El Pleno de la Suprema Corte argumenta que no existen reglas claras para sancionar administrativamente a sus integrantes.
Ciudad de México a 30 de mayo de 2025. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de forma unánime que no es procedente imponer sanciones administrativas a la ministra Yasmín Esquivel Mossa por la acusación de plagio en su tesis de licenciatura. La decisión, tomada en sesión privada, se sustenta en la ausencia de un marco legal que regule la responsabilidad administrativa de los integrantes del máximo tribunal.
La resolución, respaldada por los diez ministros y ministras del Pleno —incluida la propia Esquivel, quien no se excusó de participar en la votación—, avala el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El caso se originó en enero de 2023, tras la publicación del escritor e investigador Guillermo Sheridan, quien documentó que la ministra habría plagiado su trabajo de titulación. A partir de esas revelaciones, el máximo tribunal recibió una serie de denuncias ciudadanas solicitando su sanción.
Sin embargo, el criterio adoptado por la Corte establece que actualmente no existen reglas específicas que permitan investigar y sancionar a sus propios integrantes por faltas administrativas. La SCJN subrayó que las únicas responsabilidades claramente reguladas para ministros y ministras son las de carácter penal y político, las cuales cuentan con garantías reforzadas para proteger la independencia judicial.
“El procedimiento de responsabilidad administrativa y las sanciones susceptibles de imponerse pueden perturbar o interrumpir gravemente la función judicial”, señala el documento difundido por el tribunal y reportado por primera vez por el diario Reforma. Por ello, se argumenta que no se puede aplicar una normativa interna —como el Acuerdo General Plenario 9/2005— en ausencia de una legislación específica que defina los tipos de faltas, su gravedad y las sanciones correspondientes.
La Corte advirtió que sancionar administrativamente sin un marco legal adecuado implicaría una vulneración a la independencia judicial, ya que este tipo de sanciones pueden imponerse con mayor facilidad que las políticas o penales, pero con efectos igualmente severos.
“La falta de desarrollo legislativo no puede ser suplida mediante acuerdos internos”, concluyó el Pleno, estableciendo así un precedente en torno a los límites de la responsabilidad administrativa de los ministros de la SCJN.
FUENTE: AN
