INE pide aplazar elección judicial a 2028; Taddei advierte riesgo operativo y sobrecosto de 21 mil millones
La posibilidad de que la elección judicial federal se aplace hasta 2028 ya dejó de ser una especulación política y se convirtió en una petición formal del Instituto Nacional Electoral (INE) al Poder Legislativo. En un movimiento que exhibe las tensiones técnicas, presupuestales y políticas detrás de la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados, 10 de los 11 consejeros electorales, incluida la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar oficialmente que la elección de jueces, magistrados y ministros no coincida con las elecciones intermedias de 2027.
El encuentro ocurrió con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Ricardo Monreal Ávila, quien recibió de manos del Consejo General un documento técnico donde el árbitro electoral advierte una serie de riesgos “normativos, operativos, logísticos, tecnológicos y presupuestales” si ambas elecciones se realizan el mismo día.
El INE alertó que la concurrencia de ambos procesos podría disparar el gasto electoral hasta los 21 mil millones de pesos, una cifra que incluye alrededor de 8 mil millones únicamente para la elección judicial. En contraste, si la renovación del Poder Judicial se aplaza a 2028 y se realiza por separado, el costo disminuiría a aproximadamente 6 mil millones de pesos, generando un ahorro cercano a los 2 mil millones de pesos, según las proyecciones presentadas por Guadalupe Taddei.
La consejera presidenta sostuvo que el problema no es únicamente financiero. El instituto también ve riesgos severos en la operación territorial de la jornada electoral. Entre ellos destacan la saturación de casillas, la impresión masiva de boletas, la capacitación simultánea de funcionarios, los problemas de espacio físico para instalar urnas y mamparas, así como las dificultades para el conteo y la transmisión de resultados preliminares.
“La simultaneidad afecta la integración de órganos, la capacitación y la distribución de materiales, lo que compromete el desarrollo de la jornada”, advirtieron los consejeros electorales en el análisis entregado a los diputados.
El planteamiento del INE ocurre en medio de las críticas nacionales e internacionales contra la reforma judicial promovida por el oficialismo, la cual plantea que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. Aunque Morena ha defendido la reforma como un ejercicio de “democratización” del Poder Judicial, el instituto electoral ahora reconoce que llevarla a la práctica implicaría uno de los procesos más complejos y costosos en la historia electoral del país.
El tema también tiene una lectura política. La eventual coincidencia entre elecciones judiciales y comicios federales de 2027 podría beneficiar las estructuras partidistas con mayor capacidad territorial y movilización electoral, particularmente Morena y sus aliados. Por ello, dentro del propio oficialismo comenzó a crecer la preocupación sobre la posibilidad de que la elección judicial termine contaminada por prácticas de operación política, movilización corporativa o el uso de los llamados “acordeones”, listas de candidatos promovidas desde grupos políticos.
De hecho, el propio Ricardo Monreal dejó abierta la posibilidad de discutir una reforma constitucional para aplazar la elección judicial y reconoció que la propuesta del INE tiene argumentos sólidos.
El coordinador de Morena adelantó que consultará el planteamiento con los coordinadores parlamentarios y con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos. Además, indicó que el tema podría analizarse en un periodo extraordinario de sesiones.
Los tiempos legales comienzan a presionar. Según explicó Monreal, cualquier modificación constitucional tendría que concretarse antes del próximo 3 de junio, fecha límite para realizar ajustes electorales rumbo al proceso de 2027.
La discusión también coloca a Guadalupe Taddei en una posición delicada. La presidenta del INE, considerada cercana al oficialismo por la oposición desde su llegada al organismo, ahora encabeza una petición que implica modificar uno de los proyectos políticos centrales de Morena: la elección popular del Poder Judicial.
Aunque Taddei evitó confrontar directamente al gobierno federal, sí dejó claro que el INE no está en condiciones óptimas para organizar simultáneamente ambos procesos sin riesgos técnicos ni un incremento multimillonario del gasto público.
El trasfondo del debate exhibe otro problema estructural: el choque entre los tiempos políticos del oficialismo y la capacidad real del sistema electoral mexicano para ejecutar una elección inédita de esta magnitud.
Mientras Morena impulsa la reforma judicial como una bandera política rumbo a 2027, el INE advierte que la organización simultánea podría convertirse en un cuello de botella administrativo y financiero que termine debilitando la confianza ciudadana en ambos procesos.
