Este gesto que contrasta con el reciente fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que desestimó la demanda interpuesta por México contra los fabricantes de armas estadounidenses
Y es que, a días de que la Suprema Corte de Estados Unidos desestimara la demanda del Gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) reafirmó su cooperación con México para combatir el tráfico ilícito de armamento.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) organizó este viernes una mesa redonda en la Ciudad de México. El evento reunió a más de 100 funcionarios mexicanos y estadounidenses con un objetivo común: frenar el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.
Durante el encuentro, Daniel Driscoll, director interino de la ATF, reiteró el compromiso de la agencia con sus contrapartes mexicanas: “Vamos a seguir trabajando con nuestros socios para detener el flujo de armas peligrosas hacia los carteles mexicanos”, señaló. Según cifras del Gobierno mexicano, hasta 500 mil armas de fuego han ingresado ilegalmente al país desde Estados Unidos solo en 2024, un dato que subraya la magnitud del problema.
Cooperación forzada por la realidad
El rechazo de la Suprema Corte estadounidense a la demanda mexicana se basó en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que otorga una fuerte inmunidad legal a los fabricantes de armas. El fallo representó un golpe para la estrategia legal de México, que buscaba responsabilizar a estas empresas por el flujo de armamento que alimenta la violencia del narcotráfico en su territorio.
Sin embargo, la reacción de la ATF revela una tensión estructural dentro de la política estadounidense: mientras el poder judicial protege a las corporaciones armamentistas bajo marcos legales internos, agencias del poder ejecutivo como la ATF reconocen el costo regional e internacional de esta industria. Su participación activa en esta mesa redonda demuestra que, más allá del discurso legal, existe conciencia en Washington sobre el impacto transfronterizo del comercio de armas.
Desde el lado mexicano, la continuidad de esta cooperación es vista como un paliativo ante la derrota judicial. Aunque la demanda no prosperó, el Gobierno de México sigue acumulando evidencia y presión política, tanto en foros internacionales como en los medios, para mostrar la correlación entre la laxitud del mercado estadounidense de armas y el empoderamiento de los cárteles.
Desafío binacional, una frontera porosa
El tráfico de armas de Estados Unidos a México es uno de los temas más espinosos de la agenda bilateral. Expertos en seguridad y relaciones internacionales han señalado que el flujo constante de armamento —proveniente de tiendas minoristas y ferias de armas estadounidenses— permite a los cárteles mexicanos mantener una capacidad bélica superior incluso a la de algunas fuerzas policiales estatales.
A pesar de múltiples esfuerzos conjuntos —como el programa eTrace, que permite rastrear armas recuperadas en escenas del crimen—, los resultados han sido limitados por la facilidad con que las armas cruzan la frontera y las limitaciones legales para rastrear compradores en Estados Unidos.
La reunión en la Ciudad de México marca un intento por fortalecer la coordinación técnica y operativa. Según el comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en México, “estas alianzas con las contrapartes internacionales y nacionales son fundamentales para detener el flujo ilegal de armas”.
Diplomacia operativa frente al estancamiento legal
El episodio actual refleja una dinámica compleja en la política bilateral: cuando los mecanismos legales se agotan o resultan ineficaces, persiste una vía operativa impulsada por agencias de seguridad y cooperación. La ATF, en este contexto, actúa como un puente técnico entre dos gobiernos que coinciden en el diagnóstico, pero que enfrentan sistemas jurídicos e intereses internos muy distintos.
El mensaje final es claro: el tráfico ilegal de armas no puede detenerse únicamente en los tribunales. Requiere una estrategia de inteligencia, coordinación constante y voluntad política en ambos lados de la frontera.
