La diputada señala que 90% de las extorsiones en México se cometen vía telefónica y aclara que el Gobierno no tendrá control de bases de datos
PUEBLA, Pue. — Ante el crecimiento sostenido de la extorsión telefónica en el país, la diputada Claudia Rivera Vivanco defendió la estrategia de vinculación de líneas telefónicas a la Clave Única de Registro de Población (CURP) como una herramienta indispensable para debilitar el anonimato con el que actualmente operan redes delictivas.
La legisladora explicó que esta medida busca cerrar espacios de impunidad, al permitir que las autoridades puedan identificar a quienes utilizan líneas telefónicas para cometer delitos, principalmente extorsión, sin que ello implique la creación de una base de datos gubernamental o la recopilación de datos biométricos.
Con base en cifras oficiales del sector de telecomunicaciones, Rivera Vivanco expuso que durante 2024, 7.4 millones de personas en México fueron víctimas de extorsión, y que el 90 por ciento de estos delitos se cometieron a través de llamadas telefónicas.
Advirtió que uno de los principales retos para la procuración de justicia es que alrededor del 85 por ciento de las líneas telefónicas operan actualmente de forma anónima, lo que dificulta el rastreo de responsables y limita la capacidad de actuación del Ministerio Público cuando se abre una carpeta de investigación.
Desde esta perspectiva, la diputada sostuvo que la identificación de cada línea es un elemento estructural de la política de seguridad, ya que permite vincular el uso del servicio a una persona física o moral, sin criminalizar a la ciudadanía.
Sin base de datos del Gobierno ni datos biométricos
Como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Puebla, Claudia Rivera subrayó que el registro de líneas no se realiza ante el Gobierno, sino directamente con las empresas de telefonía.
Precisó que el Estado no concentra ni resguarda la información, no existe una base de datos centralizada y no se solicitan huellas, reconocimiento facial ni ningún dato biométrico.
“Los datos permanecen bajo resguardo exclusivo de las compañías telefónicas y solo pueden ser solicitados por una autoridad judicial, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales”, explicó.
La información requerida se limita únicamente a nombre, CURP y número telefónico, y solo puede ser consultada en el marco de una investigación legal debidamente fundamentada.
La diputada integrante del Morena destacó que, a menos de una semana de iniciar el proceso, más de 2 millones de líneas telefónicas ya fueron registradas, lo que consideró una señal de respaldo ciudadano a las medidas de seguridad y combate a la extorsión.
Afirmó que la vinculación telefónica no vulnera derechos, sino que fortalece la capacidad del Estado para proteger a las familias, reducir fraudes y desarticular esquemas criminales que hoy dependen del anonimato tecnológico para operar.
