Su designación nunca debió ocurrir, fue una de muchas malas decisiones del difunto exgobernador, quien criticaba al morenovallismo por apoderarse de los órganos autónomos, colocando amigos y colaboradores para usarlos con fines políticos y electorales.
@HectorBLN
Amanda Gómez Nava llegó a encabezar la Auditoría Superior del Estado (ASE) por una venganza personal del difunto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero tras la muerte del exmandatario la auditora ha perdido la inmunidad y se ha convertido en un estorbo.
Su designación nunca debió ocurrir, fue una de muchas malas decisiones del difunto exgobernador, quien criticaba al morenovallismo por apoderarse de los órganos autónomos, colocando amigos y colaboradores para usarlos con fines políticos y electorales.
Al llegar a la gubernatura en agosto de 2019, Miguel Barbosa cambió de opinión y, con ayuda del Congreso del estado, en noviembre de ese año hizo auditor a Francisco Romero Serrano, quien abiertamente lo apoyó en campaña a través del Consejo de Organismos Empresariales (COE), del cual era presidente.
La amistad les duró poco, ya que el auditor empezó a actuar y a hacer negocios por su cuenta, sin consultar al gobernador, así que para mediados de 2021 ya estaban peleados en lo público y más en lo privado.
Amanda Gómez encabezaba entonces la Secretaría de la Función Pública (SFP), entonces Barbosa Huerta impulsó reformas constitucionales para agilizar la destitución de Romero Serrano y facilitar la designación de su funcionaria, exactamente como criticó en el pasado.
A principios de 2022 la Fiscalía General del Estado (FGE) inició de oficio una carpeta de investigación contra el auditor por violencia familiar, tramitó una orden de aprehensión y la ejecutó el 25 de febrero, cuando Francisco Romero ya estaba suspendido del cargo de auditor por orden de un juez, como medida cautelar por el delito que le imputaban.
El 19 de mayo de 2022, un día después de renunciar a la SFP, Gómez Nava fue nombrada titular de la ASE para un periodo de siete años, a pesar del conflicto de interés que representaba fiscalizar al gobierno del cual formó parte.
El 13 de diciembre de ese año Miguel Barbosa murió repentinamente, dejando en la orfandad política a toda la gente que colocó en puestos clave sin méritos ni capacidad para desempeñarlos, como Amanda Gómez, quien no supo decir qué es y como se integra una cuenta pública cuando fue evaluada en el Congreso.
Este lunes 11 de septiembre Gómez Nava será evaluada de nuevo por legisladores, que la citaron para una comparecencia a las 12 horas ante la Comisión de Control y Vigilancia de la ASE.
Aunque encontrará la misma legislatura que la eligió, ahora el escenario es muy diferente: ya no tiene el respaldo del gobernador; no tiene el favoritismo de legisladores y no tendrá la condescendencia de los medios de comunicación y columnistas barbosistas.
Amanda Gómez tendrá que explicar por qué la auditoría vio todo en orden en las cuentas públicas de Barbosa Huerta, a pesar del aparente daño patrimonial que descubrió la nueva administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Tendrá que explicar por qué no vio que el estado perdió 1 mil 322 millones de pesos por pifias del exgobernador.
Tendrá que explicar por qué no vio que el gobierno barbosista entregó 600 millones de pesos a un banco en quiebra, y por qué no vio que no se pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 722 millones de pesos del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Tendrá que explicar por qué se deshizo de todos los auditores externos acusándolos de delincuentes sin presentar denuncias, y por qué existe un rezago de más de un año en la fiscalización de ayuntamientos y órganos descentralizados.
Veremos si puede explicarlo y si alguien le cree.
