Previo a la movilización del Movimiento de Personas con Discapacidad, realizada el 6 de diciembre de 2025 en la capital poblana, una ex colaboradora de la diputada local Marisol Amieva, quien anteriormente formó parte del comité de personas con discapacidad de Morena, habría recibido una llamada telefónica con tono intimidatorio, presuntamente por su decisión de participar activamente en dicha marcha ciudadana.
De acuerdo con el testimonio de la afectada —integrante del movimiento y quien solicitó reserva de identidad por razones de seguridad emocional y política—, la llamada habría sido realizada por la propia diputada Marisol Amieva, y se caracterizó por gritos, reproches y una interrupción abrupta de la comunicación, sin permitir explicación alguna.
“En estos días recibí una llamada que me dejó profundamente inquieta. La persona que me habló lo hizo con voz fuerte, como un regaño, y antes de permitirme explicar mis motivos, simplemente colgó”, relató.
En su testimonio, la persona afectada subraya que su participación en el movimiento no responde a intereses partidistas ni protagonismos, sino a una trayectoria personal de décadas vinculada a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
“No me mueve el foco de atención ni el reconocimiento; lo único que quiero es ser protagonista de mi propia historia, una historia que busca abrir caminos donde aún faltan senderos claros”.
Según su versión, el reclamo habría estado vinculado a un cuestionamiento de lealtad política, concepto que la integrante del movimiento rechaza de fondo:
“Me hablaron de lealtad, por contribuir a otro proyecto, pero yo creo que la verdadera lealtad es hacia la misión de vida, no hacia intereses personales. No tengo color ni bandera”.
La llamada, añade, reabrió heridas emocionales, pero también reforzó su convicción de continuar:
“Reconozco que los gritos me sacudieron… pero también me hicieron reflexionar: la dignidad debe estar siempre por encima de la agresión. Nadie tiene derecho a descalificar o gritar a quien solo busca aportar”.
Pese a este episodio, decenas de personas con discapacidad y familiares marcharon el sábado 6 de diciembre desde Paseo Bravo hasta el Zócalo de Puebla, para exigir a los tres niveles de gobierno el cumplimiento de obligaciones básicas como:
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Accesibilidad universal
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Educación inclusiva
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Empleo digno
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Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad
La movilización formó parte de un movimiento nacional, organizado con meses de anticipación en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas desde 1992.
Sin embargo, el presunto episodio telefónico adquiere relevancia política debido a que Marisol Amieva ha construido parte de su narrativa pública en torno a la defensa de las personas con discapacidad, además de formar parte de este sector y ocupar una posición estratégica en el Congreso del Estado de Puebla, desde donde podría incidir directamente en políticas públicas.
No obstante, colectivos y familias han señalado omisiones concretas. Uno de los casos más sensibles es el de niñas y niños sordos del CAM Jean Piaget, quienes fueron reubicados al turno vespertino, pese a que en dicho horario no existe personal docente capacitado en Lengua de Señas Mexicana.
Padres y madres de familia han denunciado discriminación, acudieron al Congreso local y buscaron el respaldo directo de la diputada. Sin embargo, cuatro meses después, la situación no habría sido resuelta, y las y los menores ya habrían perdido medio ciclo escolar sin acceso pleno a su derecho a la educación.
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