En un movimiento de último momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó una directriz clara antes de concluir su mandato. Un día antes de dejar la presidencia, emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) instruyendo al gobierno de Claudia Sheinbaum y a diversas dependencias gubernamentales a acelerar los trámites administrativos necesarios para la conclusión del Tren Maya. El objetivo: evitar que las obras del megaproyecto sufran retrasos o suspensiones.
El acuerdo, publicado el 30 de septiembre, establece un plazo de tres meses para que las autoridades competentes agilicen los procesos relacionados con el Tren Maya, pidiendo “celeridad debida” en los trámites administrativos y jurídicos que se requieren para el avance de las obras en sus siete tramos. Entre los procesos clave mencionados se encuentran la adquisición y expropiación de inmuebles, permisos de construcción, autorizaciones ambientales y arqueológicas, y concesiones de uso de suelo, entre otros.
Un mandato para acelerar el Tren Maya
El Tren Maya ha sido una de las obras insignia del gobierno de López Obrador, diseñada para conectar el sureste mexicano, impulsar el turismo y fomentar el desarrollo económico en la región. Sin embargo, su construcción ha enfrentado diversos retos, incluyendo conflictos legales, temas de expropiación de tierras y permisos ambientales.
El acuerdo destaca la necesidad de que las dependencias de la Administración Pública y las empresas del Estado concluyan los procedimientos administrativos “en el ámbito de su competencia, conforme a la normativa aplicable”, y solicita que estas gestiones se realicen de manera expedita para no exceder el plazo de seis meses.
Dependencias involucradas y contingencias
El documento también hace hincapié en que las Secretarías de Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, y Función Pública, entre otras, deben asumir un rol activo en la resolución de casos no previstos, favoreciendo siempre la continuidad de los trabajos.
En caso de contingencias imprevistas, como eventos fortuitos o de fuerza mayor, las dependencias tienen el mandato de aplicar recursos y tomar medidas inmediatas para evitar la suspensión de las obras o, si es inevitable, garantizar que se reanuden lo antes posible.
Un legado bajo presión
Este acuerdo representa un claro esfuerzo por parte de López Obrador de asegurar la continuidad de uno de los proyectos más ambiciosos de su administración, dejando a Sheinbaum y su equipo la responsabilidad de mantener el ritmo de trabajo. A tres meses de esta directriz, el gobierno de Sheinbaum deberá responder a la presión de cumplir con estos trámites dentro del tiempo establecido, o enfrentar el riesgo de que se retrasen las metas propuestas para el Tren Maya.
El proyecto continúa siendo una de las principales apuestas del actual gobierno, y su éxito o fracaso dependerá, en gran medida, de la rapidez con que se puedan resolver los trámites pendientes.
Vía Latinus
