Congreso de Puebla avala reforma sobre feminicidio; Andrés Villegas impulsa homologación y plantea legislación de avanzada
En un movimiento legislativo que busca reconfigurar el combate institucional contra la violencia feminicida en México, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir la nueva Ley General en Materia de Feminicidio, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada localmente por la bancada de Morena, particularmente por el diputado Andrés Villegas Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo poblano.
La votación ocurrió el 23 de abril de 2026, fecha en que la minuta aprobada previamente a nivel federal comenzó su ruta de validación por los congresos estatales, requisito constitucional para su entrada en vigor. En Puebla, la respuesta fue inmediata: las y los diputados locales aprobaron el proyecto por unanimidad, enviando una señal política clara de respaldo transversal a una reforma que pretende unificar criterios jurídicos, fortalecer la persecución penal del feminicidio y homologar estándares nacionales de investigación, sanción y reparación integral del daño.
Durante la discusión en tribuna, Andrés Villegas Mendoza, quien habló en representación de la bancada morenista, sostuvo que la aprobación representa un momento de coincidencia legislativa en torno a uno de los delitos de mayor impacto social.
“Hoy el Congreso está unido en torno a la vida y la seguridad de las mujeres”, expresó textualmente el legislador.
La frase no es menor políticamente. En un contexto donde Puebla ha enfrentado fuertes cuestionamientos por violencia de género, desapariciones de mujeres y reclamos sociales por acceso efectivo a la justicia, el mensaje busca colocar al Congreso local como actor activo en la construcción de una nueva arquitectura jurídica contra el feminicidio.
La ruta jurídica: reforma constitucional primero, ley general después
Lo aprobado por el Congreso poblano no es todavía la Ley General en Materia de Feminicidio, sino la reforma constitucional que otorga competencia expresa al Congreso de la Unión para expedirla.
Ese paso es estratégico porque permitirá construir una legislación marco obligatoria para las 32 entidades federativas, con lineamientos nacionales sobre:
- tipificación homogénea del feminicidio,
- protocolos de investigación,
- estándares de judicialización,
- sanciones penales,
- reparación integral a víctimas indirectas,
- medidas de prevención institucional,
- y mecanismos de coordinación entre fiscalías, poderes judiciales y gobiernos estatales.
Una vez publicada la Ley General, cada Congreso estatal —incluido Puebla— estará obligado a armonizar su marco normativo, adecuando códigos penales, leyes de víctimas, protocolos ministeriales y marcos de prevención.
Eso fue precisamente lo que subrayó Villegas:
la responsabilidad de Puebla vendrá después, en la homologación local.
Julio Huerta mete presión: comisión especial en feminicidios
Dentro del debate legislativo emergió otro actor clave: el diputado morenista Julio Huerta Gómez, quien planteó la creación de una comisión especial en materia de feminicidios, propuesta que recibió respaldo abierto de Andrés Villegas.
La lectura política es relevante: Morena busca no sólo acompañar la narrativa nacional impulsada desde Palacio Nacional, sino también construir estructura legislativa local especializada para revisar leyes, generar diagnósticos, abrir mesas técnicas y robustecer la respuesta institucional frente a este delito.
Villegas respaldó esa visión con una declaración que abre la puerta a un proceso amplio de construcción normativa:
“Esto es demasiado importante para dejarlo en manos de una sola persona. Aquí necesitamos todas las voces, todos los equipos jurídicos, toda la voluntad de este Congreso trabajando juntos”, afirmó.
Ese mensaje también tiene destinatario interno: la discusión sobre feminicidio no quiere quedar encapsulada en una sola comisión, bancada o figura política, sino convertirse en agenda transversal del Congreso poblano.
El antecedente: Villegas ya había presentado una iniciativa propia
El posicionamiento de Andrés Villegas no surge de cero.
En diciembre de 2024, el legislador presentó una Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, una propuesta que incluye dos cambios de fondo:
1) Investigación automática como feminicidio
Plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio, eliminando márgenes de discrecionalidad ministerial en la clasificación inicial del delito.
Esto implicaría un cambio sustancial en actuación pericial, preservación de evidencia y construcción de carpetas de investigación.
2) Endurecimiento de penas
Propone aumentar la sanción penal por feminicidio de:
40 años → hasta 70 años de prisión
Lo anterior colocaría el delito dentro de los esquemas punitivos más severos del sistema penal mexicano.
El contexto: feminicidio como deuda estructural
El impulso legislativo ocurre en un país donde el feminicidio sigue siendo una deuda estructural del Estado mexicano.
Aunque las cifras varían según clasificación entre homicidio doloso de mujer y feminicidio tipificado, México mantiene niveles altos de violencia letal contra mujeres, mientras colectivos feministas han denunciado históricamente:
- subregistro,
- mala tipificación,
- impunidad ministerial,
- investigaciones deficientes,
- revictimización familiar,
- y sentencias insuficientes.
En ese contexto, la Ley General en Materia de Feminicidio podría convertirse en una reforma estructural comparable a las grandes leyes nacionales de desaparición o acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, siempre que su implementación no quede en discurso.
El mensaje político
Con esta aprobación, Puebla se alinea rápidamente a la agenda nacional de Claudia Sheinbaum en materia de género, mientras Andrés Villegas y Julio Huerta comienzan a posicionarse como operadores legislativos locales en una de las reformas más sensibles del sexenio.
El reto vendrá después:
pasar del voto unánime… a resultados medibles en justicia para las mujeres.
