La UIF tiene la facultad para congelar cuentas de manera inmediata de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que no requiere autorización o solicitud alguna de la FGR.
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas compró residencias en Miami, Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco con costos que no coinciden con sus ingresos anuales de 2 millones 400 mil pesos.
Funcionarios que llevaron a cabo esta investigación dijeron a MILENIO que la UIF sí presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdez, pero al no tener acusaciones por ninguna autoridad extranjera, no tenía elementos para ordenar el bloqueo del dinero.
La UIF tiene la facultad para congelar cuentas de manera inmediata de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que no requiere autorización o solicitud alguna de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, desde 2019 que concluyeron la indagatoria, proceder en contra de Vargas quedó completamente en manos de la FGR.
La indagatoria que se concretó a mediados de 2019, determinó que no existe forma de acreditar la compra inusual de al menos cuatro inmuebles, entre los que destacan uno en Valle de Bravo con un costo de siete millones 100 mil pesos, uno más en Lomas de Chapultepec por seis millones 800 mil pesos y un departamento en Miami valuado entre los seis y los 10 millones de pesos.
Además de un departamento en Polanco comprado por tres millones 511 mil 900.
Aunque el magistrado Vargas ha argumentado que comparte bienes con su esposa Mónica Bauer Mengelberg, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de PepsiCo, quien habría aportado de sus ingresos para estas adquisiciones, los números no parecieron congruentes en el sistema financiero que generó varias alertas por las adquisiciones y compras de Vargas.
Además, la UIF detectó depósitos en efectivo hasta por 500 mil pesos de los que no existe justificación alguna pues Vargas está impedido constitucionalmente a tener ingresos adicionales a los de su labor como magistrado.
MILENIO confirmó que hasta este momento, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha sido notificada de ningún avance sobre la denuncia que presentó en contra del ahora magistrado presidente del Tribunal Electoral por las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y aparente enriquecimiento inexplicable.
Tras llamado de Zaldívar, Vargas podría separarse; sería el segundo presidente que renuncia por señalamiento de corrupción
Este lunes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar exhortó al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas a aclarar las inconsistencias y señalamientos en su patrimonio, pues dejó claro que esto afecta la imagen de todo el Poder Judicial y resta credibilidad a la máxima autoridad electoral en el proceso electoral más grande de la historia.
Ante este llamado, funcionarios y ex funcionarios al interior del Tribunal Electoral explicaron a MILENIO que Vargas Valdez podría verse orillado a solicitar licencia a la presidencia mientras la Fiscalía General de la República concluye las investigaciones en su contra tras las acusaciones de la UIF.
Recordaron que hace 13 años, el entonces magistrado presidente del TEPJF, Flavio Galván renunció al cargo tras acusaciones de encubrimiento por actos de corrupción por parte de su coordinadora de asesores Norma Inés Aguilar León quien intentó cobrar una comisión por la compra de un edificio.
Las denuncias fueron encabezadas por los magistrados Salvador Nava y María del Carmen Alanís Figueroa quienes primero, lograron que Galván solicitara licencia y finalmente presentó su renuncia al cargo en agosto de 2007.
La Ley del Poder Judicial de la Federación indica que cualquier magistrado podrá solicitar licencia por un periodo mínimo de un mes. En su artículo 90 señala que “las ausencias del presidente serán suplidas, si no exceden de un mes, por el magistrado electoral de mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad. Si la ausencia excediere dicho plazo pero fuere menor a seis meses, se designará a un presidente interino, y si fuere mayor a ese término, se nombrará a un presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del periodo”.
En estos casos, el magistrado de mayor antigüedad en el cargo es Indalfer Infante González pues junto con Vargas Valdez, concluyen su periodo el 31 de octubre de 2023. Mientras el resto lo hará en 2024 y 2025.
Y la magistrada de mayor edad es Janine Otálora Malassi quien renunció al cargo en 2019 por presiones del propio Vargas Valdez.
