Tomás Zerón contrató empresas fantasma con cargo a partida secreta

El director de la Agencia de Investigación Criminal con Enrique Peña Nieto otorgó contratos por 10 millones de pesos a dos firmas entre 2013 y 2016

Durante la gestión de Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) se otorgaron contratos por 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares) a dos firmas que posteriormente terminaron en el listado de empresas fantasma que elabora el SAT. Uno de los contratos fue con una compañía que supuestamente produjo un video donde se exhibían los trabajos de “inteligencia” hechos por el Gobierno mexicano en el sexenio de Enrique Peña Nieto para dar con el paradero de Joaquín Guzmán Loera, entonces líder del cartel de Sinaloa. Los recursos asignados a la firma provenían de la partida 33701 del presupuesto que se utiliza para los gastos de seguridad nacional que no son transparentados por las autoridades. Las irregularidades encontradas en parte de los gastos ejercidos en esta partida durante la gestión de Zerón son motivo de una de las investigaciones que sigue la actual Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfuncionario que se encuentra prófugo.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue creada en septiembre de 2013 durante el Gobierno de Peña Nieto como un órgano que concentraría en un solo cuerpo las tareas de inteligencia e información criminal, investigación y servicios periciales. El objetivo de la AIC sería “incrementar la capacidad de investigación y de generación de inteligencia para la investigación de los delitos en la institución”, destacó la entonces PGR en un informe de labores. La agencia sumó a su estructura a la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que quedaron bajo su mando. Al frente de la AIC se designó a Zerón de Lucio, que estuvo en el cargo hasta septiembre de 2016, cuando se vio obligado a renunciar ante las acusaciones de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que lo acusaron de manipular la evidencia en la investigación del caso. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que hay investigaciones en curso contra Tomás Zerón que involucran el uso de empresas fachada, pero señalaron que no se pueden dar más detalles al respecto porque se afectaría el debido proceso.

En los tres años que Zerón estuvo al frente de la AIC, la agencia tuvo un presupuesto aprobado de 407 millones de pesos con cargo a las partidas 33701 y 55102, pero terminó gastando 1.529 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. Ahora se sabe que gran parte de esos recursos etiquetados en las partidas secretas de seguridad los ejerció de manera irregular. En septiembre del año pasado el fiscal Alejandro Gertz Manero acusó a Zerón de haberse robado más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la PGR como un “pago por sus infamias” en el caso Ayotzinapa y con la anuencia de sus superiores. Por este asunto la Fiscalía obtuvo de un juez dos órdenes de aprehensión contra Zerón por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y fraude equiparado, según dio a conocer Animal Político en noviembre pasado. La Fiscalía investiga el presunto desvío de 1.102 millones de pesos mediante tres contrataciones supuestamente “amañadas” para la adquisición de equipo de espionaje con cargo a la partida de gastos de seguridad pública y nacional, detalló el portal en un reportaje.

Ahora EL PAÍS da a conocer que a esas contrataciones irregulares se suman otras por un monto de 10 millones de pesos que terminaron en dos firmas de papel. Con los recursos asignados a las partidas de seguridad se otorgaron contratos por cuatro millones de pesos a EBS Solde Organización y también se realizaron pagos por seis millones de pesos a Asociados y Consorcio Corporativo S. A. de C. V., de acuerdo a información otorgada por la propia Fiscalía y a datos proporcionados por el SAT. Los contratos firmados con estas empresas no fueron transparentados porque eran parte de los gastos que realizaba la FGR en sus tareas de seguridad y que implican “secrecía”. En el caso de EBS Solde Organización la FGR dijo haber encontrado solo un contrato con esta empresa por 580.000 pesos, pese a que el SAT tiene registros de facturas emitidas por cuatro millones de pesos. El contrato, según respondió la FGR tras una petición de información hecha por este medio, fue para el “servicio de producción y postproducción del video de las labores de inteligencia relacionadas con la detención de Joaquín Guzmán Loera”. En el caso de Asociados y Consorcio Corporativo S. A. de C. V. no quiso brindar detalles de las contrataciones, pero en los archivos del comité de transparencia de la entonces PGR hay rastro de que se habrían otorgado seis millones de pesos con cargo a la partida 33701.

EBS Solde Organización es una compañía constituida en Monterrey, Nuevo León, el 15 de marzo de 2013 con un objeto social tan diverso que va desde la operación de sistemas de rastreo y localización geosatelital hasta la venta de productos agrícolas y empaque de alimentos. También ofrece asesorías y consultorías en asuntos fiscales y ambientales, según el acta constitutiva consultada en el Registro Público del Comercio. En sus antecedentes comerciales tiene contratos con diversos ayuntamientos de Nuevo León. La firma Asociados y Consorcio Corporativo S. A. de C. V. también fue constituida en marzo de 2013 y fue disuelta cinco años después en una asamblea. La empresa constituida en Chiapas fue acusada en esa entidad de haber recibido contratos para impartir cursos de contención emocional que nunca realizó. Un grupo de empleados de la Secretaría de Empoderamiento de la Mujer denunciaron en 2016 a un medio local que los talleres fueron simulados y que el personal fue obligado a tomarse fotografías para justificar la supuesta capacitación. Ambas empresas fueron incluidas en el listado de empresas que facturan operaciones simuladas del SAT.

Gastos sin justificar

Una parte de los 1.529 millones de pesos etiquetados en las partidas 33701 y 55102 —asignados a las diversas instancias que formaban parte de la agencia comandada por Zerón— fueron gastados de forma deficiente y sin apegarse a los criterios de riesgo, urgencia y confidencialidad, como estaba condicionado su uso, según diversos informes del Órgano Interno de Control de la Fiscalía. En una auditoría realizada en 2015 al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) se encontraron deficiencias de control y supervisión. En el dictamen se señala que en octubre de 2014, el Cenapi firmó un contrato por 71,4 millones de pesos con el proveedor Vans y Subs de Lujo S. A. de C. V. para la adquisición de 24 vehículos que se emplearían en actividades tácticas. Sin embargo al cumplirse la fecha límite de entrega, el proveedor solo proporcionó cuatro unidades que se cargaron a la partida 55102 (equipo de seguridad), incumpliendo los términos pactados en el contrato.

En otra auditoría de 2015 realizada a la Policía Federal Ministerial se detectó falta de documentación comprobatoria y gastos no justificados con cargo a la partida 33701. La entidad no contaba con la documentación que justificara y comprobara el gasto otorgado por 23,3 millones de pesos, referente a viáticos, estadías y gastos de investigación proporcionados a los servidores públicos durante 2014. “Los controles de los recursos llevados a cabo por la Policía Federal Ministerial carecen de precisión y confiabilidad”, se destaca. Además los funcionarios no presentaron el oficio de aviso de la comisión, investigación o actividad especial a realizar. También se encontró que se ejercieron recursos no considerados en la partida 33701 y por lo tanto no se derivan de actividades especiales que implicaran riesgo, urgencia o confidencialidad. “Esto genera omisiones a la normatividad aplicable propiciando falta de transparencia en el ejercicio de presupuesto asignado para este fin”, dictaminaron los auditores.

En otra auditoría también hecha a la Policía Federal Ministerial se encontraron irregularidades en el parque vehicular, ya que en una verificación física no se localizaron 31 unidades. En la Coordinación General de Servicios Periciales los auditores encontraron que había 72 bienes que fueron adquiridos y recibidos en diciembre de 2013 y que para septiembre de 2015 —cuando se realizó la auditoría— se encontraban empacados y arrumbados sin utilizar. La adquisición de esos insumos tuvo un costo de 46,3 millones de pesos y habían sido requeridos para la creación de cuatro laboratorios regionales de genética forense que no se habían construido.

El uso indebido de esta partida en otra unidad de la extinta PGR es motivo de una investigación. En julio del año pasado EL PAÍS dio a conocer que la actual Fiscalía encabezada por Gertz Manero investiga a la división de Asuntos Internos, conocida formalmente como Visitaduría General, porque entre 2013 y 2014 dejó sin justificar 102 millones de pesos de una partida para asuntos de seguridad. Aunque el uso de estos fondos tiene carácter reservado porque se usan para investigaciones o pagos a informantes, los funcionarios deben justificar su empleo de manera interna mediante un acta circunstanciada, cosa que no se hizo de manera adecuada. Además, los investigadores de la FGR detectaron movimientos extraños en la entrada y salida del dinero de las cuentas de Asuntos Internos y concluyeron que no era posible saber si los gastos se aplicaron o no en investigaciones de la Visitaduría General.

Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destaca que dentro de los gastos en materia de seguridad hay rubros que resultan muy difíciles de transparentar porque ello podría poner en riesgo la vida de agentes policiales. “El tema de las dimensiones de la seguridad nacional es sumamente complejo desde las perspectivas administrativas. Por ello en algunos aspectos la transparencia podría sujetarse a la excepción dependiendo del tema”, menciona el académico. Una solución para garantizar que estos fondos se fiscalicen de forma correcta es contar con organismos externos a las áreas de seguridad, como instituciones educativas, que auxilien en la auditoría y supervisión del correcto ejercicio de esas partidas. El experto en seguridad nacional menciona que también es muy común que el presupuesto ejercido termine siendo superior al aprobado porque en temas de seguridad no se pueden prever situaciones que se presentan de imprevisto y que necesitan ser atendidas. “Esto también sucede con mucha frecuencia en el comité de adquisiciones del Congreso estadounidense, por ejemplo, donde se dan ajustes presupuestales ante cuestiones de seguridad nacional”, acota.

 

 

Vía: El País

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