El pasado miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo señalamientos contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos vínculos con operaciones ilícitas.
Ciudad de México a 26 de junio de 2025. — En una sesión marcada por tensiones geopolíticas y presiones internacionales, el Senado de la República aprobó con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal. El objetivo: robustecer la supervisión financiera y ampliar la capacidad del Estado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La reforma llega en un momento clave. Apenas unas horas antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó señalamientos contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntos vínculos con operaciones ilícitas. Aunque las instituciones negaron las acusaciones y el Gobierno mexicano exigió pruebas concretas, la coincidencia resalta un contexto de creciente escrutinio internacional sobre el sistema financiero mexicano.
Cambios de fondo: nuevas definiciones, mayor control
Entre los puntos más destacados de la reforma está la ampliación del objeto de la ley para incorporar el financiamiento al terrorismo, una exigencia frecuente en evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También se introducen conceptos como “beneficiario controlador” y “persona políticamente expuesta”, términos clave en estándares internacionales que apuntan a una mayor trazabilidad de recursos y vigilancia sobre quienes ostentan cargos de poder.
Las entidades que realicen actividades vulnerables —como inmobiliarias, joyerías, casinos, y más— ahora deberán implementar sistemas automatizados de monitoreo, conservar información por al menos diez años (antes eran cinco), y someterse a auditorías proporcionales al riesgo que representen. El dictamen también obliga a establecer mecanismos internos de reporte de operaciones inusuales.
Mayor coordinación y poder de fiscalización
La reforma busca mejorar la coordinación entre la Secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y órganos reguladores como la CNBV, CNSF y Consar. Se formaliza el papel de la UIF como denunciante ante operaciones sospechosas, y se fortalece la participación de estas entidades en la fiscalización del sistema financiero, particularmente frente a clientes considerados de alto riesgo.
Además, se modifica el artículo 400 bis del Código Penal Federal, manteniendo las penas para operaciones con recursos ilícitos, y se conserva la posibilidad de judicializar casos a partir de denuncias de la UIF.
¿Prevención o presión?
Durante la discusión, el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, enfatizó que la reforma tiene un carácter preventivo, no persecutorio, y busca proteger la integridad del sistema financiero nacional ante los crecientes flujos de recursos ilícitos. Reiteró que responde a compromisos asumidos por México ante el GAFI, que ha urgido al país a elevar sus estándares contra el lavado y la corrupción.
Sin embargo, críticos advierten que las reformas también responden a una dinámica de presión política y económica desde Washington. A pesar de la falta de pruebas tangibles, los señalamientos del Departamento del Tesoro contra bancos mexicanos reavivan el debate sobre la autonomía regulatoria de México, y si las reformas son realmente proactivas o simplemente una reacción para apaciguar cuestionamientos externos.
Mientras tanto, el dictamen pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate igual de complejo entre quienes apuestan por reforzar el blindaje financiero del país y quienes temen un uso excesivo o politizado de las nuevas herramientas legales.
