En medio de una contienda fiscal que ha captado la atención nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el magnate empresarial Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, se encuentran en un enfrentamiento público sobre una presunta deuda millonaria de impuestos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostiene que Grupo Salinas adeuda más de 60 mil millones de pesos en impuestos, una cifra que ha desatado una polémica de dimensiones notables. Este monto, según Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, surge de auditorías realizadas a las empresas de Salinas Pliego entre los años 2008 y 2018.
En respuesta a estas acusaciones, Salinas Pliego ha negado rotundamente las afirmaciones del SAT, manteniéndose firme en su posición de que su empresa no tiene pendientes fiscales significativos. En una declaración contundente, el empresario afirmó en una conferencia reciente: “Las acusaciones o afirmaciones de parte de mi amigo el presidente en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos: no es cierto”.
La situación tomó un giro aún más agudo cuando Salinas Pliego acusó al SAT de intentar extorsionarlo, alegando que el organismo fiscal pedía la mitad del pago para “perdonar la deuda”. En un desafío directo al gobierno, Salinas Pliego declaró: “No vamos a pagar más de lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende la administración”.
Además de las acusaciones de evasión fiscal, Salinas Pliego no dudó en señalar a la corrupción gubernamental, especialmente en el manejo de los Programas del Bienestar. Aseguró tener pruebas en su poder, marcando así un enfrentamiento que va más allá de lo fiscal y se adentra en las esferas políticas del país.
En respuesta a estas alegaciones, López Obrador ha desafiado a Salinas Pliego a presentar pruebas concretas de sus acusaciones. Durante su conferencia mañanera, el presidente manifestó: “Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionar porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos”.
Este cruce de acusaciones entre el presidente y uno de los empresarios más prominentes de México ha generado un debate público sobre los límites del poder fiscal, la transparencia empresarial y la integridad gubernamental. Mientras tanto, el país espera la próxima movida en este enfrentamiento que tiene implicaciones no solo económicas, sino también políticas y sociales.
