A raíz de la desaparición y el hallazgo del cuerpo sin vida de Debanhi, las calles han sido testigo de protestas para que se haga justicia. En medio de la impotencia, la tristeza, el enojo y la incertidumbre, nos cuestionamos sobre la violencia feminicida que arrasa como tsunami cada esquina del país.
MCCI
Apenas se cumplía un mes de la marcha del 8 de marzo cuando Debanhi Escobar, de 18 años, desapareció. En la marcha por el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres protestaban a través de mensajes como “mujer escucha: esta es tu lucha”, “no me mates”, “quiero llegar a casa”, “somos el grito de las que ya no tienen voz”, “quiero ser libre y no valiente”, “luchar hoy para no morir mañana”… La angustia detrás de estas protestas está condensada en la canción de Vivir Quintana, “a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen”.
“13 días aquí! ¿Cuántas veces estuvieron aquí?” fue una de las reacciones de Mario Escobar, padre de Debanhi, cuando el cuerpo sin vida de su hija fue encontrado por la Fiscalía del estado de Nuevo León el jueves 21 de abril, tras 13 días de búsqueda. El hallazgo fue en el interior de una cisterna de uno de los primeros lugares que revisaron las autoridades, según el fiscal del estado Gustavo Adolfo Guerrero: el motel Nueva Castilla, ubicado a pocos metros del lugar donde desapareció el 9 de abril, en Escobedo, Nuevo León.
El caso de Debanhi no es un caso aislado. Su desaparición ocurrió en un contexto de violencia feminicida y de desapariciones dominante tanto en la entidad como en el país. Su caso forma parte de una violencia sistémica evidenciada por el continuo incremento anual de carpetas de investigación por feminicidio en el país: Nuevo León se ha colocado como el quinto lugar con más feminicidios a nivel nacional; solo en lo que va de 2022, la entidad ha registrado 47 mujeres desaparecidas. A la fecha, más de 1,780 mujeres continúan sin aparecer. Lo anterior, sin olvidar que en México, 10 mujeres son asesinadas diariamente.
Al leer estos datos, recordemos que detrás de cada cifra existe una historia de vida completa de aquella hija, hermana, compañera o amiga que ya no regresó. La violencia actual es de tal magnitud, que hace eco a la crisis de la década de los noventa, la de las muertas de Juárez, una de las épocas más graves dentro de la problemática de asesinatos de mujeres por razón de género en el país.
¿Qué implicaciones y repercusiones tiene el que nos encontramos, no ante un caso aislado, sino ante un tsunami de violencia feminicida?
Para dar respuesta a esta pregunta se debe de atender a las diversas esferas que atraviesan este problema y comprender su relación. Por un lado, implica que como sociedad reconozcamos la crisis ante la cual nos enfrentamos; por el otro, implica que las autoridades no solo la reconozcan, sino que además actúen bajo una verdadera comprensión integral y total del fenómeno.
Pero, ¿a qué crisis nos referimos?, ¿a qué fenómeno? Con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que la situación de violencia machista que se ejerce contra las mujeres, no se vive de la misma manera por cada una de ellas y, además, aumenta, evoluciona y se complejiza. Al analizar casos de violencia contra la mujer (en cualquier modalidad, incluyendo la feminicida), se requiere diferenciar entre patrones. Ello se logra a través de la identificación de factores como la edad, el tipo de violencia ejercida, la región o área geográfica, los antecedentes, características del agresor, lugar de los hechos, situaciones de vulnerabilidad, modus operandi, uso y tipo de armas, entre otros. ¿Por qué resulta relevante lograr esta identificación y diferenciación? Porque permite detectar fenómenos criminales que, aunque compartan como núcleo un mismo delito (ej. feminicidio o desaparición), se diferencian entre sí conforme al patrón que les corresponde, derivado de una similitud de factores.
¿Cómo se traduce lo anterior en el contexto neolonés y qué relación tiene en la actuación de las autoridades? El contexto de desapariciones y feminicidios en Nuevo León responde a un fenómeno específico (sin que ello excluya el que otras entidades compartan fenómenos similares). Precisamente uno de los factores a considerar es la región en la que ocurren estos delitos. En consecuencia, las autoridades no pueden actuar como si se tratase de un fenómeno abstracto y general, sino que deben aterrizarlo al contexto de violencia que viven las mujeres en Nuevo León. Ello implica que establezcan medidas de actuación y políticas públicas que se adecúen, como una pieza de rompecabezas, a la situación específica que atraviesa la entidad. Pues, el estudio de casos de violencia contra la mujer demuestra que estos no se dan de la misma manera en una entidad y en otra, es decir, los patrones pueden diferir entre entidades fronterizas al norte, como Nuevo León, de aquellas al sur, como Chiapas, o de aquellas situadas en el centro como Ciudad de México.
Para comprender un poco más el contexto de Nuevo León, no podemos ignorar la presencia del crimen organizado en la entidad, como lo han señalado varias expertas en el tema, entre ellas la periodista Mariana Limón Rugerio. Si bien el crimen organizado está presente en no solo todo México, sino en gran parte de América Latina, su presencia no se materializa de la misma manera en cada región, sino que varía. En Nuevo León, por ejemplo, operan al menos cinco cárteles del crimen organizado (esta cifra es diferente en cada entidad federativa). ¿Ello impacta en la violencia feminicida? Definitivamente. Pues, el feminicidio también debe entenderse en relación con el uso de la violencia de género como herramienta para asegurar el estado, tal como sostiene Melissa W. Wright y como ha reportado Intersecta en «Las dos guerras», un informe en el que analizan el impacto de la “Guerra contra las drogas” en los homicidios de mujeres.
En lo que respecta a Nuevo León, tan solo en el periodo de enero a marzo del presente año, el 72% de feminicidios registrados se consideran ligados a la narcoviolencia en el estado. Además, al leer las notas sobre cómo se hallaron los cuerpos, se advierte que muchos de ellos han sufrido actos infamantes, degradantes, mutilaciones u otros actos severamente violentos y brutales como la calcinación o descuartización. Además, gran cantidad de ellos son abandonados en vías públicas, ya sea embolsados o desnudos, por nombrar algunos ejemplos. Este modus operandi solía verse mucho en muertes violentas de hombres a manos del crimen organizado, que ahora se ha trasladado al fenómeno feminicida y que además demuestra cómo la violencia no se ejerce únicamente en espacios y vínculos íntimos. Esta es solo una manera en la que podemos ejemplificar cómo el fenómeno de la violencia contra la mujer en Nuevo León está atravesada por otras violencias que no pueden ni deben ignorarse o deslindarse.
Con el objetivo de continuar visualizando la problemática como una violencia sistémica, se debe atender al hecho de que Nuevo León se posiciona como la cuarta entidad federativa con mayor número de registro de mujeres desaparecidas en todo el país (los principales municipios (en orden) son Monterrey, Juárez, General Escobedo y Guadalupe). Hasta abril de 2022, el 46.19%, es decir, casi la mitad de las personas desaparecidas en Nuevo León, son mujeres. Esto ocurre no solo en una entidad con un contexto de brutalidad ligado a la violencia feminicida y violencia del narco, sino también a la violencia sexual.
Conforme al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada, en México, el incremento de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres corresponde a utilizar la desaparición con fines de ocultar violencia sexual, feminicidio, reclutamiento y represalias, teniendo como objetivos, en muchos casos, la trata y explotación sexual. Por ello, no es coincidencia que las desapariciones se centren en mujeres jóvenes, tanto a nivel local como federal. Según las estadísticas, el rango de edad de mujeres desaparecidas tiene un drástico nivel de concentración entre los 10-24 años, principalmente entre los 15-19. Ello contrasta con las estadísticas de hombres desaparecidos que demuestran rangos de edad mucho más dispersos y sin una concentración tan específica. De lo anterior se desprende una intersección de violencias que sufren las mujeres y se abstrae otro factor que debe añadirse en el análisis del fenómeno dentro del contexto neolonés: la violencia sexual. Que, si bien no es exclusivo de la entidad, sí responde a su contexto: Nuevo Léon es el primer lugar a nivel nacional en incidencia delictiva de trata de personas.
Además, el mismo informe refiere que los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.73 % de los cuerpos no identificados. La problemática se agranda debido a que los servicios forenses son insuficientes, varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas. Además, estima que, actualmente se necesitarían 120 años para identificarlos.
La crisis ya descrita va acompañada de la inacción de las autoridades, de los fallos en sus actuaciones y de irregularidades en las investigaciones. Tal como ha sido denunciado por la ciudadanía en estos últimos días, a raíz de, no solo el caso de Debanhi, sino también de otros como el feminicidio de María Fernanda Contreras. Durante la búsqueda de María Fernanda, su familia denunció que, a pesar de haberle notificado a las autoridades la ubicación que arrojaba su teléfono celular, estas fueron omisas de acudir al lugar. ¿Qué pueden esperar las familias si cuando denuncian y exigen, las autoridades les responden diciendo que la mitad de los casos de desapariciones son por “no reportarse con sus papás”?
Es la apatía, el cinismo y la indiferencia lo que permite que las desapariciones y los feminicidios continúen en aumento. Además, en el entendido de que estamos ante un comportamiento sistémico y no ante un caso aislado, el conducirse sin perspectiva de género y sin una verdadera comprensión de la problemática, se traduce en impunidad, se traduce en que sean la familias las que realicen las brigadas de búsqueda, se traduce en que los responsables sigan en libertad, se traduce en fortalecer la percepción falsa de que la causa principal de las desapariciones de mujeres es por falta de comunicación, por rebeldía de las jóvenes y por una decisión voluntaria, como señaló el Fiscal General. En suma, la actuación equivocada de las autoridades se traduce en la justificación, normalización, prevalencia e impunidad de la violencia feminicida.
Si bien las exigencias ciudadanas y la presión mediática movilizaron a la Fiscalía hacia la búsqueda de Debanhi, en el transcurso fueron localizadas con vida 5 mujeres desaparecidas en Nuevo León, 4 de ellas menores de edad. Lamentablemente, Debanhi no fue hallada con vida y, conforme a la primera autopsia, se determinó que la causa oficial del deceso fue por contusión profunda de cráneo generada previo a que su cuerpo fuese introducido a la cisterna. A inicios de esta semana, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres atrajo el caso con base en la legislación penal de la entidad que, como en otras entidades, establece la obligación de investigar de oficio cualquier privación de la vida de una mujer bajo el delito de feminicidio. A pesar de que la presión mediática tuvo un rol importante para el hallazgo del cuerpo de Debanhi y de la localización de otras mujeres, no podemos dejar a un lado el impacto negativo que pueden llegar a tener los medios de comunicación, especialmente en casos de violencia contra la mujer. Pues, no solo pueden agravar la situación a través de la desinformación o la imposición de miedo, sino también mediante notas revictimizantes tanto para las víctimas directas como indirectas (familiares y otros vínculos cercanos).
Aún existen muchas dudas en torno al caso de Debanhi, ¿cómo llegó el cuerpo a la cisterna?, ¿por qué tardaron tanto en hallarlo?, ¿quién es el responsable? La Fiscalía aún no ha podido esclarecer los hechos y sus propias actuaciones han generado indignación en torno al papel de las autoridades en casos de desapariciones de mujeres. Así ha quedado evidenciado en las diversas manifestaciones que se han realizado no solo en Nuevo León, sino también en otras entidades,. como en la Ciudad de México, precisamente a raíz del caso de Debanhi con el cual resuenan muchos casos más de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio.
El rol de las autoridades, principalmente el de aquellas que forman parte del sistema de justicia, es fundamental. Ello va desde permitirle a las víctimas indirectas acceder a la carpeta de investigación, hasta esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen (como establece la Constitución mexicana). Es decir, como una institución que forma parte del sistema de justicia, lo mínimo que se le puede exigir es, precisamente, justicia.
¿Rebeldía y decisiones voluntarias? ¿Esa es la respuesta que da el titular del más alto cargo de la Fiscalía de Nuevo León? Si las propias autoridades no pueden entender la realidad que tienen la obligación de investigar y desarrollar sus funciones, si no están sensibilizadas en torno al tema, si no tienen perspectiva de género y peor aún, si ni siquiera creen en la magnitud de la violencia feminicida, ¿entonces qué podemos esperar del gobierno? La crisis amerita atenderse de manera urgente a través de políticas de prevención, de estrategias de seguridad, de generación de datos abiertos sobre la complejidad de las violencias, de programas de sensibilización y coordinación entre autoridades. Hace falta reparar el sentimiento de confianza que como ciudadanía deberíamos de tener hacia las autoridades.
Las olas de esta violencia mojan la vida de cada mujer en el país, con el miedo que las persigue no solo al salir de casa, sino también dentro de ella. Una de las peores expresiones de esta violencia es cada mujer en el país que no regresa. Las desapariciones y los asesinatos de mujeres por razones de género han existido siempre. Hoy, más que nunca, debemos exigir justicia y cero impunidad; debemos exigir hasta que vivamos libres y sin miedo.
Si tocan a una, respondemos todas. Nos queremos vivas. #NiUnaMás #NiUnaMenos
Estudiante de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey
La autora agradece las gráficas realizadas por Javier Martínez.