El crimen financiero del huachi-diésel se esconde en los fideicomisos de inversión de CFEnergía, una Comisión Federal paralela que permite ocultar deudas, sacar proyectos estratégicos de los estados financieros y evadir el escrutinio público de la ASF
Por Rodrigo Carbajal / Código Magenta
Desde que se hizo cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett hizo cortocircuito con el negocio del gas: denunció a tres compañías multinacionales por supuestos “contratos leoninos” en la construcción de gasoductos; promovió una demanda internacional en una corte federal de Texas contra el principal proveedor extranjero de gas de la paraestatal y aplazó el desarrollo de nuevos gasoductos necesarios para hacer frente a la crisis de apagones en la Península de Yucatán y la Península de Baja California.
Bartlett cerró la llave del gas, pero abrió la llave del huachi-diésel. No importó que el costo de generación a partir del diésel sea hasta diez veces más caro que el del gas natural. Las decisiones que tomó el director de la CFE al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hoy representan una lucrativa oportunidad para que intermediarios oscuros vendan combustible de contrabando a CFEnergía SA de CV por miles de millones de pesos. El crimen financiero del huachi-diésel se esconde en los fideicomisos de inversión de la subsidiaria privada de la CFE, una Comisión Federal paralela que permite ocultar deudas, sacar proyectos estratégicos de los estados financieros y evadir el escrutinio público de la Auditoría Superior de la Federación.
El negocio del huachi-diésel se explica de la siguiente manera: la CFE gastó 2,500 millones de dólares para construir cuatro centrales de ciclo combinado para resolver el déficit energético de la Península de Yucatán y de la Península de Baja California. Las plantas ya fueron construidas, pero no han entrado en operación porque la oficina de Bartlett no gestionó la construcción o ampliación de los gasoductos Puerta al Sureste, Mayakán y Centauro del Norte. Los proyectos no estarán terminados por lo menos hasta 2027, en el mejor de los casos. Sin gas no hay electricidad.
Mientras tanto, regiones completas del país se enfrentan a escenarios inminentes de apagones. Como medida de emergencia, la CFE licitó la instalación temporal de cientos de turbinas portátiles de diésel para poder habilitar las centrales de ciclo combinado. En marzo de 2025, CFEnergía firmó un contrato de 2,642 millones de pesos con Mejicali Turbine Energy, una empresa creada apenas en agosto de 2023 por el empresario Jorge Alberto Bonilla. El documento revela la intención de abrirle la puerta de la CFE a los ‘brokers’ del huachi-diésel que introducen ilegalmente el combustible a México con la complicidad de la Agencia Nacional de Aduanas. CFEnergía se comprometió a pagarle 9.2 millones de pesos diarios a Mejicali Turbine Energy por el concepto de “suministro de combustible”. El contrato estipula que la empresa de Jorge Alberto Bonilla tiene la facultad para obtener el diésel de manera independiente. El negocio no sería posible sin la política que desplazó al gas para darle entrada al huachi-diésel.
La estrategia fue diseñada por un selecto grupo de altos funcionarios que fungen como operadores directos no sólo de Manuel Bartlett, sino de su pareja, Julia Abdalá, quien es señalada por fuentes cercanas al caso como la arquitecta detrás de los negocios paralelos de la CFE. El periodista Darío Celis reportó que Abdalá jugó un papel crucial en las adjudicaciones directas para la construcción de las centrales de ciclo combinado de San Luis Río Colorado, González Ortega-Mexicali, Valladolid IV, Mérida IV y Tuxpan. Cuatro de estos cinco proyectos son fundamentales para el negocio del huachi-diésel.
Además, las plantas se desarrollaron bajo el paraguas corporativo de CFEnergía, mediante un Fideicomiso Maestro de Inversión. El operador financiero de los proyectos fue Miguel Reyes, el director de la subsidiaria privada de CFE durante la administración de Manuel Bartlett. Al igual que el ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Reyes es poblano. El funcionario tenía acceso directo a Abdalá y participaba en las reuniones en las que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador era informado sobre los avances de las obras prioritarias del sector eléctrico. Actualmente, Reyes despacha en el gabinete de la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, quien en el sexenio anterior fue cuestionada por como secretaria de Energía por presuntos desvíos de la refinería de Dos Bocas.
La mano derecha de Miguel Reyes en la Comisión Federal de Electricidad era Axel Rodríguez Batres, ex director de Operaciones de CFEnergía y sobrino de una de las figuras más poderosas de la 4T, el actual director del ISSSTE, Martí Batres. El triunvirato de funcionarios afines a la pareja Bartlett-Abdalá se complementa con Miguel López López, el ex director de Abastecimiento de la CFE, un actor clave en las adjudicaciones de servicios de las plantas de ciclo combinado.
De manera externa, el ex director de Pemex PMI Holdings, José Manuel Carrera Panizzo, habría asesorado a Julia Abdalá en los aspectos fénico-financieros de las operaciones. Paradójicamente, Carrera Panizzo fue inhabilitado como funcionario en el sexenio de López Obrador por su papel como artífice de la venta fraudulenta de Agronitrogenados a Pemex en tiempos de Emilio Lozoya.
La red Bartlett-Abdalá ha enfrentado serios cuestionamientos por negocios imposibles de comprender en la CFE. En 2021, Miguel Reyes avaló la asignación de 136 millones de dólares para la compra de 780 mil toneladas de carbón mineral térmico a una empresa sin experiencia, Troy T&D. Todo se procesó a través de CFEnergía.
A pesar de ello, podríamos estar frente a una red de corrupción mucho más significativa. El potencial del negocio ilegal del huachi-diésel es monumental. Mejicali Turbine Energy, una empresa de reciente creación que ha incurrido en incumplimiento de los plazos del contrato, recibirá 1,447 millones de pesos por suministrar combustible a cuatro puntos de interconexión de unidades generadoras en la Península de Yucatán durante 157 días. El contrato con CFEnergía estipula que la compañía de Jorge Alberto Bonilla deberá cumplir con una capacidad neta garantizada de 120 megavatios.
Pongamos las cosas en perspectiva: en total, existen 31 unidades generadores de electricidad con capacidad de 1,856 megavatios en la Península de Yucatán. En Baja California y en la central de San Luis Río Colorado, el número de unidades que operan con diésel y derivados es de 77 con una capacidad de 1,800 megavatios. Son las dos zonas que requieren el servicio de emergencia. Pero, en el resto del país, hay 112 unidades generadoras de este tipo por una capacidad de más de 11 mil megavatios. Es decir, la magnitud del negocio del huachi-diésel es gigantesca. El contrato de Mejicali Turbine Energy es apenas la punta de un iceberg diseñado en el despacho de Manuel Bartlett. Esto sin considerar que es altamente probable que la renta de turbinas de diésel exceda el tiempo esperado de 157 días.
Estamos frente a un nuevo nivel en la trama del huachicol fiscal, un negocio que ni siquiera el operador original del contrabando de combustible, Sergio Carmona, se atrevió a soñar. Veamos la evolución: La estructura del empresario tamaulipeco financió campañas políticas de Morena. La red de Mefra Fletes y la familia Jensen aportó recursos a las actividades paramilitares de los cárteles (de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos). Ahora, el entramado del huachi-diésel vuelve cómplice del desfalco a la empresa eléctrica paraestatal del Estado mexicano.
Retomando el punto original, esto no habría sido posible sin la política de desplazamiento del gas de la Comisión Federal de Electricidad operada por la red Bartlett-Abdalá. Es un caso lleno de contradicciones. Las empresas acusadas de firmar “contratos leoninos”, Carso y TC Energy, ahora están a cargo de construir los gasoductos necesarios para que funcionen las plantas de ciclo combinado en Yucatán y Baja California: los proyectos Puerta al Sureste y Centauro del Norte. En 2019, Bartlett acusó que la subutilización de los gasoductos implicaba un desfalco a la CFE. En el caso del gasoducto de 4,500 millones de dólares desarrollado por TC Energy, la empresa paraestatal deberá pagar alrededor de 600 millones de dólares al año hasta que se concluya la interconexión que permita echar a andar el proyecto.
Otra muestra de la contradicción: en 2021, la oficina de Bartlett contrató un investigador privado para promover una demanda contra el ex director de CFEnergía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Guillermo Turrent, por haber entregado presuntos contratos favorables a Whitewater Midstream LLC, una compañía texana que fungía como el principal proveedor extranjero de gas de la CFE. Bartlett denunció ante una corte federal de Texas que le adjudicaron servicios por cientos de millones de dólares a esta firma. Como comparación, en 2025, CFEnergía firmó un contrato con Mejicali Turbine Energy por alrededor de 132 millones de dólares.
López Obrador y Bartlett prometieron que en algún punto desparecería CFEnergía. Sucedió lo contrario: la convirtieron en el epicentro de una estructura multimillonaria de huachi-diésel.
