En mayo pasado, la mujer viajó a la Ciudad de México y firmó dos convenios con la Cancillería y el Banco del Bienestar en representación de Banco Azteca: el primero era un “convenio de confidencialidad” –para reservar “toda aquella información a la que se tiene acceso en forma directa o indirecta, relacionada con aspectos comerciales, financieros, técnicos, operativos, legales, de logística” –; el segundo era el “convenio en materia de transferencia y administración de recursos”, que planteaba la dispersión del dinero de los programas sociales.
De acuerdo con estos convenios –que tiene Proceso–, los recursos provienen del “Fondo México”, un fideicomiso controlado por Ebrard y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), un organismo desconcentrado de la Cancillería dirigido por Laura Elena Carrillo Cubilla, una incondicional del canciller y de su proyecto político: ser presidente después de López Obrador.
Con Información de Proceso
