El huachicol se ha consolidado como delito estructural anclado a los corredores productivos del País. Persiste en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Coahuila y Estado de México, en rutas donde coinciden ductos, autopistas, nodos ferroviarios, refinerías y polos industriales.
El robo de combustibles a Pemex se mantiene como una actividad criminal estructural en México pese a operativos militares, inversiones tecnológicas y ajustes regulatorios.
Huachicol fiscal, tecnificación y opacidad
En paralelo, el término “huachicol” se expandió del drenaje físico de ductos al fraude fiscal en aduanas.
El llamado huachicol fiscal consiste en importar gasolinas y diesel haciéndolos pasar por aditivos o lubricantes para evadir el IEPS y el IVA.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va de la actual Administración, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) registró 66 incidencias de presunto huachicol fiscal en aduanas del norte del País.
Los hallazgos corresponden al ingreso ilegal de un volumen total de 3 millones 485 mil 85 litros de hidrocarburos, con un valor declarado de 31 millones 946 mil 448 pesos.
Los hidrocarburos detectados son aceite diésel gasóleo, gasolina, diésel, aceite ligero liviano, aceite lubricante, diésel bajo en azufre, mezcla de diésel y nafta ligera, así como aceite diésel.
El pasado 9 de octubre, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el Secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que existen querellas en curso por un monto total de 16 mil millones de pesos relacionadas con casos de contrabando y facturación ilegal de combustibles.
Este esquema ya involucra a redes empresariales y mandos militares, en 2025 fueron detenidas 14 personas, entre ellas elementos de Marina, señaladas por integrar una estructura de contrabando ligada a un vicealmirante con conexiones políticas.
En 2018, último año completo del gobierno de Peña Nieto, Pemex detectó casi 15 mil tomas clandestinas, el pico histórico de ese sexenio.
Tras el cierre de ductos y el despliegue militar de 2019, las cifras bajaron temporalmente, pero repuntaron: en 2022 se registraron 13 mil 946 perforaciones y en 2023 el país rompió un nuevo récord con 14 mil 890 tomas, 6.7 por ciento más que el año previo.
En 2024 se documentaron 10 mil 396 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos.
La nueva Administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum eliminó de manera oficial el apartado “Desvío de hidrocarburos” del Informe diario de Seguridad, información que daba a conocer el robo de combustible a Pemex, principalmente en su red de ductos.
Hasta el último día de la gestión de López Obrador, el Gobierno informó que cada día eran ordeñados 4 mil 700 barriles diarios del sistema de distribución de Pemex, un promedio diario que se mantuvo desde 2023.
Más allá de las cifras, el huachicol se ha consolidado como delito estructural anclado a los corredores productivos del País. Persiste en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Coahuila y Estado de México, en rutas donde coinciden ductos, autopistas, nodos ferroviarios, refinerías y polos industriales.
Las bandas se tecnifican, diversifican combustibles (gasolina, diesel, gas LP) y combinan el robo físico con el fraude fiscal, mientras la violencia alrededor de estas rutas se intensifica, desde homicidios y confrontaciones armadas hasta explosiones fatales y desplazamientos comunitarios.
Un cuarto de siglo después de las primeras alarmas oficiales, el mapa del huachicol sigue casi intacto. Los ductos cambian de presión, se modernizan las válvulas, se despliegan soldados y se anuncian operativos especiales, pero la ordeña continúa: más sofisticada, más violenta y con más puntos de extracción que nunca.
‘Pemex sabe dónde está la ordeña’
En 25 años Pemex ha permitido que el huachicol se convierta en una industria paralela, afirma Rubén Choreño, líder sindical petrolero y disidente a la cúpula de ese gremio.
“Durante un cuarto de siglo, la ordeña de ductos se mantuvo como una economía criminal que avanzó dentro de Petróleos Mexicanos con complicidades internas, autoridades omisas y un aparato sindical que terminó por proteger a quienes se aprovecharon de la empresa. El huachicol no es un problema externo, llegó para quedarse, porque hubo quien permitió que creciera”, dice en entrevista el trabajador de base de Pemex por más de cuatro décadas.
“Pemex sabe dónde están los ductos, sabe dónde están las fugas, sabe dónde se perfora, y aun así la empresa dejó de atenderlas. No por incapacidad técnica, sino por intereses creados”.
Choreño, quien se asume como dirigente legal del sindicato petrolero, indica que a partir de los años 2000, llegaron a Pemex grupos sin vocación productiva, interesados en sacar provecho económico de posiciones estratégicas y en negociar con el sindicato para permitir el saqueo sistemático de combustibles.
Señala a líderes históricos y a redes que, asegura, encontraron en los ductos un negocio continuo, tecnificado y protegido.
“No llegaron pensando vamos a trabajar para una empresa y vamos a hacer que engrandezca. No, vamos a trabajar en esta empresa y vamos a aprovecharnos de lo que ella nos puede dar”.
Expone que la corrupción interna coincidió con la capacidad técnica para operar las perforaciones.
“Las tomas clandestinas proliferaron porque quienes conocían los ductos, las presiones, las válvulas y los flujos dejaron de trabajar para la empresa y empezaron a trabajar para sí mismos”, considera.
Opina que la estructura directiva y sindical abrió las puertas al robo organizado y que, incluso con la modernización del sistema de monitoreo, no hubo voluntad de cortar el fenómeno.
“Aún habiendo un programa tan especial para detectar las fugas como es el SCADA -un software de monitoreo de flujos, presiones y variaciones- que permite identificar en tiempo real dónde hay una fuga, cuánta presión pierde un ducto y en qué punto se está extrayendo ilegalmente, no se logra frenar los piquetes o perforaciones”, lamenta.
Sin embargo, sostiene que ese sistema dejó de operar con rigor desde hace años porque arrojaría evidencia directa de las fugas internas y de los grupos que las permiten.
“Pemex sí sabe dónde están las tomas clandestinas, y no sólo por tecnología, sino porque las comunidades denuncian, los Presidentes Municipales reportan y los ductos llevan décadas perforados en los mismos tramos”.
Plantea que la situación empeoró cuando el robo dejó de limitarse al ducto y pasó al mercado del llamado “huachicol fiscal”: la importación de combustibles sin pagar impuestos y su venta directa en estaciones o flotillas bajo el amparo de permisos privados.
“Eso es un robo. Robo es robo. Están robando a la Nación”, denuncia.
Añade que el volumen de combustibles que la empresa produce, vende o transporta ya no coincide con lo que realmente ingresa.
“Pemex opera refinerías con válvulas sin mantenimiento, hornos al límite, ductos corroídos y redes de distribución vulneradas. Las tomas clandestinas no son hechas por trabajadores de Pemex ni por el sindicato, sino por grupos externos que operan con información interna y con protección de directivos o intermediarios.
“Militarizar la vigilancia y depurar direcciones, aduanas y puertos para cortar las redes que sostienen la ordeña y el robo fiscal es una posible solución, el huachicol debe ser controlado, acabar con él desde la empresa junto con los militares y los navales. Es fácil, porque las tienen localizadas”, remarca.
Afirma que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene un plan para rescatar a Pemex, pero que está rodeada de funcionarios que le ocultan la magnitud real del problema.
“Si se quiere rescatar la industria petrolera, debe comenzar por quienes saben dónde están los ductos, dónde están las fugas, quién las opera y quién las encubre.
“Hoy Pemex está a merced de intereses que crecieron alrededor del huachicol como si fuera una segunda industria paralela dentro de Pemex”, puntualizó.
‘Negocio de huachicol no está
en los piquetes’
Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex de 2012 a 2019, sostiene que el verdadero negocio del huachicol nunca estuvo sólo en los piquetes de ductos, sino en las oficinas, las terminales y los grandes consumidores industriales.
Desde Canadá, donde pelea su extradición, describe un sistema de robo “administrativo” montado dentro y alrededor de Pemex, en el que participaron trabajadores sindicalizados, mandos medios, transportistas y empresas que compraban combustible y crudo por fuera de los canales legales.
“Todo el combustible ahí en Lázaro Cárdenas se lo roban administrativamente”, resume.
Relata cómo detectaron pipas que salían registradas como si fueran a entregar producto y en realidad permanecían dentro, mientras por las noches el combustible se retiraba con otras unidades y facturas falsas.
En Veracruz sus agentes documentaron a un trabajador del sindicato que vendía gasolina en bidones en el estacionamiento de una terminal.
En Salamanca y en Lázaro Cárdenas, dice, agredieron a gerentes que se atrevieron a denunciar.
El esquema alcanzaba a barcos, bocatomas y tanques de almacenamiento.
En el puerto de Veracruz, narra, sus equipos grabaron cómo los operadores simulaban conectar la manguera del buque a la bocatoma de Pemex, pero nunca la acoplaban del todo.
El sistema de medición marcaba una descarga que en realidad no se hacía y el barco se iba prácticamente lleno para vender el crudo en el mercado negro.
Ese modelo se replicó, asegura, con empresas privadas que tenían permisos para extraer petróleo en pozos terrestres y terminaban alimentando una red paralela de venta a cementeras, papeleras y compañías de transporte.
“Quién compra el petróleo robado, la gasolina robada. Muchísima gente. Cementeras, papeleras, maquileras, transportistas” acusa.
Según su versión, en muchas estaciones de servicio se descargaba solo una parte de la pipa y el excedente se revendía a otros gasolineros o a grupos criminales que ya controlaban expendios para lavar dinero.
“Llegaban pipas del sindicato, descargaban el 80 por ciento y el otro 20 se lo llevaban para venderlo por fuera”, describe.
León Trauwitz insiste en que hacia 2017 el volumen sustraído directamente de los ductos era mucho menor que lo que se escurría por facturas y balances alterados.
“Te decían que se habían robado 20 mil o 30 mil barriles al día, pero en los ductos no salían más de mil y tantos. Los demás salían con facturas falsas, alterando los balances, decían que llegaron en el barco y nunca llegaron”, afirma.
El corazón del huachicol, agrega, estaba en las terminales, en la logística y en la contabilidad, no sólo en el Triángulo Rojo de Puebla que acaparó reflectores.
Asegura que esa radiografía del robo de hidrocarburos se discutió al más alto nivel en reuniones semanales en la Torre de Pemex con directores de logística, refinación y exploración y que de ahí salieron proyectos de cámaras aéreas operadas por la Fuerza Aérea, sensores en ductos aéreos y una aplicación para que policías estatales fueran primeros respondientes en tomas clandestinas.
Añade que la ley actual para sancionar el robo de hidrocarburos empezó a redactarse en esas mesas.
“La ley la elaboramos también nosotros, con el equipo jurídico. Había que cerrar huecos para que las autoridades pudieran actuar más rápido”, comenta.
Sin embargo, admite que Seguridad Física de Pemex nunca tuvo facultades plenas para perseguir penalmente a los responsables y dependía de que la entonces PGR quisiera judicializar los casos.
“Pensaban que nosotros teníamos la autoridad para combatir el robo y no la teníamos. Es un delito federal, el encargado de perseguirlo es el fiscal general a través de sus unidades”, reclama.
Ante esa limitación, afirma, decidió llevar su diagnóstico a la oficina de transición en Paseo de la Reforma.
Un par de años más tarde fue acusado en México y sujeto a un proceso de extradición en Canadá.
Desde Vancouver, repite que los tribunales canadienses descartaron que existan pruebas de que haya encabezado una red criminal dedicada al huachicol y que el único delito por el que aún podrían extraditarlo es abuso de confianza por haber aplicado el llamado Plan Casamata, un protocolo para romper válvulas que usaban los huachicoleros.
“Es lo más que me pueden acreditar. No es robo de gasolina ni mucho menos un tema de delincuencia organizada”, afirma.
Mientras espera nueva fecha de audiencia en Canadá, el General asegura que su caso se volvió útil para apuntalar el relato de una guerra frontal contra el huachicol, pese a que el corazón del negocio, el huachicol fiscal, seguía incrustado en las terminales, en las gasolineras y en los grandes consumidores.
“A mí me echaban la culpa, decían que estaban robando a Pemex y yo me ponía las pilas, pero el problema real estaba adentro”, concluye.
Siguen sangrando ductos
A 21 años de haber ingresado a Petróleos Mexicanos, Jorge Salcido, ex superintendente de Operaciones de la Zona Norte para Pemex, a quien le tocó combatir a grupos criminales como Los Zetas en Coahuila, reconoció que dentro de la compañía hay personal que no tiene interés en frenar la ordeña.
Sostuvo que el robo de combustibles en México no sólo nunca se detuvo, sino que creció hasta convertirse en un problema de seguridad nacional, impulsado por corrupción interna, protección política y un esquema militarizado que terminó por desmantelar las capacidades operativas de vigilancia.
“Cuando yo entro en 2004 a Pemex. la recibo con 492 tomas clandestinas a nivel nacional, y en 2010. la dejo en 194 tomas clandestinas”, afirma.
Aquella reducción, explica, fue resultado de operativos diarios a campo abierto, con equipos especializados que caminaban hasta “10-15 kilómetros a pie diario” bajo sol, frío, víboras y amenazas.
“Sería cuestión de que actualizaras ahorita las tomas clandestinas por año, y van de 5 mil a 10 mil para arriba. Qué desgracia para el País que lo sigan sangrando de esta forma”.
Para el ex superintendente la ordeña es estructural y hasta ligada a intereses políticos.
“Una toma clandestina pagaba una campaña política”.
Salcido detalla que durante sus años en Seguridad Física nunca encontró gasolina revendida al pie de carretera, como ahora.
“Jamás encontré un litro de gasolina, era básicamente diesel que los conductores de tráiler le robaban al patrón 20-40 litros. y mira que nos cansamos de hacer operativos”.
La venta de huachicol en carretera ya es un fenómeno generalizado.
Pero lo grave, advierte, vino después: el “huachicol fiscal”, un esquema masivo de importaciones simuladas.
“La triangulación del contrabando que sale como petróleo a Texas y regresa como diesel o como gasolina, esas ya son palabras mayores”.
Hoy, asegura, se trata de una mafia completa entre delincuencia organizada y gasolineros.
“Es un asunto ahorita ya de seguridad nacional”.
La corrupción interna: ex militares, cobros de plazas y convenios opacos.
Uno de los asuntos más graves que advierte el funcionario es la corrupción dentro de Pemex.
“Tomaron la subdirección ahora de logística como una cuota de poder. básicamente contrataban a ex militares ya con su pensión en el Ejército y con un buen sueldo en Pemex, pero sin hacer nada”.
Relata que “tenían ya miedo. y no tenían las fuerzas para aventarse operativos”, pero cobraban doble sueldo.
Acusa que al problema se sumaron mandos militares que desmantelaron Seguridad Física y los convenios para supuestamente resguardar los ductos de Pemex.
“Se paga una cantidad de millones de pesos. y ya después. se siguió pagando, pero los operativos conjuntos ya no se realizaban”.
La vigilancia, dice, fue abandonada con estaciones cerradas y drones perdidos.
Salcido denuncia que, incluso antes de su salida, ya había sabotaje interno.
“Las estaciones de seccionamiento. las tenían con candado. entonces nos pasaban a joder para caminar 300 kilómetros” en búsqueda de variaciones de flujo que podían resolverse en minutos cada 30 kilómetros.
También recuerda la compra de drones de vigilancia cuya historia terminó en opacidad.
“Se compraron para vigilancia de los ductos y. hasta donde supe se los quedó o los sigue operando Sedena o se tiraron, ya no supe qué fin tuvieron”.
Salcido advirtió a sus superiores que Pemex se encaminaba a una crisis profunda.
“En mi tesina de un Diplomado que tomé en la Ciudad de México yo lo puse. que a la larga el problema con Pemex iba a ser un problema de seguridad nacional. incluso no me querían recibir mi tesina porque decía que eso era impensable. Pues lo impensable ya pasó”.
Hoy, tras 25 años de ordeña, corrupción institucional y expansión criminal, Salcido muestra su frustración.
“Es una vergüenza para los que tratamos de poner un granito de arena para que se acabara toda esta monserga, y mira dónde vamos”.
Datos de Pemex documentan tomas clandestinas de ductos al menos desde el año 2000 y hasta 2025, sin que ninguna estrategia haya logrado desarticular el negocio ilícito.
En estos 25 años el fenómeno no reporta freno.
Por el contrario, se reconfiguró territorialmente, abrió nuevos mercados, como el gas LP y el huachicol fiscal en aduanas, y se integró a las finanzas de organizaciones criminales que ya no sólo trafican drogas, sino también combustibles robados.
Bajo los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el huachicol creció de práctica tolerada en comunidades colindantes con ductos a industria delictiva de alto impacto; durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador rompió récord con más de 74 mil tomas clandestinas detectadas, un aumento cercano a 71 por ciento frente a Peña Nieto y 80 veces más que con Fox.
La actual administración de Claudia Sheinbaum arrancó con una ofensiva que presume aseguramientos masivos, más de 39 millones de litros decomisados en los primeros ocho meses, incluidos cargamentos millonarios en Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, pero heredó un delito ya diversificado: el contrabando técnico en aduanas y redes logísticas empresariales mezcladas con funcionarios corruptos.
Un mapa que no se mueve es el corredor Tula-Tlahuelilpan, a pesar de los operativos militares. Los mismos puntos siguen encendidos. Hidalgo continúa como epicentro nacional del huachicol.
Registros de Pemex sistematizados por organizaciones civiles ubican al estado en el primer lugar de tomas clandestinas en 2023 y 2024; sólo en 2024 se contabilizaron alrededor de 2 mil 450 perforaciones en ductos de petrolíferos, muy por encima del resto del país.
Municipios como Tula, Cuautepec, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Ajacuba y Tepetitlán mantienen actividad constante en 2025, sosteniendo al corredor Tula-Tlahuelilpan como el más perforado de México.
Es el mismo cinturón donde, en enero de 2019, la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan dejó 137 personas muertas, tragedia que evidenció la normalización del saqueo y la incapacidad del Estado para contener a multitudes atraídas por el combustible gratuito.
En Veracruz, la franja Tierra Blanca-Omealca-Tres Valles se mantiene activa con repuntes anuales y el Istmo vuelve a figurar con hechos en Jaltipán, Acayucan y Coatzacoalcos, donde confluyen ductos estratégicos y rutas históricas del crimen organizado.
En Puebla prevalece el “Triángulo Rojo”, con municipios como Palmar de Bravo, Tepeaca, Acajete, Acatzingo y Quecholac a la cabeza.
Los datos más recientes ubican de forma recurrente a Hidalgo, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz entre las entidades con más tomas clandestinas del País.
Guanajuato ilustra la mezcla entre crimen organizado y fuerzas del Estado: en mayo de 2025, 11 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos en Apaseo el Alto mientras custodiaban un camión conectado a una toma clandestina; el caso exhibió la penetración del huachicol en cuerpos de seguridad y la importancia del corredor Celaya-Querétaro-Bajío en la economía ilegal del combustible.
En Coahuila, donde históricamente el foco estaba en el trasiego de hidrocarburos por ferrocarril y carrotanques, el Gobierno federal reportó en 2025 uno de sus mayores decomisos: 15 millones de litros asegurados en carrotanques sin documentación, parte de una red vinculada con operaciones similares en Altamira, Tamaulipas.
El robo de gas LP abrió un segundo negocio ilícito permanente: sólo en 2023 se documentaron alrededor de 2 mil 470 perforaciones en ductos de gas LP, y para 2025, entre enero y septiembre se reportan 758 piquetes a gasoductos.
En territorio poblano, los municipios más afectados por el robo de gas LP a Pemex son Tepeaca, San Salvador, Tlahuapan, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.
En Tlaxcala, el problema se presenta principalmente en Calpulalpan, mientras que en el Edomex la ordeña de gas ocurre en Nextlalpan, Tepetlaoxtoc, Polotitlán, Aculco, Jilotepec y Tonanitla.
En esas entidades se atribuye el robo de gas LP a células de La Familia Michoacana y otros grupos locales que supuestamente tienen el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además del Cártel de Santa Rosa de Lima y células locales que operan en el Triángulo Rojo y en los límites de Hidalgo con Querétaro.
Los piquetes los resiente en mayor proporción el gasoducto Cactus-Guadalajara.
Su recorrido principal atraviesa los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, conectando importantes centros de consumo con la fuente de suministro.
