San Pedro Cholula amaneció el lunes con la presidencia municipal cercada y calles aledañas bloqueadas con vallas y presencia de granaderos, al puro estilo del exgobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. La medida, ejecutada por órdenes de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, ha generado inconformidad y preocupación entre la ciudadanía, pues impide el libre tránsito, incluso dejando las banquetas inaccesibles para peatones.
El despliegue de seguridad responde a las protestas e inconformidades derivadas de los plebiscitos en las juntas auxiliares del municipio, realizados el pasado domingo 26 de enero. Aunque en 10 de las juntas auxiliares el proceso se llevó a cabo en aparente calma, hubo tres sedes donde la violencia marcó la jornada, obligando a suspender los comicios y dejando un panorama de incertidumbre para la reposición del proceso.
Uno de los casos más graves ocurrió en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, la más grande de San Pedro Cholula, donde grupos de choque bloquearon los accesos y evitaron que los ciudadanos emitieran su voto. A pesar de que las mesas receptoras fueron instaladas conforme a lo previsto, la violencia impidió la continuidad de la jornada electoral, lo que llevó a la suspensión de los plebiscitos en esta zona.
En la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla, se reportó un ataque directo contra las instalaciones donde se resguardaban las boletas, provocando daños materiales y la quema de material electoral. Mientras que en Santa Bárbara Almoloya, la situación escaló al punto de requerir la intervención de la Secretaría de Marina, que tuvo que resguardar urnas y funcionarios de casilla para evitar mayores enfrentamientos.
Detrás de este clima de tensión se encuentra la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, quien respalda a dos aspirantes: Acelín Tlapapatl y José Antonio Zúñiga. Según fuentes cercanas, Fernández ya ha dado la instrucción de operar políticamente para que uno de ellos gane en la reposición de los plebiscitos, programada para el domingo 2 de febrero.
El cerco al ayuntamiento recuerda las medidas implementadas por el exgobernador Miguel Barbosa, quien en su momento mandó acordonar Casa Aguayo para despachar en un ambiente de aislamiento ante el descontento social. Ahora, Tonantzin Fernández sigue el mismo patrón, blindándose ante el rechazo ciudadano y las críticas por su presunta injerencia en los procesos plebiscitarios.