpear en algún punto vulnerable un eslabón de la cadena de aprisionamiento y traslado. Consistió en un ataque frontal de poder a poder contra el ejército. Se suponía que las bandas criminales operaban en la clandestinidad y que cuando algún capo era detenido por las fuerzas armadas se asumía la pérdida y punto. Ya no.

La liberación del hijo de El Chapo, tras su espectacular detención hace dos años, representó un parteaguas dentro de este proceso de “institucionalización” de estos poderes salvajes. En lugar de intentar una fuga o, eventualmente, corromper a un juez, actividades criminales a las que por desgracia estamos acostumbrados, los cárteles se están convirtiendo en interlocutores con capacidad de exigir y negociar abiertamente sus intereses, como un poder más con derecho propio. El control de la ciudad de Culiacán por parte del Cártel de Sinaloa fue el recurso de extorsión para exigir al Estado una liberación que es “ilegal” por dónde se le vea. Una decisión prudente que salvó vidas, quizá, pero el hecho es que la correlación de fuerzas entre actores públicos quedó en evidencia. Y, por lo demás, una prudencia que entraña la convicción por parte del propio Estado de que en efecto no estaba en posibilidades de defender a los ciudadanos. Una vez que un grupo criminal asume que una ciudad le pertenece, la utiliza como rehén para negociar sus intereses y el Estado lo concede, es inevitable que tal grupo se conciba a sí mismo como un actor con derechos propios frente al resto de las instituciones. Quizá por ello de un tiempo a esta fecha invariablemente se presentan rigurosamente uniformados; no como una milicia clandestina sino como un ejército regular, brazo armado de una supuesta entidad política con poder y control territorial.

Y el problema es que no solo ellos lo conciben así. Hace unos días se difundió que un grupo de familiares en busca de sus desaparecidos pidió permiso para explorar en terrenos de un ejido en Matamoros, Tamaulipas. Pero el permiso no fue solicitado al gobierno ni se pidió protección de las autoridades para transitar por él; con brutal realismo se solicitó el permiso al capo del lugar. Solía ser una costumbre que los vecinos lo hicieran así en parajes accidentados y aislados en los que proliferaban los sembradíos clandestinos; pero desde hace un tiempo se trata ya de cabeceras municipales de Michoacán, Chiapas, Guerrero, además de Tamaulipas, y de una lista que poco a poco va creciendo.

Las amenazas, muchas veces cumplidas, en contra de periodistas y medios locales ha sido un flagelo desde hace décadas; capos y políticos irritados por coberturas que exhiben crímenes y corrupciones en determinado territorio. Terrible como era, lo que ahora ha sucedido es de otra naturaleza. El video difundido de las amenazas en contra de los medios nacionales constituye una especie de réplica indignada por parte del crimen organizado, por una cobertura que a su juicio no les hace justicia. Ni siquiera se trata de una exigencia explícita para que los medios a los que amenazan dejen de publicar sobre ellos, sino para que lo hagan de acuerdo a la imagen que ellos tienen de sí mismos. Una actitud propia de un actor de poder, por más que la vía y el contenido resulten inadmisibles para una sociedad que, en teoría, no puede aceptar la violencia como argumento de negociación. Por desgracia se hizo antes y ahora afrontamos las consecuencias. El hecho de que el video sea autoría del líder del CJNG, difundido a través de un representante, o creación de una banda rival con el propósito de afectarlo, no modifica la esencia del comunicado: se asumen como un interlocutor legítimo frente a la sociedad en su conjunto.

Hizo bien el presidente en hacerse cargo de lo que representa esta amenaza y reaccionar con presteza ofreciendo protección a las partes aludidas. Pero evidentemente lo que vimos es un síntoma de algo mucho más grave. Los poderes salvajes parecen estar decididos a dejar de resolver lo que les importa debajo de la mesa y ahora buscan sentarse en ella e imponer sus condiciones como uno más entre el resto de los protagonistas de la vida nacional. ¿Qué vamos a hacer al respecto?

@jorgezepedap

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