Decidió renunciar y actualmente está al frente como nuevo encargado del despacho del ex fiscal de investigación, Mauricio Pasarán, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera
Ciudad de México, 16 de julio de 2025 — La renuncia de Rosendo Gómez como fiscal especial del caso Ayotzinapa vuelve a poner bajo la lupa la tensa relación entre las autoridades mexicanas y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la salida fue una decisión voluntaria, los representantes legales de las familias insisten en que se trató de una “remoción” forzada, producto de la falta de avances, acusaciones de corrupción y desconfianza acumulada.
Rosendo Gómez, quien encabezaba desde 2022 la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), deja el cargo en medio de crecientes cuestionamientos sobre la eficacia de su gestión. Vidulfo Rosales, abogado de las familias, declaró al medio Aristegui Noticias que la decisión fue resultado directo de reiteradas exigencias de los padres, quienes consideran que el fiscal “no daba resultados” y representaba un obstáculo más en la larga y tortuosa búsqueda de verdad y justicia.
En contraste, la presidenta Sheinbaum insistió en que Gómez “ya había cumplido un periodo” y que su salida responde a una decisión personal, no a una remoción oficial. Aun así, reconoció que los familiares ya habían solicitado su salida con anterioridad, lo que sugiere que las presiones externas influyeron de forma decisiva.
El reemplazo provisional recaerá en Mauricio Pasarán, quien fue incorporado recientemente a la Fiscalía y que, según Sheinbaum, “ya está muy familiarizado con el caso”. La mandataria también reiteró su compromiso con una “nueva visión” para la investigación, con énfasis en el análisis científico, revisión de llamadas telefónicas y apertura de archivos militares.
Sin embargo, críticos del proceso advierten que los cambios en la fiscalía no garantizan un giro sustancial si no hay voluntad real para enfrentar los intereses que han obstaculizado el caso por más de una década. La promesa de “no cerrar la carpeta hasta encontrar a todos los jóvenes” ha sido repetida por distintas administraciones, pero con escasos resultados visibles.
El caso Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014, sigue siendo una herida abierta en el país y un símbolo de impunidad. Nueve años después, las familias siguen esperando respuestas claras y acciones firmes, mientras los cambios en el equipo de investigación generan más dudas que certezas.
