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EL SUEGRO DE ALFONSO DURAZO FUE ASESINADO CUANDO LO INVESTIGABAN POR NARCOTRÁFICO

Jorge Julián Chávez Castro, suegro de Alfonso Durazo, perteneció al círculo de confianza de dos gobernadores de Sinaloa vinculados a la narcopolítica. En 2003, tras su asesinato, las autoridades ocultaron un investigación en su contra.

Por Esteban David Rodríguez

 

EMEEQUIS.– La noche del lunes 17 de febrero de 2003, al volver a su casa en la colonia Guadalupe de la ciudad de Culiacán, el abogado Jorge Julián Chávez Castro, de 69 años, fue recibido con cuatro tiros de arma de fuego.

El perpetrador se escurrió en la oscuridad. El abogado quedó tendido en su cochera, junto a su Grand Cherokee blanca. Tenía un balazo en el costado izquierdo, el más grave de los tiros que le dieron. Pero seguía con vida. Alguien llamó a la Cruz Roja. Chávez alcanzó a pedir a los socorristas que le trasladaran a la Clínica Culiacán. Ahí intentarían salvarlo.

La unidad médica era pequeña y, según las crónicas de prensa, las calles colindantes se llenaron de una multitud. Había un enjambre de periodistas. Incluso hubo transmisiones en directo de radiodifusoras de la ciudad sobre la evolución de las circunstancias.

También había directivos y elementos de distintas corporaciones policíacas y un nutrido grupo de políticos y altos funcionarios del gobierno estatal. Entre estos, el alcalde de Culiacán, Enrique Hernández Chávez; el procurador general de Justicia de Sinaloa, Óscar González Mendívil; y hasta el gobernador, Juan Sigfrido Millán Lizárraga, quien se mantuvo en la acera durante las cuatro horas que duraron los esfuerzos médicos para salvar al abogado.

Pues la víctima era un connotado hombre del sistema en Sinaloa: notario desde 1959, alcalde de Culiacán (1977-80) por voluntad del gobernador Alfonso Genaro Calderón Velarde, y procurador general de Justicia (1981-85) en el gabinete de Antonio Toledo Corro. Además, apenas dos semanas atrás, Chávez había dejado su asiento en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Pero, sobre todo, el abogado era suegro de Alfonso Durazo Montaño, entonces secretario particular y vocero del presidente de la República, Vicente Fox Quesada. Años atrás, Durazo había contraído nupcias con Rocío Chávez Murillo, una de las hijas del exalcalde de Culiacán.

Jorge Julián Chávez Castro murió a las 11:30 de la noche de aquel lunes. Los médicos no pudieron contener su hemorragia.

EXPEDIENTE OCULTO

El gobernador Millán Lizárraga instruyó al procurador González Medívil para que las investigaciones fueran lo más expeditas posibles. Según el columnismo local, Millán esperaba una fuerte presión del gobierno federal, y específicamente de la Presidencia de la República, para el esclarecimiento del crimen, dada la posición de Durazo.

El mandatario sinaloense informó que los mejores agentes y peritos estaban asignados al caso. La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJES) recabó huellas digitales en las escena del crimen y encontró un testigo que logró ver al asesino, al que describió como un hombre joven que vestía un pantalón de mezclilla y una playera blanca, el cual habría salido de la propiedad todavía con la pistola en la mano.

El propio procurador Óscar González se puso en contacto con el subprocurador de Procedimientos Penales “C” de la PGR, José Jorge Campos Murillo, para que se efectuarán a nivel federal los estudios y cotejos balísticos de los casquillos percutidos y de la ojiva encontrada en el lugar de los hechos.

Incluso fueron interrogados dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que, por obra de la casualidad, se encontraban a menos de cien metros del lugar del ataque, pero “lamentablemente” no escucharon siquiera los disparos.

Las investigaciones continuaron por algún tiempo, pero conforme avanzaron las semanas y los meses, el tema desapareció de las primeras planas, luego de las páginas interiores y, al cabo, fue cubierto por un denso silencio.

Seis meses después del asesinato, el 8 de agosto de 2003, el periodista Javier Valdez, entonces corresponsal de La Jornada en Culiacán –asesinado, a su vez, en 2017–, reportó que la PGR investigaba a Chávez Castro por delitos contra la salud.

El subdelegado de Procedimientos Penales de la PGR, Cuauhtémoc Villarreal Martínez, quiso minimizar el tema: “Es un chisme”, dijo al reportero. Pero aceptó a fin de cuentas que el abogado era objeto de pesquisas federales.

De hecho, Jorge Chávez había sido citado a declarar en calidad de inculpado ante el Ministerio Público Federal, Adalberto González Escobar, adscrito a la Mesa N° 1 de Procedimientos Penales de la PGR, a las 13 horas del 6 de junio de 2002, siete meses antes de ser asesinado, según el oficio 1394/2002.

Al día siguiente, el procurador Óscar González Mendívil reconoció que estaba al tanto del expediente federal contra Chávez. También confirmó que la indagatoria sobre el asesinato se había turnado a la PGR porque dos de las líneas de investigación “apuntaban a delitos de orden federal”.

Aunque insistió en que desde un principio se había descartado que el crimen estuviese vinculado al narcotráfico.

Dicho en lengua franca, el gobierno del estado había ocultado a la opinión pública sinaloense el expediente de Chávez Castro, y se había ocupado de descartar institucionalmente cualquier relación del homicidio con el crimen organizado. 

Durazo hizo la guardia en el Jardín Juárez de Hermosillo. Foto: @AlfonsoDurazo.

NARCOPODER

Jorge Chávez Castro formó parte del círculo de confianza de dos gobernadores de Sinaloa: Alfonso Calderón Velarde y Antonio Toledo Corro.

En el del primero, Chávez Castro se codeaba con figuras temibles. Alfonso Calderón Velarde surgió en las frondas del cacique cosaleño Leopoldo Sánchez Celis, gobernador del estado entre 1963 y 1968, quien tenía entre sus escoltas al expolicía y narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.

Sánchez Celis promovió la carrera política de Calderón Velarde. Primero lo hizo alcalde de Ahome, después diputado federal y, finalmente, lo encumbró como líder de la Federación de Trabajadores de Sinaloa.

En 1975, Alfonso Calderón asumió la gubernatura del estado. Sinaloa se había convertido en territorio libre para el narcotráfico, con el coctel habitual de fortunas súbitas y violencia extrema.

El gobierno federal intervino. El 16 de enero de 1977 lanzó en Sonora, Chihuahua y Sinaloa la “Operación Cóndor”, descrita como “la más gigantesca batida contra el tráfico de drogas que se haya realizado en México”, con la participación de más de 10 mil militares y cientos de agentes judiciales.

En tierras sinaloenses hubo más de 2 mil detenidos, destrucción de plantíos y pistas aéreas clandestinas, incautaciones de droga y de cuantiosas cantidades de dólares.

Tres protagonistas del operativo en la entidad fueron Alfredo Reyes Curiel, subjefe de la Policía Judicial del estado; el general Ricardo Cervantes García Rojas, comandante de la 9a. Zona Militar; y el mayor Gustavo Sámano Velázquez, exinspector de policía en Guaymas, Los Mochis y Mazatlán.

Para marzo, Reyes Curiel y Sámano ya estaban muertos. A Reyes lo liquidaron en un suburbio residencial de Culiacán. Al mayor Sámano, en un crucero céntrico de la misma ciudad. Ambos cayeron en pleno día bajo ráfagas de rifles AK-47 y R-15.

Frente al féretro del mayor Sámano, en el Panteón Municipal de Culiacán, el general Cervantes prometió un combate más “intensivo” al crimen. “No será el temor ni el soborno los que nos hagan suspender la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia -dijo-, sólo el tableteo de una ametralladora con su mensaje de muerte nos podrá detener” (El Diario de Sinaloa, 28/03/1977).

El militar sospechaba que los asesinos de Sámano Velázquez se hallaban entre la gente cercana al gobernador Alfonso Calderón Velarde. Así que en los meses subsecuentes hizo desfilar por su cuartel de la 9a. ZM a varios funcionarios del gobierno estatal, a quienes sometió a interrogatorios.

Entre ellos, el procurador Amado Estrada Rodríguez, el director de Gobernación Jesús Calderón Ojeda, y secretario particular del gobernador, Samuel Escobosa Barraza.

Para el primero de mayo de 1978, Cervantes mandó traer al propio Calderón Velarde. Lo hizo escoltar por militares hasta sus cuarteles, después del desfile obrero. Y ahí lo interrogó.

La historia es relatada por un periodista cercano a los círculos del poder priísta sinaloense de esos años, José María Figueroa (Los gobernadores de Sinaloa, 1891 – 1996, Once Ríos Ediciones2000).

“Calderón creyó que sería una simple conversación; pero esto se convirtió en un largo y feroz interrogatorio”, relata Figueroa. El mandatario intentó irse, después de varias tazas de café, pero Cervantes no se lo permitió sino hasta después de dos horas.

Cinco días más tarde fueron detenidos tres escoltas personales del gobernador –Isidro Monge, Cutberto Meza y Ramón Benítez–, además de 12 agentes judiciales de la entidad. Fue la cuota pagada por Calderón.

Pero la vida tenía que seguir y el gobernador debía tomar decisiones de política electoral, que ya apremiaba. Dos meses después de aquellos acontecimientos, Calderón Velarde impuso a su asesor y operador político, Jorge Julián Chávez Castro, como candidato a presidente municipal de Culiacán.

LA GESTIÓN EN CULIACÁN

La gestión de Jorge Chávez en el ayuntamiento de Culiacán fue una extensión del gobierno de Calderón Velarde. En las calles de la capital sinaloense las balaceras eran constantes, pero la policía municipal no estorbaba.

El trienio arrancó con el asesinato del periodista Roberto Martínez Montenegro, corresponsal de Excélsior en Culiacán y columnista en El Noroeste. Se había especializado en temas de crimen organizado. Lo mataron policías judiciales.

“Era tal el ambiente de violencia que hasta los periodistas teníamos que andar armados”, relató el reportero Francisco Arizmendi, colaborador de de Martínez Montenegro, a Carlos Moncada (Periodistas asesinados, 1991).

El delegado de la PGR fue señalado como autor intelectual.   La averiguación no prosperó. Un año después fue asesinado José Guadalupe Mendívil, de El Diario de Culiacán.  Las sospechas apuntaban al gobernador Alfonso G. Calderón y el comandante de la policía, Guillermo Casillas Romero. 

En las calles de la capital sinaloense se consolidaban generaciones de narcotraficantes y pistoleros que muy pronto darían forma al Cártel de Sinaloa.

El 15 de septiembre del mismo año de 1978, Pedro Avilés Pérez  cayó asesinado en una emboscada militar en Culiacán. La muerte del llamado “león de la sierra”, líder del grupo delincuencial del Pacífico, dio paso al encumbramiento de Miguel Ángel Félix Gallardo, que hasta entonces era el número dos de la organización y vínculo con la clase política.

En ese periodo, tanto Joaquín Guzmán Loera como los hermanos Arellano Félix todavía trabajaban para Félix Gallardo. Después, se escindirían. Guzmán Loera se quedaría en Culiacán con el Cártel de Sinaloa y los Arellano harían base en Jalisco, fundando el Cártel de Guadalajara. 

Actualmente Durazo busca ser gobernador de su estado natal. Foto: @AlfonsoDurazo.

UN PROCURADOR CON LA CONCIENCIA TRANQUILA

El gobierno de Antonio Toledo Corro en Sinaloa transcurrió bajo la sospecha de vínculos con el crimen. Específicamente se le acusaba de dar protección a la organización de Félix Gallardo.

En abril de 1986, la revista Proceso publicó una entrevista de Francisco Ortega Pizarro con el periodista Odilón López Urias, quien acusaba del asesinato de su hijo, Héctor Odilón López, a  Antonio Toledo Félix, hijo del gobernador.

El texto describe así al “junior”: “A Tony Toledo Félix se le conoce como traficante de armas, de drogas, de mariscos y de autos. Su mamá, Dora Félix, es prima hermana del conocido narcotraficante Miguel Angel Félix Gallardo, compadre a su vez del gobernador”.

El propio gobernador hacía alarde de riqueza. De todas sus posesiones, era su orgullo el rancho Las Cabras, en el municipio de Escuinapa, una propiedad de 7 mil hectáreas, con 25 kilómetros de playa privada en aguas del Mar de Cortés. La propiedad tenía la casa del casco, la de playa, lienzo, caballerizas, albercas, lagos artificiales. Y pista de aterrizaje, pues Toledo Corro poseía dos jets privados. (Proceso, 5/11/1983)

El historiador Héctor Aguilar Camín relata que ahí escondió a Félix Gallardo cuando este huía de la agencia antidrogas de Estados Unidos, (DEA), en un momento estelar de la carrera criminal del capo:

“Llega a un oscuro esplendor con el gobierno de Antonio Toledo Corro (1981-1986), en cuyo rancho Las Cabras Félix Gallardo se refugia para eludir la cacería que se desata sobre su imperio a raíz de los asesinatos del agente de la Drug Enforcement Agency, Enrique Camarena Salazar, y de su piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar, en Guadalajara, en febrero de 1985. El agente y el piloto son muertos en sangrienta tortura por el ahijado, socio y protegido de Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, quien venga en sus prisioneros la pérdida de una cosecha fabulosa de mariguana, denunciada por Camarena, a quien Caro trata como delator”. (Narco Historias Extraordinarias, Nexos, 1/05/2007).

No obstante, el gobernador odiaba que le hablaran de crimen organizado. Según el periodista  sinaloense Jorge Luis Téllez, cuando eran más graves las denuncias, el secretario general de Gobierno, Eleuterio Ríos Espinoza,  llevó ante Toledo Corro a dos prestigiados abogados culiacanenses, Eduardo Urrea y Jorge Raúl Gil Leyva; éste último, hijo de Francisco Gil Leyva, “de todos los afectos del entonces gobernador”.

Presentaron a Toledo un escrito en el que denunciaban “las conductas de algunos de sus colaboradores, sobre quienes pesan muy serias sospechas de mantener una relación abierta y continua con la delincuencia organizada de Sinaloa”.

Toledo Corro reaccionó iracundo. Les dijo: “A mí, señores, no me vengan con cosas. Esto que ustedes están haciendo es una acusación muy seria. Si están tan seguros de lo que dicen, tráiganme pruebas, una sóla, y yo sabré actuar en consecuencia; pero quiero pruebas, no solo sospechas o especulaciones”.

El sexenio de Toledo Corro cerró con más de 6,500 homicidios en Sinaloa (El Financiero, 6/07/2018).

En el vórtice de aquel huracán estuvo Jorge Chávez Castro, procurador de Justicia en el gabinete de Toledo Corro, y suegro de Alfonso Durazo.

Mientras la Procuraduría de Justicia callaba ante negocios y complicidades de los colaboradores del gobernador, el crimen sometía a la sociedad sinaloense.  Jóvenes vinculados a la mafia asolaban Culiacán. Secuestraban. Violaban. Mataban.

Se desataron los secuestros de comerciantes, funcionarios, y hasta de “esposas de diputados e industriales”, frente a lo cual la policía judicial del estado “nada puede hacer”, según declaró el propio procurador Chávez Castro ( Patrullas del Ejército vigilarán Sinaloa, ante la creciente ola de violencia que sufre la entidad, El Universal, 29/05/1984).

Uno de los casos más sonados fue el de una adolescente secuestrada  por un grupo de narcotraficantes “juniors” en Culiacán. La víctima era hija, al parecer, de un connotado personaje de la sociedad culiacanense, que se mantuvo en el anonimato. La Procuraduría de Justicia trató de meter las manos lo menos posible.

Indignado ante los acontecimientos, José Angel Sánchez López, director de El Debate de Culiacán entre 1975 a 1985, confrontó de manera personal al Procurador por su actitud. Años después contó al tesista Rober Nery Córdova Solís los detalles de ese encuentro. (La narcocultura en Sinaloa, tesis doctoral, UNAM, 2005).

El periodista cuestionó al suegro de Durazo por sus omisiones en la Procuraduría. Chávez Castro respondió:

Mira sabíamos dónde estaba la muchacha secuestrada. Pero si yo concentro a toda la Policía Judicial Estatal y les digo: “Vamos a tomar la casa de este amigo y a rescatar a la muchacha”, en ese momento me matan, ahí mismo, mis propios agentes…

Sánchez López no podía creerlo. Entonces le reclamó:

 –¡Qué pasa contigo! ¿Por qué no renuncias al cargo?

 –Ya he renunciado y no me aceptan la renuncia –contestó el funcionario.

 –No concibo que una persona deba permanecer por la fuerza…

Pero el Procurador insistió:

 No estoy loco ni soy suicida…

Tras dejar el servicio público, el abogado Jorge Chávez Castro repetía como un karma a todo el que quisiera escucharlo: “El que nada debe nada teme… Tengo la conciencia tranquila”.

Acta de empresa en la que aparece el nombre de Chávez Castro.

SOCIEDAD CONYUGAL Y COMERCIAL

Durazo entró en contacto con los grupos políticos culiacanenses a través de Heriberto Galindo Quiñones, su primer padrino político.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, Galindo Quiñones dirigió el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA). Durazo era subdirector de Comunicación Social de la secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), que encabezaba Carlos Salinas de Gortari.

En 1983, Galindo Quiñones incorporó a Durazo a su estructura del CREA. Le dio tres direcciones, una por año, de mayor responsabilidad cada vez: director de Comunicación Social, director de Delegaciones, y director de Coordinación con Organizaciones Juveniles.

En 1985, Galindo recomendó a Durazo con Enrique Jackson, otro de los personajes emblemáticos del priísmo sinaloense, quien lo hizo subdelegado de Cuauhtémoc, demarcación del gobierno del Distrito Federal.

Fue en aquella época cuando Alfonso Durazo contrajo nupcias con Rocío Chávez Murillo, una de las hijas del procurador Jorge Chávez Castro. La pareja se estableció en Culiacán.

Alfonso Durazo Chávez, primogénito del matrimonio, y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, llamado “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa, habían sido compañeros de curso en sexto grado, en un colegio privado culiacanense, según difundió la periodista Lourdes Mendoza en diciembre de 2019.

Unos años después las familias Durazo y Chávez ya hacían negocios conjuntos. En 1997 fundaron la empresa Inmobiliaria Alta Sierra, en la que eran socios Alfonso Durazo Chávez, hijo del candidato morenista al gobierno de Sonora; y las cuñadas de este, Gabriela e Irene Chávez Murillo. El propio abogado Jorge Chávez Castro era comisario de la sociedad. Y Durazo Montaño fue nombrado administrador general en 2004.

En abril de 2018, el diario El Financiero documentó que dicha empresa había comprado en 2012 una propiedad a Amado Carrillo Barragán, hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, llamado “El Señor de los Cielos”, en Bahía de Kino, Sonora.

Carrillo Barragán, originario de Guadalajara, Jalisco, “estuvo asesorado en todo momento por Gabriel Mendoza Gutiérrez, su apoderado y representante legal para pleitos y cobranzas”, reseñó el diario.

Durazo respondió que fue una operación efectuada “de buena fe, y con  el señor Gabriel Mendoza, no con ningún Amado Carrillo”.

No era la primera vez que vincularon a Durazo con personajes de la mafia. En 2015 se reveló que Durazo había sido investigado por la PGR por haber llevado a Nahum Acosta Lugo a trabajar en Los Pinos.

Acosta Lugo fue coordinador de Giras de Vicente Fox y en 2005 se reveló que transmitía información sobre la logística presidencial al Cártel de Sinaloa, desde 2001.

Hace poco se filtró en redes sociales un oficio que supuestamente forma parte de las comparecencias del general Salvador Cienfuegos ante una Corte de Distrito de Nueva York, del año pasado.

Según el documento, el exsecretario de la Defensa Nacional habría declarado que “existe un vínculo económico y de concesiones entre funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (…) con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

El candidato de Morena al gobierno de Sonora reaccionó señalando que no respondería a “campañas negras”.

 

@estedavid

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