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Tras caso Blanca Adriana, José Luis García Parra admite operación irregular de clínicas

Por: Adriana Colchado

@tamalito_rosa

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Autoridades estatales suspendieron 24 establecimientos por irregularidades

Durante su conferencia mañanera, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación sobre el caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel y advirtió que habrá “cero impunidad” contra quienes ejerzan actividades profesionales sin autorización o utilizando documentación irregular.

El posicionamiento del mandatario llegó después de que el cuerpo de Blanca Adriana fuera localizado en una barranca de Atltzayanca, Tlaxcala, tras haber desaparecido luego de acudir a un procedimiento estético en una clínica ubicada sobre Calzada Zavaleta, en la capital poblana.

El gobernador sostuvo que, aunque la autoridad tiene la obligación de vigilar y sancionar irregularidades, también existe una responsabilidad ciudadana de verificar que quienes realizan procedimientos médicos sean realmente profesionales acreditados.

“Nosotros como ciudadanos tenemos que también informarnos de qué la persona a la que vamos a ver, pues es un profesional”, declaró el mandatario.

Armenta incluso comparó el caso con personas que acuden con “hueseros” o prácticas alternativas sin supervisión médica formal, insistiendo en que la ciudadanía debe cerciorarse de quién la atiende antes de someterse a un procedimiento invasivo.

Sin embargo, las declaraciones provocaron discusión en redes sociales debido a que parte de la opinión pública considera que el foco principal debe estar en la regulación estatal y en la vigilancia sanitaria de establecimientos clandestinos.

Ahí fue donde entró el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, quien reconoció que el problema central es la operación ilegal de negocios dedicados a servicios médicos o estéticos sin permisos oficiales.

“El tema que tenemos realmente es la operación en la clandestinidad”, afirmó.

El funcionario reveló que, apenas el 19 de mayo, cuando comenzaron a difundirse reportes sobre la desaparición de Blanca Adriana, el gobernador instruyó al secretario de Salud estatal, Joaquín Pineda, investigar inmediatamente lo ocurrido.

García Parra aseguró que existen establecimientos que buscan “evadir la ley” y ofrecer servicios para los cuales “no están autorizados” ni cuentan con las condiciones necesarias para operar.

Además, expresó condolencias públicas a la familia de la víctima y describió el caso como un hecho “lamentable” para el estado.

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue la revelación de cifras oficiales sobre el universo de establecimientos sanitarios que opera en Puebla y que son supervisados por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Depris).

Según García Parra, actualmente existen en Puebla:

  • 10 mil 293 consultorios
  • 905 consultorios adyacentes a farmacias
  • 522 ambulancias
  • 128 centros de atención a adicciones
  • 99 hospitales públicos
  • 325 hospitales y clínicas privadas

El coordinador añadió que, en lo que va del año, las autoridades han suspendido operaciones en:

  • 15 consultorios
  • 9 clínicas

por incumplimientos o irregularidades sanitarias.

No obstante, reconoció que el principal vacío ocurre cuando un negocio jamás tramita registro ni licencia de funcionamiento, ya que legalmente el Estado no puede intervenir directamente sin denuncia previa o indicios formales.

Por ello, el gobierno estatal llamó a la ciudadanía a reportar establecimientos sospechosos mediante el número federal:

800-033-5050

línea mediante la cual la información es canalizada a la Cofepris y posteriormente a autoridades estatales para inspección.

El caso de Blanca Adriana también exhibió posibles fallas interestatales entre Puebla y Tlaxcala, debido a que el cuerpo fue localizado fuera de territorio poblano, mientras las investigaciones apuntan a que la víctima habría fallecido después de un procedimiento realizado en la capital de Puebla.

Las investigaciones ministeriales mantienen bajo la lupa a la clínica Detox Clínica, ubicada en Zavaleta, donde cámaras de vigilancia captaron a presuntos responsables trasladando un bulto hacia un vehículo Mini Cooper.

El caso ya derivó en la suspensión de una sucursal relacionada con la marca y en operativos de inteligencia para localizar a los presuntos implicados.

Aunque el gobierno insiste en que habrá sanciones, el tema también abre un debate político más amplio: el crecimiento del negocio de procedimientos estéticos “low cost”, la insuficiente regulación sanitaria y el vacío legal que permite operar a establecimientos clandestinos hasta que ocurre una tragedia.

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