En un anuncio sorprendente, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de México, ha prometido reformular la estrategia de seguridad pública, incluyendo la retirada progresiva del Ejército de las tareas de seguridad en las calles del país. Esta propuesta representa un cambio radical en la política de seguridad implementada desde 2006, que ha involucrado activamente a militares y marinos en labores de seguridad.
En una conferencia de prensa junto a otros candidatos de la misma alianza para diversos cargos, Gálvez explicó su visión de una policía nacional civil y destacó la necesidad de recuperar el control del territorio actualmente en manos de la delincuencia. Subrayó que la participación del Ejército en tareas no relacionadas con la seguridad nacional distrae sus capacidades y recursos.
“Nosotros vamos por una policía nacional civil; no hay duda. Y la idea sí es que en un momento dado el Ejército deje las labores de seguridad y sólo se concentre, pues a recuperar, ayudarnos a recuperar este 30% del territorio que está en manos de la delincuencia.” comentó Gálvez.
La candidata se comprometió a replantear el papel del Ejército, priorizando su función en seguridad nacional según lo establecido en la Constitución, y coordinándose estrechamente con los estados para definir claramente sus responsabilidades. Además, enfatizó que no se pactará con la delincuencia organizada y se buscará replegar a las bandas criminales de manera activa.
“De entrada, lo vamos a sacar de las actividades no relevantes, de estar cuidando libros de texto, llevando vacunas, bacheando carreteras, haciendo sucursales bancarias. Al Ejército lo traen muy distraído y creemos que el Ejército nos puede ayudar muchísimo en el tema de la Seguridad Nacional, que además es lo que establece la Constitución y puede entrar a apoyar a los estados. Ahí no digo que de entrada se termina el apoyo, pero estableciendo perfectamente y delimitando a qué”, expresó.
Esta propuesta, si bien plantea un cambio significativo en la estrategia de seguridad del país, ha generado debate y discusión sobre su viabilidad y posibles implicaciones en el combate al crimen organizado.
Vía El Economista
