Gerardo Mérida comparece en Nueva York: juez advierte que hay evidencia “abundante” y anticipa más acusados en el caso Rocha Moya
La trama judicial que amenaza con sacudir al círculo político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comenzó formalmente este lunes en una de las cortes federales más importantes de Estados Unidos.
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció ante la jueza Katherine Polk Failla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta tres cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas por presuntos vínculos con la facción criminal de Los Chapitos.
La audiencia duró apenas 15 minutos, pero dejó una frase que encendió las alertas políticas: la jueza aseguró que la evidencia en contra del exfuncionario es “abundante” y adelantó que podrían llegar más acusados al proceso.
“Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, señaló la juzgadora durante la diligencia.
El primer funcionario en entregarse
Mérida Sánchez se convirtió en el primer integrante del grupo de diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos que decide presentarse ante la justicia norteamericana.
El exsecretario cruzó voluntariamente a Estados Unidos el pasado 11 de mayo y cuatro días después fue formalmente ingresado al sistema judicial federal.
Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad donde también se encuentran personajes como el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Rafael Caro Quintero y otros acusados de alto perfil.
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Acusaciones que podrían llevarlo a cadena perpetua
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Mérida Sánchez habría recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares por parte de Los Chapitos a cambio de brindar protección institucional.
Las acusaciones sostienen que entre 2023 y 2024 utilizó su posición como secretario de Seguridad Pública para alertar a integrantes de la organización criminal sobre operativos en laboratorios clandestinos y casas de seguridad.
Según la investigación, el exfuncionario habría informado con anticipación sobre al menos diez operativos, permitiendo que integrantes del grupo criminal retiraran drogas, armamento y personal antes de la llegada de las autoridades.
Los cargos que enfrenta son:
- Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer armamento y dispositivos destructivos.
Si fuera declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión e incluso cadena perpetua.
La sombra de Rocha Moya
Aunque en esta etapa procesal no se discutió el fondo de las acusaciones, el caso mantiene especial relevancia porque Mérida Sánchez formó parte del círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también señalado por autoridades estadounidenses.
El expediente presentado por el Departamento de Justicia incluye a diez funcionarios y exfuncionarios de la administración sinaloense, entre ellos Rocha Moya, quienes presuntamente habrían mantenido vínculos con la facción criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Hasta ahora, ninguno de los demás señalados ha comparecido ante cortes estadounidenses.
¿Puede convertirse en testigo colaborador?
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que Mérida Sánchez aún tiene abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía estadounidense.
Este tipo de acuerdos suelen contemplar reducciones de condena a cambio de información útil para las investigaciones.
La propia fiscalía solicitó recientemente más tiempo para continuar conversaciones entre las partes, situación que alimenta las especulaciones sobre una eventual cooperación del exfuncionario.
De concretarse un acuerdo, el general retirado podría aportar información sobre otros personajes presuntamente involucrados en la red investigada por Estados Unidos.
Próxima audiencia en agosto
La jueza Katherine Polk Failla otorgó un plazo de 60 días para que la defensa analice la evidencia presentada por los fiscales.
La próxima comparecencia quedó programada para el 4 de agosto de 2026, fecha en la que podría conocerse si existen avances hacia un posible acuerdo o si el proceso avanzará rumbo a juicio.
Por ahora, la comparecencia de Gerardo Mérida Sánchez representa apenas el primer capítulo de una investigación que podría escalar hacia otros funcionarios vinculados al gobierno de Sinaloa y convertirse en uno de los casos políticos más sensibles para Morena en el actual sexenio.
