El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy dará a conocer el plan de regreso a una “nueva normalidad” y qué municipios empezarán a restablecer sus actividades. El borrador del plan se elaboró hace aproximadamente un mes, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, adelantó hace tres semanas que el 18 de mayo podrían retirarse medidas de seguridad sanitaria en cerca de mil municipios donde no se habían registrado contagios. Llama la atención que este anuncio se vaya a realizar en medio de lo que el propio gobierno considera la etapa más crítica de la pandemia, por la aceleración en la transmisión del Covid-19, pero se entiende perfectamente en la lógica de López Obrador, donde primero es la política y luego la salud.
La narrativa del régimen dice que la salud es primero, pero las evidencias muestran lo contrario. Durante el primer periodo de contagios en México, el discurso era que no se requería el distanciamiento social ni se necesitaba el confinamiento. La retórica cambió pero las prácticas no. Los mensajes cruzados de “quédate en casa” con la luz al final del túnel de una pandemia que ya se había domado porque la curva se había aplanado, no se entendieron como disparates del discurso político y propaganda, sino como una señal presidencial que se podían relajar las medidas. Anunciar reiteradamente que ya vamos a entrar en la normalidad relativa, es otro de los mensajes equivocados que se envían a la población.
Hace un mes, 10 estados concentraban los municipios sin casos: Oaxaca (433), Veracruz (88), Puebla (74), Yucatán (50), Chiapas (48), Chihuahua (34), Sonora (32), Guerrero (28), San Luis Potosí (28), y Jalisco (26). Si uno atiende las medidas restrictivas en varios de esos estados, se puede colegir que los municipios se encuentran en zonas alejadas, no en los centros densamente poblados. Así, el regreso a la normalidad podría general falsas expectativas, ante una sociedad ansiosa y deseosa de salir a la calle, que no distingue los matices, si el mensaje de voluntarismo político de López Obrador no se acompaña de realismo y planeación.
El principal problema que se ve, a partir de lo que piensan los expertos y consideran algunos sectores que incluso han resultado perjudicados por el confinamiento, es que un retorno a la actividad normal en las condiciones actuales de México, podría ser altamente contraproducente. El argumento coincidente es la falta de pruebas que permitan conocer con mayor certeza la verdadera dimensión del impacto del Covid-19 en la población. Los datos que proporciona López-Gatell, si bien no falsos, son insuficientes para saber la realidad de la pandemia, porque se basa en el modelo Centinela, que sólo obtiene información de los casos de contagios y fallecimientos en hospitales. Eso datos, de acuerdo con especialistas, tendrían que ser multiplicados por 30 para poder tener una mejor idea del problema sanitario.
Esa información es inexistente para fines de toma de decisiones, porque el gobierno decidió no hacer pruebas en la población. De los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es quien menos pruebas ha realizado. En la actualización de la OCDE del 4 de mayo, la media es de 27.7 pruebas por cada mil habitantes, mientras que México realiza 0.6. Islandia, el país que más pruebas aplica, lo hace en 147.6 de cada mil, y Chile y Colombia, las dos otras naciones latinoamericanas en ese grupo, suministran 10.4 y 2.3, respectivamente. La justificación de López-Gatell es que no se ha demostrado que haya relación entre el número de pruebas realizadas y la contención de la enfermedad, y que es mejor tener información de calidad obtenida por el método Centinela, que de mala calidad por la vía de las pruebas.
La Organización Mundial de la Salud, en contraposición, las ha recomendado de manera enfática, como una herramienta, no como la solución. Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard, sostiene que las pruebas no son suficientes y que se tienen que hacer más cosas además de las pruebas. “Pero sin ellas, no sabemos quién tiene coronavirus y quién no. Tampoco sabemos cómo se está expandiendo”. Esa es la misma racional predominante en el mundo y cuya deficiencia metodológica en México ha sido motivo de crítica sobre subregistros sustanciales en contagios y fallecimientos.
El gobierno de López Obrador ha sido cuestionado dentro y fuera de México desde hace varias semanas por la falta de aplicación de pruebas, y se ha ido construyendo el consenso de que es por razones políticas. “La política está muy involucrada en las decisiones”, dijo Janine Ramsay, una experta en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, donde fue directivo López-Gatell, a la agencia AP en abril. “México, políticamente, no valora la evidencia científica. ¿Por qué? Porque le quitaría las decisiones a los políticos”.
Lanzarse las medidas de prevención y distanciamiento social sin pruebas a población abierta, puede ser como navegar sin timón durante una tormenta. Francia, que está preparando la reanudación de actividades, realizará 700 mil pruebas por semana. Alemania quiere aplicarlas en toda la población. En Nueva York, el centro de la epidemia en Estados Unidos, quieren llegar a 155 mil pruebas al día. En México, hasta ahora, la racional marcha en sentido contrario del mundo.
Si no aplican pruebas salvo a personas con los síntomas o quienes hayan estado en riesgo de contagio, será como una encuesta, salvo que en los estudios demoscópicos, sólo hay márgenes de error y yerros metodológicos. En este caso no se trata de porcentajes sino de vidas. Pero esto no parece ser un obstáculo para López Obrador. De hecho nada lo es para él, ni hay variables que lo lleven a depurar o rectificar el rumbo, como probablemente veremos con su plan de reactivación social y económica.
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