Las víctimas trabajaban para la minera canadiense Vizsla Silver. El caso exhibe extorsión criminal, control territorial y una investigación marcada por el hermetismo de la FGR.
Cuatro de los diez trabajadores mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, fueron identificados oficialmente entre los cuerpos recuperados de una fosa clandestina localizada el 6 de febrero en la comunidad de El Verde, confirmaron fuentes forenses adscritas al Servicio Médico Forense de Mazatlán.
Las víctimas, quienes laboraban en yacimientos concesionados a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, habrían sido asesinadas por integrantes de una célula criminal que los interceptó cuando se dirigían desde su campamento hacia el área de trabajo.
Las víctimas identificadas
Tras pruebas de ADN y peritajes forenses, se confirmó la identidad de cuatro de los diez mineros desaparecidos:
- Antonio de la O Valdez, 36 años, originario de Chihuahua, supervisor ambiental
- Ignacio Aurelio Salazar Flores, 40 años, de Zacatecas, geólogo
- José Manuel Castañeda Hernández, 43 años, de Taxco, Guerrero, geólogo
- José Ángel Hernández Vélez, 38 años, de Zacatecas, ingeniero industrial
Los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Mazatlán, instancia que coadyuva con la Fiscalía General de la República (FGR), la cual mantiene bajo su control la investigación principal.
Desde el hallazgo de la fosa en El Verde, las autoridades federales no han precisado el número total de cuerpos localizados, lo que ha generado incertidumbre, especulación y una creciente presión por parte de familiares y colectivos de búsqueda.
Madres buscadoras que acudieron al sitio han señalado que elementos de la Guardia Nacional les mencionaron de manera informal que en el lugar habría “muchos cuerpos”, sin que hasta ahora exista un informe técnico público que confirme o descarte esta versión.
Esta falta de información oficial ha alimentado la hipótesis de que el sitio podría tratarse de un cementerio clandestino, en una región marcada por la presencia de grupos armados y el control criminal de actividades económicas estratégicas, como la minería.
Investigaciones periodísticas y testimonios recabados por autoridades internacionales apuntan a que Vizsla Silver habría sido víctima de un esquema de extorsión criminal, inicialmente con pagos mensuales de alrededor de 200 mil pesos, exigencia que posteriormente escaló hasta la mitad de la producción de la mina, en el contexto de la disputa interna entre facciones del crimen organizado en Sinaloa.
Al negarse la empresa a entregar parte del mineral, los secuestros de trabajadores habrían ocurrido como represalia, con exigencias de rescate que superarían los 10 millones de pesos por persona.
De acuerdo con la periodista María Idalia Gómez, existe un despliegue operativo internacional en el que participan autoridades de México, Canadá y Estados Unidos, ante la gravedad del caso y la posible implicación de redes transnacionales de extorsión.
Las investigaciones identifican a Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, como presunto jefe de plaza de una facción criminal en la zona de Concordia y Rosario, señalado como uno de los principales responsables del esquema de secuestros y cobro de cuotas, junto con su hermano.
Además, se investiga una posible colusión de autoridades municipales y estatales, quienes habrían permitido la operación criminal en una franja estratégica del estado, lo que abre una dimensión política e institucional del caso que aún no ha sido aclarada públicamente.
La postura de la empresa
Desde Vancouver, Canadá, el CEO de Vizsla Silver, Michael Konnert, emitió un comunicado en el que reconoció que algunos de sus trabajadores han sido encontrados sin vida, aunque aclaró que la empresa sigue a la espera de confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas.
La compañía aseguró que su prioridad es la localización de quienes continúan desaparecidos y el acompañamiento a las familias, mientras crece la presión internacional por esclarecer el caso.
