Alumnas exigen destitución del rector Sergio Valero Orea por omisión
La crisis interna en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) escala luego de que alumnas denunciaran públicamente presuntos casos de acoso sexual cometidos por más de 10 docentes, así como falta de actuación por parte de la Rectoría encabezada por Sergio Valero Orea.
Las denunciantes sostienen que profesores identificados como Carlos Artemio Ortiz Ramírez, Fernando Antonio Sierra Moctezuma, Mario Romero Moranchel y Santiago Rafael Fuentes Márquez han sido señalados por conductas indebidas, sin que hasta ahora se hayan iniciado procedimientos formales visibles ni separación preventiva del cargo.
Según las alumnas, el rector no ha emitido un pronunciamiento público ni ha activado el protocolo oficial que regula la atención de casos de hostigamiento y abuso sexual en instituciones educativas del estado.
Las jóvenes consideran que la permanencia de los docentes en sus cargos envía un mensaje de tolerancia institucional y vulnera su derecho a un entorno seguro.
Marco normativo vigente
El protocolo estatal establece que toda autoridad educativa debe actuar de manera inmediata ante denuncias de hostigamiento o abuso. En su apartado 1.4 señala que el silencio frente a hechos denunciados implica corresponsabilidad por omisión.
El documento define el abuso sexual como “toda actividad sexual que sucede entre dos personas sin que medie el consentimiento de alguna de ellas” y establece la obligación de levantar actas de hechos y dar vista a las autoridades competentes.
Llamado a instancias estatales
Las estudiantes piden la intervención del Órgano Interno de Control de la SEP estatal y del gobierno de Puebla para investigar los señalamientos y, en su caso, aplicar sanciones administrativas o penales.
También solicitan la destitución del rector, argumentando que la inacción constituye encubrimiento y falta de aplicación del protocolo.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades educativas y sobre la responsabilidad que tienen los directivos en la prevención y atención de violencia de género en espacios universitarios.
Las denunciantes sostienen que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática persistente que exige atención estructural.
