Sentencian al ex priista por violencia familiar; aún está pendiente el juicio por feminicidio de Cecilia Monzón.
Zavala podría recibir hasta 20 años de prisión por violencia familiar.
El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, marcó un punto de quiebre político e institucional al respaldar públicamente a la familia de Cecilia Monzón, tras la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento con Competencia Estatal que declaró culpable al ex diputado federal Javier López Zavala por el delito de violencia familiar.
El fallo judicial se dio a conocer el martes 27 de mayo de 2025, más de un año después del inicio del proceso penal que derivó de una denuncia por abandono de menor y falta de pago de pensión alimenticia, presentada por Cecilia Monzón en vida, y que solo avanzó formalmente después de su feminicidio, ocurrido el 21 de mayo de 2022.
#HistoriasDe JUSTICIA❗️Hoy el Tribunal de Enjuiciamiento dio sentencia condenatoria contra el priista, ex candidato a la gubernatura, Javier López Zavala, por el delito de violencia familiar contra la abogada y activista Cecilia Monzón y su hijo. La audiencia de… pic.twitter.com/khJqOeNjlf
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) May 27, 2025
El rompimiento político con Zavala
López Zavala, quien fuera candidato a gobernador por el PRI en 2010 y una de las figuras más visibles del priismo poblano durante las últimas dos décadas, fue compañero político de Alejandro Armenta cuando ambos militaban en el tricolor. Sin embargo, el actual gobernador dio un giro contundente: no sólo se deslindó públicamente, sino que su gobierno se posicionó institucionalmente al lado de la familia de la víctima.
La Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla, encabezada por Yadira Lira Navarro, emitió un comunicado oficial respaldando el fallo condenatorio y reconociendo la lucha de la familia Monzón por la justicia. En sus palabras:
“La Secretaría reafirma que la violencia contra las mujeres no debe quedar impune. Este acto representa un paso importante en el camino hacia la verdad y la reparación del daño”.
En relación al fallo emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento con competencia Estatal, en el caso Cecilia Monzón, la dependencia emite el siguiente comunicado. pic.twitter.com/g0EULbk5qF
— Secretaría de las Mujeres (@MujeresGobPue) May 28, 2025
Con ello, el gobierno de Puebla no solo legitima la exigencia de justicia, sino que reafirma un nuevo posicionamiento en el que los vínculos partidistas del pasado no intervendrán en los procesos penales vigentes, especialmente cuando se trata de delitos de género.
Un fallo esperado, pero que llega tarde
A pesar de que la denuncia por violencia familiar fue interpuesta por Cecilia Monzón antes de ser asesinada, el juicio comenzó formalmente hasta el 17 de abril de 2024, es decir, casi dos años después del feminicidio, y tres desde los primeros señalamientos públicos de omisión y violencia.
Este martes 27 de mayo, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la culpabilidad de Javier López Zavala, y fijó el 30 de mayo de 2025 como fecha para la audiencia de individualización de la pena, donde se determinará la condena final.
La pena máxima por el delito de violencia familiar es de 20 años de prisión, y esa es la solicitud expresa de la familia.
Helena Monzón exige pena máxima
Helena Monzón, hermana de Cecilia y principal vocera del caso, declaró que la familia sigue firme en su exigencia:
Veredicto: CULPABLE pic.twitter.com/sJx0nXX0KF
— Helena Monzón (@Helena_Monzon) May 27, 2025
En efecto, aún está pendiente el juicio por feminicidio, donde López Zavala está acusado como autor intelectual, y otros tres hombres como autores materiales del asesinato. Este proceso ha sido dilatado mediante recursos jurídicos presentados por su defensa, lo que ha impedido una sentencia hasta la fecha.
El caso Cecilia Monzón como símbolo de justicia feminista
Cecilia Monzón fue una abogada, activista y defensora de los derechos de las mujeres, ampliamente conocida por su denuncia constante de la violencia institucional y la impunidad en Puebla. Su asesinato se convirtió en un caso emblemático que movilizó a colectivas, organismos internacionales y a miles de mujeres, exigiendo no solo justicia, sino transformaciones profundas en los mecanismos de protección.
Desde entonces, su legado ha sido adoptado como una bandera por parte de organizaciones civiles y ahora también por el gobierno de Armenta, que busca construir una narrativa de ruptura con el pasado priista y de respaldo a las causas feministas desde el poder institucional.
