A las 4:45 de la madrugada del viernes 16 de mayo de 2025, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, ejecutaron un cateo judicial en el domicilio del presidente municipal de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández, conocido como “El Yerbas”, en la zona céntrica de dicho municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla.
Durante el operativo, fue detenido su hijo, Tadeo Ramírez, quien funge como Director del DIF municipal y presuntamente estaría vinculado al delito de extorsión, según se desprende de los sellos colocados en la vivienda asegurada, los cuales llevan la leyenda:
“Inmueble asegurado FGEP/CDI/FEISE/EXTORSIÓN-I000166/2025”.
El alcalde no fue localizado en el sitio y se presume que escapó durante la madrugada. Hasta el momento, su paradero es desconocido.
Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE), lo cual indica que la indagatoria podría estar relacionada con redes de delincuencia organizada. A pesar del hermetismo oficial, se sabe que el cateo fue autorizado por un juez de control y tenía como finalidad el aseguramiento de pruebas relacionadas con el delito de extorsión.
Este hecho ocurre en un contexto de creciente intervención estatal y federal en municipios poblanos, en donde han sido cateados y asegurados domicilios de otros presidentes municipales. La semana pasada, la Fiscalía también realizó un cateo en el domicilio del alcalde de Cuautempan, donde fueron encontradas armas y drogas.
Antecedentes del alcalde Alfredo Ramírez
Alfredo Ramírez llegó a la presidencia municipal de Ahuazotepec en 2021, bajo la coalición PAN-PRD. Sin embargo, su carrera política ha estado marcada por hechos polémicos y antecedentes penales. El 7 de abril de 2020, cuando se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Bienestar en Chignahuapan, fue detenido por portar una escopeta sin el permiso correspondiente. La detención fue realizada por policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, en el municipio de Aquixtla, y fue puesto a disposición del Ministerio Público.
A pesar de ese antecedente, logró contender y ganar la presidencia municipal en el proceso electoral siguiente, lo que abre cuestionamientos sobre los filtros de candidaturas y la permisividad institucional en la designación de perfiles con antecedentes penales.