De aprobarse estos proyectos, el Máximo Tribunal abandonaría el criterio adoptado en 2018, cuando determinó que la UIF no podía congelar cuentas sin orden judicial, salvo que existiera autorización expresa de autoridades extranjeras.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila ratificar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa.
Los proyectos —dos de la ministra Lenia Batres Guadarrama y uno de la ministra Loretta Ortiz Ahlf— validarían las reformas legales aprobadas en marzo de 2022, en particular al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Asimismo, plantean dejar sin efecto el criterio de la anterior Corte que impedía el bloqueo de cuentas sin orden judicial y sin la solicitud de una autoridad u organismo internacional.
El proyecto de Ortiz Ahlf —cuya discusión ha sido aplazada al menos tres veces desde 2023— responde a una impugnación promovida por senadores de oposición, quienes alegan que la medida vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso, además de invadir facultades del Ministerio Público.
La ministra ponente propone declarar infundados los argumentos de los legisladores, al sostener que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar de carácter administrativo, no una sanción penal, cuyo objetivo es proteger la integridad del sistema financiero. Añade que la legislación vigente garantiza el derecho de audiencia mediante procedimientos, plazos y medios de prueba previamente establecidos.
Abandono de criterio previo de la SCJN
De aprobarse estos proyectos, el Máximo Tribunal abandonaría el criterio adoptado en 2018, cuando determinó que la UIF no podía congelar cuentas sin orden judicial, salvo que existiera autorización expresa de autoridades extranjeras.
Al respecto, el abogado Luis Pérez de Acha señaló en su cuenta de X que el proyecto de Ortiz Ahlf se sustenta en estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
No obstante, advirtió que el nuevo criterio implicaría riesgos de bloqueos sin previo aviso y obligará a replantear las estrategias de defensa en tribunales. “Se anula el argumento de que el bloqueo sin orden judicial es inconstitucional; ahora deberá impugnarse la arbitrariedad en cada caso concreto, por ejemplo, por falta de evidencia de operaciones sospechosas”, explicó.
Proyectos de Lenia Batres
En paralelo, también están listados dos proyectos de Batres Guadarrama que buscan eliminar el criterio vigente de la Corte en la materia.
Uno de los casos involucra a la empresa Fresh Packing Corp, con sede en California, Estados Unidos, cuyas cuentas fueron bloqueadas debido a que su CEO es Vicente Zambada, señalado por autoridades estadounidenses como sobrino de Ismael “el Mayo” Zambada.
La compañía argumentó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que se trata de un homónimo sin relación con el narcotraficante procesado en Estados Unidos.
Tanto Ortiz Ahlf como Batres Guadarrama proponen dejar atrás el criterio impulsado en su momento por el entonces ministro Eduardo Medina Mora, al considerar que limita las políticas públicas de combate al lavado de dinero, el uso de empresas factureras y otras prácticas que afectan al sistema financiero.
Vía El CEO
