La futura presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una coyuntura crítica con la propuesta de reforma judicial impulsada por el obradorismo, que busca cambiar la manera en que se eligen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque Sheinbaum tiene el derecho de nombrar cuatro ministros durante sus primeros tres años de gobierno, el plan podría trasladar esa facultad al voto popular, alterando significativamente el equilibrio de poder en el máximo tribunal del país.
Actualmente, la reforma judicial propuesta por Morena y sus aliados plantea la posibilidad de que estos puestos sean decididos por los ciudadanos a través de elecciones. Esta medida limitaría el poder presidencial de colocar ministros afines en la SCJN, una facultad que permitiría a Sheinbaum renovar cuatro asientos y otorgarle a la 4T la mayoría en la corte, con nueve de once lugares bajo su influencia.
El primer asiento que quedará vacante será el del ministro Luis María Aguilar Morales, cuyo periodo de quince años termina el primero de diciembre. Aguilar Morales ha sido acusado por el presidente López Obrador de favorecer los intereses del empresario Ricardo Salinas Pliego. El candidato propuesto por Sheinbaum para ocupar este puesto deberá ser aprobado por el Senado, donde Morena y sus aliados cuentan con 83 de los 85 escaños necesarios para lograr la confirmación.
A lo largo del sexenio de López Obrador, cinco ministros han sido presentados por él, y Sheinbaum tendrá la tarea de reemplazar a aquellos designados durante el mandato de Felipe Calderón. Si se sigue el procedimiento constitucional actual, los presidentes de la 4T habrán propuesto a nueve de los once integrantes de la SCJN, cuyos nombramientos concluirán entre 2033 y 2042.
En la mayoría de los países, los miembros del tribunal de mayor jerarquía son designados por el Poder Ejecutivo o el Legislativo, o por ambos en colaboración. Sin embargo, la propuesta de reforma judicial, conocida como Plan C, pretende que estos nombramientos sean decididos mediante el voto popular, con la esperanza de reducir la influencia directa del gobierno sobre el Poder Judicial.
La oposición argumenta que el obradorismo utilizará su apoyo popular para controlar la elección de más de 1,600 puestos judiciales, incluyendo ministros, magistrados y jueces, moldeando así el Poder Judicial a su conveniencia. Por su parte, Morena y sus aliados defienden que el proceso será apartidista y que se basará en las cualidades y capacidades de los candidatos para ganar el apoyo del electorado.
Además del asiento de Aguilar Morales, Sheinbaum tendrá la oportunidad de proponer reemplazos para otros tres ministros cuyos términos finalizan durante su mandato. Estos incluyen a Jorge Mario Pardo Rebolledo (febrero de 2026), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán (diciembre de 2027).
La iniciativa más destacada del Plan C es someter a elección directa a los ministros de la SCJN, miembros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. En este esquema, los méritos académicos y profesionales de los candidatos serán evaluados por los tres poderes, y los aspirantes pasarán a una elección abierta por mayoría. Los que reciban más votos obtendrán mandatos de mayor duración, de hasta 14 años.
En un contexto donde la supermayoría de Morena en el Congreso permite un control significativo sobre el proceso legislativo, la reforma judicial es parte de un paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador. Sheinbaum, por su parte, ha delineado cinco prioridades que deben ser discutidas por la próxima Legislatura, justo después de su inicio en septiembre y antes de que López Obrador entregue el cargo el primero de octubre.
Esta transición y la implementación de la reforma judicial definirán el futuro del Poder Judicial en México, marcando un periodo de cambios profundos y desafíos significativos para la administración de Sheinbaum
