Reforma electoral de Claudia Sheinbaum llega a la Cámara de Diputados entre divisiones de Morena, PT y PVEM
La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida oficialmente en la Cámara de Diputados el 4 de marzo de 2026, dando inicio formal al proceso legislativo de uno de los proyectos políticos más relevantes del actual gobierno federal.
El acto protocolario en San Lázaro estuvo encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada panista Kenia López Rabadán, quien informó que la propuesta contempla modificaciones a al menos 11 artículos de la Constitución relacionados con el sistema electoral mexicano.
La iniciativa llega en medio de tensiones políticas dentro de la propia coalición gobernante, ya que los partidos aliados de Morena —el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— han expresado reservas sobre algunos puntos clave del proyecto.
🔴 La Presidenta de la Mesa Directiva, diputada @kenialopezr, recibió la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo, en materia de #ReformaElectoral.
En cumplimiento del principio de máxima publicidad y transparencia parlamentaria, el documento puede consultarse en la… pic.twitter.com/VY4QmO6kNH
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 4, 2026
Reducción del Senado y cambios en las diputaciones
Uno de los cambios más relevantes planteados en la iniciativa es la reducción del número de integrantes del Senado. Actualmente la Cámara Alta cuenta con 128 senadores, pero la propuesta plantea disminuir esa cifra a 96 legisladores, lo que implicaría eliminar 32 escaños plurinominales.
En el caso de la Cámara de Diputados, la reforma mantendría las 500 curules actuales, distribuidas entre 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, aunque sí se modificaría la forma de asignación de estas últimas.
La iniciativa propone que:
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100 diputaciones plurinominales sean asignadas a los llamados “mejores perdedores” de las elecciones distritales.
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Las otras 100 curules se distribuyan mediante listas regionales, pero con participación directa del electorado.
El objetivo planteado es fortalecer el voto ciudadano en la definición de los legisladores, reduciendo la influencia directa de las dirigencias partidistas en la asignación de candidaturas plurinominales.
Recortes al financiamiento y austeridad electoral
En materia de financiamiento político, el proyecto propone una reducción del 25% en el presupuesto destinado a los partidos políticos.
Asimismo, plantea cambios en el acceso a medios de comunicación durante los procesos electorales. El tiempo que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene disponible en radio y televisión pasaría de 48 a 35 minutos diarios.
La iniciativa también establece topes salariales para funcionarios del INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y los tribunales electorales, con el objetivo de que ningún servidor público del sistema electoral gane más que la presidenta de la República.
Mayor fiscalización y controles al financiamiento
Otro eje de la reforma busca reforzar la fiscalización del financiamiento político.
Entre las medidas planteadas se encuentran:
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Prohibición de aportaciones en efectivo.
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Restricción para recibir dinero del extranjero.
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Obligación de reportar operaciones financieras de partidos y candidatos al INE.
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Coordinación con autoridades de seguridad e inteligencia financiera para revisar candidaturas.
Aunque el documento menciona la necesidad de prevenir financiamiento ilícito, no establece mecanismos específicos para combatir el ingreso de recursos del crimen organizado.
Tecnología electoral y regulación de inteligencia artificial
La propuesta también introduce reglas para el uso de nuevas tecnologías en procesos electorales.
Se plantea que todo contenido político generado o alterado mediante inteligencia artificial deberá estar etiquetado, de modo que los ciudadanos puedan identificar si una imagen, video o audio fue manipulado digitalmente.
Asimismo, se abre la posibilidad de implementar voto digital en consultas populares, referéndums y plebiscitos.
La reforma establece que estos ejercicios de democracia directa serán vinculantes siempre que participe al menos el 40% de la lista nominal de electores.
El PREP se mantiene
Uno de los puntos que generó debate previo a la presentación de la iniciativa era la posible desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Sin embargo, finalmente se decidió mantener este sistema, considerado clave para dar certeza a los resultados preliminares de las elecciones.
Divisiones políticas y falta de mayoría calificada
Para aprobar una reforma constitucional se requiere el voto favorable de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es decir, 334 votos de los 500 legisladores.
Actualmente Morena cuenta con 253 diputados, por lo que necesita 81 votos adicionales.
Aquí es donde se vuelven determinantes sus aliados:
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PT
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PVEM
Ambos partidos suman 111 legisladores, lo que podría permitir alcanzar la mayoría calificada si respaldan la iniciativa.
Sin embargo, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reiteró que su partido no apoyará la reforma en sus términos actuales, al considerar que podría representar un riesgo para la pluralidad política.
Monreal reconoce el momento más complejo
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió que la discusión de esta reforma representa uno de los momentos más complicados de su trayectoria legislativa.
Durante la sesión en San Lázaro declaró:
“Es el momento más complejo para mí como dirigente y como líder de la mayoría”.
El legislador señaló que Morena buscará acuerdos con sus aliados para mantener la unidad de la coalición.
Oposición advierte riesgos democráticos
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar.
El senador panista Ricardo Anaya advirtió que el gobierno podría intentar impulsar un “Plan B”, es decir, modificar leyes secundarias si no logra aprobar la reforma constitucional.
Finalmente llegó la iniciativa de reforma electoral del gobierno. Y confirma lo que advertimos: Morena se niega a sancionar con la pérdida del registro a los partidos que reciban dinero del crimen organizado. Tampoco toca la sobrerrepresentación. Por eso lo decimos con claridad:… pic.twitter.com/7dR9nW9Dng
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 5, 2026
Por su parte, el senador priista Manuel Añorbe calificó la iniciativa como un retroceso democrático.
PVEM mantiene cautela
El Partido Verde Ecologista de México optó por no fijar una postura definitiva hasta analizar el contenido completo del proyecto.
El coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, señaló que el partido revisará la redacción final antes de emitir una posición oficial.
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