En los 10 años que lleva concesionada el agua en Puebla, Concesiones Integrales (Agua de Puebla) ha pagado al gobierno del estado 852 millones de pesos, pero estos representan apenas la mitad de los ingresos que obtiene la empresa en solo un año.
Esto significa que el consorcio que tiene el servicio se ha quedado con los ingresos de nueve años y medio, con los cuales debía cumplir su obligación de invertir en infraestructura 3 mil 800 millones de pesos.
Al comparecer este miércoles en el Congreso del estado, el director de Agua de Puebla, Héctor Durán Díaz, confesó que no se ha cumplido con dicha obligación, aunque resta mes y medio para que venza el plazo de diez años que se le concedió a la empresa.
Esto a pesar de que dicho plazo es una prórroga, ya que al recibir la concesión en diciembre de 2014, la compañía se comprometió a invertir dicha cantidad en los primeros tres años de operación.
No obstante, al cumplirse los tres años, el Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) accedió a realizar un convenio modificatorio al título de concesión para extender el plazo de 3 a 10 años.
Ante legisladores de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, el titular de Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz, quien igual compareció este día, defendió que la concesionaria ha cumplido con sus obligaciones esenciales, aunque reconoció que existen constantes quejas contra el servicio.
Al fungir como órgano de vigilancia, dijo que el Soapap ha acreditado algunas denuncias que han derivado en dos despidos de empleados de Agua de Puebla y multas por 2 millones de pesos en diez años, aunque no supo detallar cuáles han sido las faltas sancionadas.
Aunque legisladores tuvieron la posibilidad de cuestionar a Durán Díaz y Gaytán Alcaraz, durante la comparecencia fueron condescendientes y, al salir del Congreso, ambos directivos evadieron a la prensa.
