El escenario político en Coyuca de Benítez, Guerrero, se ha visto ensombrecido por actos de violencia que han cobrado la vida de candidatos y aspirantes, revelando una alarmante situación de inseguridad y falta de prevención por parte de las autoridades.
El pasado 17 de mayo, José Alfredo Cabrera, candidato a la alcaldía por una coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, fue asesinado momentos antes de pronunciar su mensaje de cierre de campaña. A pesar de la presencia de elementos de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, un sicario logró dispararle dos tiros mortales a la cabeza antes de ser abatido por los escoltas del político. Este trágico suceso evidencia una falla en el esquema de seguridad y prevención, a pesar del tiempo disponible para anticipar y evitar tales ataques.
El peligro latente se manifestó días antes, con el hallazgo del cuerpo desmembrado de Aníbal Zúñiga, aspirante a regidor en la planilla de Cabrera, indicando una clara acción del crimen organizado para influir en el panorama político de la región.
A pesar de las señales de alerta y los llamados a la acción, parece haber una falta de análisis y respuesta por parte de las autoridades. La incertidumbre se extiende a nivel nacional, donde la violencia política ha cobrado la vida de numerosos candidatos y ciudadanos, generando un ambiente de temor y zozobra durante las campañas electorales.
Organizaciones de la sociedad civil y consultoras en seguridad han advertido sobre el aumento de la violencia política, destacando un incremento del 150% respecto al año anterior. Este clima de inseguridad no solo amenaza la integridad de los candidatos, sino también la participación ciudadana en el proceso electoral.
Ante esta situación, la misión de observación de la OEA ha expresado su preocupación y ha llamado a la movilización ciudadana como respuesta al miedo y la violencia. Sin embargo, la efectividad de estas medidas se ve cuestionada por la realidad cotidiana de un país donde la brutalidad criminal parece desafiar cualquier intento de cambio.
Aunque el daño ya está hecho, las próximas elecciones aún representan un riesgo, especialmente en estados como Sinaloa y Michoacán, donde la influencia del crimen organizado en el proceso electoral ha sido evidente.
La incertidumbre y el peligro en Coyuca de Benítez son un recordatorio de la urgente necesidad de abordar la violencia política y garantizar la seguridad de los ciudadanos y candidatos, fundamentales para la democracia y el desarrollo del país.
Vía Eme Equis
