La SMADSOT resolvió cinco procedimientos administrativos contra la empresa operadora, mientras comunidades de Cholula exigen restaurar el terreno.
Habitantes de comunidades de la región de Cholula mantienen sus exigencias para que se retire la maquinaria, se restaure el terreno y se atiendan los posibles daños al agua y al suelo. La Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que resolvió cinco procedimientos administrativos contra la empresa responsable del sitio.
Puebla, Pue., 8 de noviembre de 2026. — El conflicto por el relleno sanitario ubicado en el camino a Calpan continúa sin resolverse. Habitantes de comunidades de la región de Cholula exigen que se garantice el cierre definitivo del sitio, se retire la maquinaria utilizada para su ampliación y se restaure el terreno, mientras que el Gobierno de Puebla anunció sanciones económicas contra la empresa operadora por irregularidades ambientales.
Integrantes de la Unión de Pueblos Originarios se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) para solicitar la intervención de las autoridades estatales ante las afectaciones que, aseguran, ha provocado el proyecto.
Entre las principales preocupaciones de los habitantes se encuentran la posible contaminación del suelo y del agua, la presencia de líquidos contaminantes y los riesgos que estas condiciones podrían representar para la salud de las comunidades cercanas.
Los manifestantes también demandan que se cubra la excavación realizada para ampliar el relleno sanitario y que se retire la maquinaria relacionada con las obras, a fin de evitar nuevas intervenciones en el predio.
Protestas y bloqueos por el relleno sanitario
Las inconformidades derivaron en nuevas movilizaciones desde el miércoles 4 de noviembre, cuando pobladores bloquearon la carretera federal Cholula-Huejotzingo para exigir respuestas sobre las condiciones del relleno sanitario.
Durante las protestas, los habitantes solicitaron que las autoridades garanticen que el sitio no vuelva a utilizarse para la disposición de residuos y que se atiendan las condiciones ambientales del terreno.
Otra de las preocupaciones expresadas por las comunidades es la posible perforación de nuevos pozos de agua, debido al temor de que estas actividades afecten la disponibilidad del recurso y los mantos acuíferos de la región.
Las organizaciones inconformes consideran que el cierre administrativo del relleno no es suficiente si no se acompaña de acciones concretas para reparar las afectaciones denunciadas.
Medio Ambiente confirma cinco procedimientos contra la empresa
Ante las exigencias ciudadanas, la titular de la SMADSOT, María de los Ángeles Ballesteros García, informó que el relleno sanitario mantiene el estatus legal de clausura, derivado de las medidas establecidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La funcionaria explicó que la dependencia estatal realizó actuaciones de inspección y vigilancia que derivaron en cinco procedimientos administrativos, los cuales ya fueron resueltos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, en dichos procedimientos se determinó la responsabilidad de la empresa operadora por irregularidades ambientales.
Como consecuencia, se contemplan sanciones económicas contra la empresa, aunque los montos no han sido dados a conocer y serán informados posteriormente por las autoridades.
La dependencia también señaló que dará seguimiento a las medidas necesarias para que el terreno sea restaurado a las condiciones que presentaba antes de las obras de ampliación.
Restauración ambiental, una de las principales exigencias
Además del cierre definitivo, los habitantes solicitan que se atiendan las posibles afectaciones ambientales acumuladas en el predio.
La restauración del terreno representa uno de los puntos centrales del conflicto, pues las comunidades buscan evitar que las excavaciones, los residuos o los líquidos presentes en la zona continúen representando riesgos para el entorno.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente indicó que realizará las visitas de seguimiento que correspondan dentro de sus facultades legales y colaborará en las acciones encaminadas a la recuperación del sitio.
Sin embargo, el anuncio de sanciones no significa que las labores de restauración ya hayan concluido, por lo que permanece pendiente conocer los plazos, las medidas específicas y los mecanismos de supervisión que se aplicarán.
Ayuntamiento de San Pedro Cholula tiene atribuciones sobre la concesión
La SMADSOT precisó que las decisiones relacionadas con la concesión del relleno sanitario y las medidas municipales correspondientes recaen en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, de acuerdo con sus atribuciones.
En ese sentido, la dependencia estatal sostuvo que su intervención se concentrará en las facultades de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental que le corresponden.
Esta distribución de responsabilidades coloca a las autoridades municipales y estatales ante la necesidad de coordinar acciones para atender las demandas de las comunidades.
Para los habitantes, el objetivo no se limita a que el relleno permanezca cerrado, sino que se garantice la recuperación del espacio y se evite cualquier actividad que pueda agravar las afectaciones denunciadas.
Un conflicto ambiental que permanece desde 2024
El conflicto por el relleno sanitario de Calpan tiene antecedentes desde 2024, cuando la Profepa determinó su clausura total definitiva debido a incumplimientos ambientales, entre ellos la falta de una manifestación de impacto ambiental.
Posteriormente, en marzo de 2025, la autoridad federal informó sobre la aprobación del programa de cierre y clausura del sitio.
A pesar de estos antecedentes, las recientes movilizaciones muestran que las comunidades continúan preocupadas por las condiciones del predio y por el cumplimiento efectivo de las medidas ambientales.
El caso también ha puesto sobre la mesa la problemática de la disposición final de residuos en los municipios de la región de Cholula, así como la necesidad de garantizar que los proyectos de manejo de basura cumplan con la normatividad ambiental.
Por ahora, la empresa operadora enfrenta resoluciones administrativas y sanciones económicas anunciadas, mientras que las comunidades mantienen sus exigencias de restauración y vigilancia.
El cumplimiento de las medidas ordenadas, la publicación de las sanciones y la coordinación entre autoridades serán determinantes para conocer si el conflicto avanza hacia una solución definitiva.