Aunque evitó hablar de un caso particular, Arturo Zaldívar describió condiciones que vuelven a colocar la elegibilidad del exgobernador de Tamaulipas en el centro del debate.
El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia detalló los supuestos del artículo 38 constitucional, mientras el exgobernador de Tamaulipas enfrenta una orden de aprehensión, reside en Estados Unidos y mantiene un debate abierto con el Gobierno federal sobre su eventual elegibilidad.
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hoy coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, presentó este viernes en Palacio Nacional una explicación sobre los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Constitución para determinar cuándo una persona puede o no conservar sus derechos político-electorales y, por tanto, ser elegible para competir por un cargo de elección popular.
La exposición ocurrió en medio del debate nacional sobre la eventual participación electoral del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque Zaldívar evitó pronunciarse directamente sobre el caso del exmandatario panista, al ser cuestionado de manera expresa explicó un supuesto que, por sus características, coincide con la situación jurídica y pública que rodea a Cabeza de Vaca.
“No me podría pronunciar sobre un caso particular, porque no conozco las condiciones. Si esta persona, la que sea a la que se alude, tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez, está en otro país, obviamente está sustraída de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato”.
El funcionario añadió que también tendría que revisarse, en su momento, el requisito de residencia previa para competir por la Presidencia de la República.
“Y esto que estoy diciendo se aplica a cualquier persona que esté en esos supuestos”, puntualizó.
#DesdePALACIO | ⚖️🗳️ “No podría ser candidato”: Zaldívar detalla el supuesto constitucional de prófugo de la justicia, en referencia a Cabeza de Vaca.
Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL), coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó los criterios de… pic.twitter.com/fifNUbCXLl
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Una explicación general que llega en medio del caso Cabeza de Vaca
La intervención de Zaldívar se produce mientras Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas entre 2016 y 2022, mantiene una disputa política y jurídica con el Gobierno federal.
La SCJN reactivó en febrero de 2026 la orden de aprehensión en su contra, al revocar un amparo previo. Además, un tribunal federal ordenó mantener bloqueadas sus cuentas bancarias, así como las de familiares y empresas vinculadas.
Actualmente, Cabeza de Vaca reside en Estados Unidos, país del que también es ciudadano.
El exgobernador, sin embargo, niega ser prófugo de la justicia y sostiene que los procedimientos en su contra forman parte de una persecución y una venganza política.
Y es precisamente ahí donde la explicación de Zaldívar cobra relevancia.
El funcionario presidencial señaló que la sola existencia de una orden de aprehensión no implica automáticamente la suspensión de los derechos político-electorales.
Para que una persona sea considerada prófuga de la justicia, explicó, deben presentarse dos elementos.
El primero es de carácter normativo: que exista una orden de aprehensión.
El segundo es material: que la persona se haya sustraído de la acción de la justicia, es decir, que existan elementos que demuestren que las autoridades intentaron localizarla o detenerla y que ello no fue posible.
“Se requieren los dos presupuestos”, explicó Zaldívar al señalar que este criterio deriva de interpretaciones de la Corte y del Tribunal Electoral.
La ruta jurídica explicada desde Palacio Nacional
Durante su presentación, Arturo Zaldívar detalló las distintas etapas de un procedimiento penal y sus efectos sobre los derechos político-electorales.
Una persona denunciada o investigada puede ser candidata, debido al principio de presunción de inocencia.
Lo mismo ocurre, explicó, cuando una persona tiene la calidad de imputada.
Incluso, una persona vinculada a proceso puede contender electoralmente si permanece en libertad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal Electoral.
La situación cambia cuando se impone la medida cautelar de prisión preventiva, ya que en ese caso los derechos político-electorales quedan suspendidos.
Zaldívar también explicó que, cuando un proceso penal concluye con una sentencia condenatoria, deben analizarse las condiciones específicas.
Si la persona cumple una pena de prisión, sus derechos quedan suspendidos durante ese periodo.
En caso de que exista una sentencia que mantenga a la persona en libertad, debe analizarse si existe una suspensión expresa y autónoma de los derechos políticos.
El funcionario precisó que no basta con que un juez suspenda esos derechos como consecuencia automática de una condena.
“Tiene que haber razones específicas” para determinar, en un caso concreto, por qué deben suspenderse los derechos políticos de una persona.
Los delitos que suspenden derechos incluso en libertad
Zaldívar recordó que el artículo 38 constitucional contempla supuestos específicos en los que una persona puede tener suspendidos sus derechos político-electorales.
Entre ellos se encuentran los delitos contra la vida y la integridad corporal, los delitos de índole sexual o contra el libre desarrollo de la personalidad, la violencia familiar y la violencia política de género.
También se contempla el caso de las personas deudoras alimentarias.
En esos supuestos, explicó, una persona puede tener suspendidos sus derechos político-electorales incluso si se encuentra en libertad, dependiendo de las condiciones establecidas en la Constitución.
La doble nacionalidad, otro frente en la discusión
El debate sobre la elegibilidad de Cabeza de Vaca no se limita a su situación jurídica.
El pasado 25 de agosto durante “La Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado públicamente la discusión sobre la participación de personas con doble nacionalidad en cargos públicos de alto nivel.
La mandataria ha señalado el caso del exgobernador de Tamaulipas, al sostener que también cuenta con nacionalidad estadounidense y cuestionar si existe garantía de que una persona en esa condición responda exclusivamente a los intereses de México.
#DesdePALACIO | 🔥🇲🇽 SHEINBAUM QUIERE CERRARLE LA PUERTA A LOS GOBERNADORES CON DOBLE NACIONALIDAD
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein)puso sobre la mesa una posible reforma constitucional para impedir que gobernadores de México tengan doble nacionalidad.
Y utilizó a… pic.twitter.com/jWWC6rymju
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Incluso, Sheinbaum planteó la posibilidad de impulsar una reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a determinados cargos, entre ellos la Presidencia de la República.
La discusión también ha alcanzado otros cargos como gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En este contexto, se ha señalado que Francisco Javier García Cabeza de Vaca construyó durante más de dos décadas una carrera política en México bajo una declaración formal de renuncia a su nacionalidad estadounidense, aunque, de acuerdo con información oficial y fuentes del Gobierno mexicano, ese procedimiento no habría quedado consumado ante las autoridades de Estados Unidos.
Cabeza de Vaca acusa intento de excluirlo
Un día antes de la exposición de Zaldívar, el exgobernador de Tamaulipas difundió un mensaje en video a través de sus redes sociales en respuesta a la iniciativa anunciada desde Palacio Nacional.
“Hoy quedó claro: pretender torcer la Ley, NO los derechos políticos de un ciudadano. Cambiar las reglas para excluir a mexicanos con doble nacionalidad no fortalece nuestra democracia. No a la xenofobia. No al abuso de poder. Sí a la pluralidad, a los derechos y a la democracia”.
Para Cabeza de Vaca, el debate impulsado desde el Gobierno federal representa un intento de modificar las reglas para limitar sus derechos políticos.
Hoy quedó claro: pretender torcer la Ley, NO los derechos políticos de un ciudadano.
Cambiar las reglas para excluir a mexicanos con doble nacionalidad no fortalece nuestra democracia.
No a la xenofobia.
No al abuso de poder.
Sí a la pluralidad, a los derechos y a la… pic.twitter.com/41Ed2Wq6e4— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 28, 2026
Sin embargo, desde Palacio Nacional, la explicación presentada este viernes por Arturo Zaldívar volvió a colocar sobre la mesa otro elemento: la diferencia entre tener una orden de aprehensión y encontrarse formalmente sustraído de la acción de la justicia.
“Caso por caso”, pero con una exposición de enorme contexto político
Zaldívar insistió durante toda su intervención en que cada situación debe analizarse de manera particular.
“Esta es una guía general, pero hay que analizar, como decíamos ayer, caso por caso, porque no son reglas que se apliquen así de manera directa, inmediata y en todos los casos”.
No obstante, la exposición ocurrió después de que la presidenta y distintos integrantes del Gobierno federal colocaran públicamente sobre la mesa el debate sobre la elegibilidad de Francisco García Cabeza de Vaca.
Y aunque Zaldívar aseguró no conocer las condiciones específicas de ningún caso particular, describió una hipótesis concreta: una persona con orden de aprehensión, que no ha comparecido ante un juez, se encuentra en otro país y está sustraída de la acción de la justicia.
Bajo esas condiciones, afirmó, la persona entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidata.
La discusión, sin embargo, está lejos de concluir.
Mientras el Gobierno federal plantea nuevas restricciones relacionadas con la doble nacionalidad y explica públicamente los supuestos constitucionales que pueden suspender derechos político-electorales, Cabeza de Vaca insiste en que enfrenta persecución política y que cualquier intento por modificar las reglas busca impedir su participación electoral.
El propio Zaldívar dejó una conclusión clara al cerrar su exposición: la Constitución, las leyes electorales y los criterios de la Corte y del Tribunal Electoral permiten establecer reglas generales, pero la elegibilidad de una persona debe revisarse a partir de las circunstancias concretas de cada expediente.
