Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó el pasado 23 de julio de 2025 ante la Cámara de Diputados una solicitud de “declaración de procedencia”
Para que el senador y líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, pueda ser juzgado por los delitos de uso indebido de atribuciones y peculado.
La acusación se basa en el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos, presuntamente cometido durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. La solicitud enviada a la Secretaría General de la Cámara baja incluye cuatro carpetas de investigación ya judicializadas, en las cuales están implicadas 17 personas, entre ellas varios exfuncionarios estatales.
Entre los casos más relevantes, destaca el uso de prestanombres para facturar servicios inexistentes por 27.2 millones de pesos desde la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM). Según las declaraciones de los implicados, estos servicios incluían conceptos como venta de alimentos y mantenimiento de equipos para policías ubicados en zonas rurales, sin que existan respaldos documentales.
Otro caso involucra a la empresa Comercializadora Karybek SA de CV, que posteriormente cambió su nombre a C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste SA de CV, la cual se benefició de al menos tres convenios millonarios. También se señala el pago de 14.1 millones de pesos desde Comunicación Social del estado a la televisora Mayavisión, sin comprobación documental.
La red de corrupción incluye a familiares cercanos de Alito, como su madre Yolanda Cárdenas y su hermano Emigdio Gabriel, quien según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), habría realizado traspasos millonarios con destino final en propiedades de lujo adquiridas por el propio senador.
En otra de las carpetas se documenta un presunto desfalco de 18.2 millones de pesos relacionados con la construcción de la Plaza Colosio, un mercado para artesanos que terminó siendo rentado a particulares. El terreno fue adquirido al empresario Miguel Ángel “N”, quien también fue directivo de la empresa Mayavisión.
Entre los funcionarios detenidos están Jorge “N”, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Alito; Samuel “N”, quien dirigió la misma dependencia en la gestión de Carlos Miguel Ayza González, y Karla “N”, responsable de Finanzas en SSPCAM. Todos enfrentan cargos por peculado y uso indebido de funciones.
El vínculo directo de Alejandro Moreno con estos delitos radica en que como gobernador firmó convenios para garantizar el uso eficiente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que la desviación de esos recursos lo vincula directamente.
La Fiscalía campechana confirmó que dos implicados obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con las investigaciones. De esta manera, la petición de desafuero busca que Alejandro “Alito” Moreno sea juzgado sin protección del fuero constitucional.
NOTA EXTENSA 2
Mexicanos Contra la Corrupción revela red de desvíos durante gobierno de Alito Moreno; Fiscalía de Campeche solicita su desafuero
De acuerdo con información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó el pasado 23 de julio ante la Cámara de Diputados la solicitud formal para retirar el fuero al senador Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, con el fin de que enfrente un proceso penal por peculado y uso indebido de funciones.
Las investigaciones apuntan a que durante su mandato como gobernador (2015-2019), se cometieron actos de corrupción por un monto de 83.5 millones de pesos, mediante esquemas de simulación de servicios, triangulación de recursos y pagos sin comprobación documental.
Cuatro carpetas de investigación judicializadas forman la base del caso. En ellas ya están vinculadas a proceso 17 personas, incluidos exfuncionarios del gabinete estatal. Dos de ellos obtuvieron criterios de oportunidad al declarar que fueron utilizados como prestanombres para facturar servicios falsos, como venta de alimentos a destacamentos policiacos o mantenimiento de vehículos y climas, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Los testigos afirman que recibieron solo 4 mil pesos por entregar sus papeles personales. Las facturas sumaron más de 27 millones de pesos. Parte de ese dinero terminó en cuentas asociadas a familiares del senador, incluyendo su hermano Emigdio Gabriel y su madre Yolanda Cárdenas, quienes según la UIF y la FGR, habrían participado en la adquisición de propiedades de lujo sin sustento financiero.
Entre las empresas beneficiadas se encuentra una firma de buceo en Cancún que facturó 23.8 millones por servicios jurídicos y fiscales, así como la televisora Mayavisión, que recibió 14.1 millones desde Comunicación Social del estado, sin pruebas de entrega del servicio. Su director, Miguel Ángel “N”, también está vinculado a la venta del terreno donde se construyó la Plaza Colosio, un mercado que fue desviado de su objetivo original y terminó alquilado a privados.
A inicios de julio fueron detenidos Jorge “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Alito, Samuel “N” y Karla “N”, exfuncionarios de la SSPCAM. Aunque enfrentan cargos por peculado, hoy se encuentran en libertad condicional.
La solicitud de desafuero se presentó con la intención de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dictamine si el senador puede ser juzgado. La Fiscalía campechana ya confirmó la autenticidad de la petición, mientras que el expediente incluye elementos aportados por la UIF y la FGR.
Desde 2022, MCCI había documentado operaciones irregulares en la compra-venta de propiedades por parte de Moreno Cárdenas y su familia. La acusación formal ahora incluye hechos, montos, nombres y vínculos institucionales, que podrían marcar un parteaguas en la rendición de cuentas del PRI y sus liderazgos.
