En su reciente gira por Chiapas, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial respaldada por PAN, PRI y PRD, junto con sus promotores de campaña, denunciaron una serie de actos intimidatorios perpetrados por la delincuencia organizada, que presuntamente buscaban disuadir la asistencia de sus seguidores a los mítines de campaña.
Tras llevar a cabo eventos en Tapachula y Huixtla, en los que hubieron notables ausencias, la candidata de la oposición hizo pública su preocupación ante lo que describió como presiones ejercidas sobre los transportistas locales para que se abstuvieran de brindar servicio a la población durante los eventos programados.
Según sus declaraciones, se habría advertido a los transportistas con frases intimidatorias como “aquí manda el crimen”, lo que habría provocado la reducción significativa de la asistencia a los mítines. Ante esta situación, Gálvez afirmó haber tomado la decisión de llevar a cabo los eventos con los asistentes que pudieron llegar sin depender del transporte público.
“Hoy les digo a todas y a todos ustedes que el Gobierno de la delincuencia organizada, de nuestros opositores, son los que están bloqueando los eventos para que la gente no venga a escuchar cuál es la realidad que vive Chiapas” aseguró la candidata.
Willy Ochoa, candidato al Senado por la coalición que respalda a Xóchitl Gálvez, se sumó a las acusaciones, señalando que la delincuencia estaría tratando de silenciar la discusión sobre la violencia que afecta a la región.
En un esfuerzo por garantizar la seguridad durante la gira, Xóchitl Gálvez fue escoltada por un convoy compuesto por tres patrullas de la Guardia Nacional, una unidad de la policía estatal y una ambulancia de la Sedena. Este despliegue responde al protocolo de “máxima seguridad” establecido por el INE en colaboración con las autoridades federales de seguridad.
Estas acusaciones resaltan la compleja situación de seguridad que enfrentan los candidatos y la población en general en algunas regiones del país, así como la importancia de garantizar un entorno seguro para el ejercicio democrático durante el proceso electoral.
Vía Reforma
