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Adriana Cabrera
Ciudad de México, 2 de febrero de 2024 – Tras la polémica liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa, quienes fueron puestos en libertad provisional el pasado 21 de enero por la juez Raquel Duarte Cedillo, el panorama legal da un giro.
Este jueves 1 de febrero, la misma juez ha emitido nuevas órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra los ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que enfrentan acusaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, de los ocho militares, tres se entregaron voluntariamente tras la polémica por su liberación.
Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz son los militares involucrados, quienes, en su mayoría, ostentaban el rango de soldados cuando ocurrió el trágico suceso en Iguala, Guerrero. Todos formaron parte de un convoy de la Sedena que patrulló la ciudad antes y después de la embestida.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene la teoría de que la presencia de estos militares en el convoy se debe a su proximidad con el grupo criminal Guerreros Unidos, principal sospechoso de la desaparición de los estudiantes. En esta nueva fase del proceso judicial, la FGR les imputará el delito de delincuencia organizada.
Según el abogado Alejandro Robledo, el mandamiento judicial fue cumplimentado el 1 de febrero contra tres de los militares que habían obtenido el beneficio de enfrentar el proceso en libertad. Las nuevas acusaciones podrían estar relacionadas con presuntos vínculos con el Cártel Guerreros Unidos, según un testigo protegido de la FGR.
La defensa de los militares logró, el pasado 21 de enero, cambiar la prisión provisional por visitas quincenales al juzgado, lo que fue aceptado por la misma Duarte Cedillo. Para su primera liberación, involucró el pago de una fianza de 50,000 pesos, retención del pasaporte y restricciones para acercarse a testigos y víctimas, así como evitar visitar el Estado de Guerrero, esto fue impuesto por la juez.
Sin embargo, tras las nuevas órdenes de aprehensión, los soldados serán internados nuevamente en el Campo Militar 1-A de la Ciudad de México. La audiencia inicial se llevará a cabo mediante videoconferencia.
Desde su detención en junio de 2023, los militares habían permanecido encerrados en dicha instalación. Ahora, con la recaptura inminente, se espera que el proceso legal tome un nuevo rumbo. Cabe destacar que el próximo 26 de septiembre se cumplirán 10 años del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, un recordatorio trágico que sigue marcando la historia del país.
