“Si AMLO hablaba en serio, daría un paso atrás y permitiría una investigación”: The Economist sobre el caso Lozoya y la lucha anticorrupción en México

La denuncia del ex director de Petróleos de México (Pemex), Emilio Lozoya, abrió la posibilidad de realizar juicios contra varios ex presidentes. Sin embargo, para el semanario inglés The Economist, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha mostrado grandilocuente al abordar este escándalo más que fortalecer las instituciones anticorrupción del país que enfrentarían este problema.

En un principio, destacó que la victoria de 2018 del actual ejecutivo tenía entre sus promesas no reducir la corrupción, sino eliminarla. Aunado a esto se encuentra la constante declaración sobre que la pobreza y la desigualdad en el país son resultado los regímenes corruptos que lo antecedieron.

Sin embargo, criticó en el texto Mexico’s president shows how not to handle a scandal que “si hablaba en serio, daría un paso atrás y permitiría una investigación exhaustiva e imparcial de los cargos del Sr. Lozoya, seguida de juicios. Eso proporcionaría un modelo para castigar la corrupción y desalentar futuras irregularidades”.

Enrique Peña Nieto, acusado explícitamente por Lozoya Autin de corrupción, estableció el sistema anticorrupción que contempló un fiscal independiente para atender estos casos bajo las supervisión de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Sin embargo, el semanario recalcó que la administración de ese sexenio se aseguró de que el nuevo aparato no funcionara correctamente, paralizando cifras y bloqueando investigaciones.

En su denucia Emilio Lozoya involucra a funcionarios de distintos niveles (Foto: EFE)

El gobierno de López Obrador, aseguró, no ha hecho un mejor trabajo en el tema, considerando que el nuevo fiscal anticorrupción fue elegido sin una convocatoria pública por Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y la disminución del presupuesto de la dependencia a los niveles más bajos registrados desde 2008.

Calificó la actitud del presidente de grandilocuente porque considera que los funcionarios anticorrupción “parecen espectadores” ahora que un ex funcionario denunció a los presuntos corruptos de México. Pero, sobre todo, criticó la actitud del presidente a la hora de manejar el caso.

El presidente planea celebrar un referéndum sobre si los ex presidentes deben ser procesados, de hecho, entregando el trabajo de los fiscales a los votantes. Eso es incompatible con el estado de derecho.

Por otro lado, destacó que mostrara videos de funcionarios recibiendo dinero en su conferencia matutina y que apareciera hojeando el expediente del caso Lozoya como parte de las actitudes cuestionables del presidente mexicano.

La victoria de 2018 del actual ejecutivo tenía entre sus promesas no reducir la corrupción, sino eliminarla. (Foto: Presidencia de México)

Otra de las críticas de The Economist se dirigió hacia la posibilidad de que el gobierno de López Obrador “puede estar fomentando la corrupción” con el recorte de sueldos a los altos funcionarios ya que esto los orillaría a buscar recompensas en otros espacios.

Limpiar México requiere la creación de instituciones independientes y eficaces. Esto puede ser más lento y aburrido que el alarde presidencial, pero es mucho más probable que funcione. México necesita el estado de derecho, no un hombre fuerte.

Finalmente tocó el tema del video donde aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dinero que presuntamente iba dirigido al partido del ejecutivo, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para destacar como López Obrador insiste “en que no hay comparación entre las fechorías de gobiernos pasados y cualquier cosa que Morena pudiera haber hecho”.

En su denuncia Emilio Lozoya involucra a funcionarios de distintos niveles entre quienes se encuentran Tres ex presidentes, cuatro ex secretarios de Estado, ocho ex senadores, un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, un ex gobernador y tres gobernadores actuales, al menos cinco ex funcionarios, cuatro empresarios e incluso una periodista y un medio de comunicación.