Entre la seguridad y la vigilancia: el padrón de celulares enciende alertas por la privacidad
Ciudad de México. – A partir de este 9 de enero, todas las líneas telefónicas móviles en México deberán estar asociadas a una persona física o moral, como parte de una medida impulsada por el Gobierno Federal para combatir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro. No obstante, organizaciones defensoras de derechos digitales han advertido que esta disposición implica riesgos graves para la privacidad y la protección de datos personales.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que el registro obligatorio fortalece un esquema de vigilancia con amplios márgenes de discrecionalidad, al obligar a los usuarios a entregar información personal e incluso biométrica a las empresas telefónicas, bajo la amenaza de perder el servicio en caso de no cumplir.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Pepe Flores, director interino de R3D, señaló que las personas usuarias se enfrentan a una disyuntiva preocupante: entregar sus datos o quedar excluidas del servicio de telefonía móvil, ya que el registro es obligatorio y el incumplimiento derivará en la suspensión temporal de la línea.
“Este tipo de acciones fortalecen un sistema de vigilancia con mucha discrecionalidad, porque el consentimiento no es realmente libre; es forzado, ya que la alternativa es la exclusión”, afirmó el defensor de derechos digitales.
De acuerdo con los lineamientos, las personas físicas que cuenten con líneas en Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su credencial para votar o pasaporte, así como su Clave Única de Registro de Población (CURP). En el caso de las personas morales, será necesario presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
La medida fue aprobada en diciembre de 2025 por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, luego de una prueba piloto realizada entre septiembre y octubre del mismo año, bajo el argumento de fortalecer el combate a delitos de alto impacto.
Sin embargo, Flores advirtió que esta política podría tener efectos contrarios a los esperados. “No es seguro entregar la CURP a las empresas telefónicas y tampoco hay evidencia de que esta medida reduzca la incidencia delictiva. Por el contrario, podría incentivar el robo de celulares para cometer delitos”, señaló.
Además, alertó que la información recabada podría afectar de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como periodistas, personas opositoras, manifestantes y migrantes. Esto, debido a que las autoridades de seguridad tendrían la facultad de requerir datos a las empresas telefónicas sin orden judicial y con pocas salvaguardas.
Respecto a la protección de datos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la información proporcionada por los usuarios quedará bajo resguardo de las compañías telefónicas, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que el Gobierno de México no tendrá acceso directo a dichos datos.
No obstante, R3D subrayó que las empresas están legalmente obligadas a entregar la información cuando las autoridades de seguridad lo soliciten, lo que mantiene vigente el riesgo de sobrevigilancia.
El registro obligatorio de líneas móviles está contemplado en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado en julio de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación ese mismo mes.
“Esta asociación entre línea telefónica e identidad es muy grave, porque cada vez más utilizamos el teléfono como identificador para múltiples servicios. Al final, todo lo que hacemos queda vinculado a nuestra identidad legal”, concluyó Pepe Flores, al reiterar el llamado a revisar los alcances y riesgos de esta política pública.
